martes, 30 de noviembre de 2010

La Jornada. Artículo de Abraham Nuncio sobre Radio TyL

El pelo en la sopa feliz
Abraham Nuncio
La Jornada. 26 de noviembre de 2010.
La radioemisora comunitaria Tierra y Libertad alcanza, con los 20 vatios que le fueron concedidos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), un perímetro de 5 kilómetros y su volumen es apenas audible por la baja frecuencia con que opera. En esta zona habitan trabajadores de la construcción, fabriles, comerciantes en pequeño, prestadores de servicios por lo general no establecidos. Tres generaciones han hecho aquí su vida desde la madrugada del 28 de marzo de 1973, cuando un grupo de 30 jefes de familia liderados por un puñado de universitarios decide invadir un predio al norte de Monterrey buscando satisfacer su urgencia de vivienda. Hacia las cinco de la tarde de ese día el número de aspirantes a colonos había crecido a 900. En corto tiempo llegan a sumar mil 200. Tierra y Libertad, y otras colonias semejantes, si bien menores, se transforman así en el movimiento de colonos precarios más importante de América Latina, al decir de Manuel Castells.
Entre las necesidades de la colonia Tierra y Libertad, una de todos los días era la de comunicación. Pero debieron pasar tres décadas antes de que su organización pensara en una radio comunitaria para resolverla.
En 2002, uno de los dos sectores en que se dividió la colonia a principios de los años 80 gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el permiso para poder difundir sus mensajes. Pasaron meses y años sin que el trámite obtuviera respuesta. Se decidió iniciar las actividades de la radioemisora. El Estado, empeñado en hacer feliz a su pueblo, envió en junio de 2008, sin orden de cateo, una fuerza aparatosa de entre 120 y 150 policías de la Policía Federal Preventiva a que asaltara con gran eficacia la Radio Tierra y Libertad, destruyera y ¿confiscara? parte de su equipo. Como señala Eje central en una nota sobre el tema: Las comparaciones son detestables, pero ilustrativas. Hace casi ocho años un personaje muy ligado a los negocios en Nuevo León se apropió por la fuerza de las instalaciones transmisoras del Canal 40 de la ciudad de México. Aquel delito era ostensible, pero el gobierno federal, lejos de tomar medidas contra Ricardo Salinas Pliego, lo ayudó a adjudicarse esa frecuencia de televisión. Ahora, en Monterrey, un luchador social que ha llevado la radiodifusión al servicio de un movimiento popular se encuentra en riesgo de ir a la cárcel.
Después de siete años, en 2009, el gobierno otorgó el permiso de transmitir a la Radio Comunitaria Tierra y Libertad. Pero, a la vez, el médico Héctor Camero, uno de los líderes de la asociación civil del mismo nombre y dueña de la concesión, era citado para comparecer en torno al desmantelamiento del equipo de la radioemisora en 2008. En el acto se le convirtió de testigo en indiciado de violar el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. A partir de ese momento, la condena de pagar multa y purgar cárcel pende sobre Camero.
La transición regresiva que padece México lo mantiene en la condición de país reglamentario y de normas secundarias y le impide, por tanto, convertirse en un país constitucional –el paso mínimo que los modernizadores no se han atrevido a dar. Los tratados internacionales tienen mayor jerarquía que las leyes secundarias, pero políticos y malos intérpretes de la ley, como son numerosos jueces, no hacen sino lo que cualquier abogado chicanero. El de Radio Tierra y Libertad es un caso elocuente.
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México aportó argumentos y pruebas legales para que le fuera retirada la acusación. Un fundamento esencial de su defensa es el Pacto de San José de Costa Rica, al que México se adhirió en 1981: en su artículo 13 establece específicamente que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Pero no hay que ir demasiado lejos: el artículo 6º constitucional establece con toda claridad que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, con las salvedades que la propia norma fundamental consigna y en cuyas hipótesis no se inscribe la Radio Tierra y Libertad. Esta radio comunitaria se halla bajo el amparo de la garantía de libertad de expresión. Y ya se sabe, las garantías que otorga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. (Es de primaria citar lo que todo mexicano debería saber de memoria, pero el Estado mexicano, hoy, se halla en tal nivel.)
Con todo, el 3 de noviembre el juez quinto de distrito en materia penal ratificó la sentencia, emitida cinco meses antes, y condenó a Camero a dos años de prisión, el pago de una multa mayor a 15 mil pesos y la inhabilitación de sus derechos ciudadanos.
El delito de que se lo acusa es de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. Pero como lo ha dicho el propio Camero, no es una radioemisora con finalidades de lucro. Si lo fuese tendría todo a su favor: desde zalemas hasta sobornos disfrazados de publicidad y otras canonjías que el poder otorga bajo el apotegma de José López Portillo: No pagamos para que nos peguen; ergo, sí –y muy bien– para que nos adulen. El actual Estado capitalista no parece conocer otras reglas en México, y a ellas escapan las radios comunitarias, entre ellas Radio Tierra y Libertad. Escapa, por la misma razón, a la felicidad de Nuevo León, declarado por el optimista escritor de Nacional Geografic Dan Buettner el cuarto lugar más feliz del planeta, después de Dinamarca, San José Obispo, California y Singapur.
Triste condición la que le asigna Buettner a Nuevo León. ¿Se puede ser feliz sin pensar en la suerte, y la muerte, el silencio, la inquisición de los otros?

domingo, 28 de noviembre de 2010

La lucha vs el despotismo burocrático: la Sría. de Salud


200 familias fueron borradas de un plumazo y apesar de ser vecinas inmediatas del Centro de Salud "Tierra y Libertad", fueron enviadas a consultar a 6 o 10 cuadras de distancia.
No importó que el título de su póliza del Seguro Popular anunciara "Tierra y Libertad" como su centro de adscripción; para la burocracia el pueblo debe adaptarse a las necesidades de la institución y no la institución a las necesidades del pueblo.
Cuando las "promotoras voluntarias" que durante años trabajaron sin cobrar para el Centro de Salud quisieron hablar en favor de sus vecinas, se encontraron con que ellas mismas habían sido "jubiladas", claro, sin pensión de por medio. Sus servicios gratuitos ya no eran necesarios y también tenían que ir a consultar al otro centro, donde ni siquiera hay medicamentos para surtir las recetas.
La fiesta de la burocracia siguió cuando pretendieron convencer al Director del Centro de Salud: "Aquí no se arregla nada, son órdenes de arriba", les dijo, como quien recibe órdenes de Dios.
Y para exigir cuentas hasta "arriba" se apoyaron en la Asociación Civil "Tierra y Libertad". Una indignada y masiva comisión se apersonó el viernes 26 de noviembre en las oficinas de la Jurisdicción Núm. 1 de la Secretaría de Salud del Estado, ante el Dr. Héctor Gerardo Garza Rocha, Jefe de dicha Jurisdicción. Rosa Elia Rodríguez, "Rosita", persona invidente, reprochó fuertemente la insensibilidad del aparato burocrático que a ella y a otras personas enfermas las mandaran a consultar lejos sin justificación ni explicación alguna.
Garza Rocha inventó un supuesto acuerdo con dirigentes imposibles de identificar. Para su mala suerte, los vecinos sí estaban ahí, de carne y hueso, para exigirle a coro echar abajo la arbitraria decisión. Finalmente, el Jefe de la Jurisdicción tuvo que aceptar que los vecinos de la Col. Francisco I. Madero sigan siendo atendidos en el Centro de Salud que a pesar de llamarse "Tierra y Libertad", realmente está ubicado en la Col. Francisco I. Madero.
¿Aprenderán los burócratas la lección? Lo dudamos mucho, pero para enfrentar a la burocracia despótica, al pueblo si le conviene aprender los beneficios de su unidad, su lucha y su organización.
Foto: El Jefe de la Jurisdicción 1, ante la protesta de vecinos agremiados a la ACTyL.

viernes, 26 de noviembre de 2010

Castigo penal a radiodifusores es el regreso a la inquisición: Frank La Rue

“Tener una frecuencia no autorizada no puede ser delito”, sostuvo el relator de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Frank La Rue, en la conferencia inaugural de la tercera jornada de la Asamblea Mundial de Radios Comunitarias (AMARC 10).

El relator de la ONU defendió el derecho a comunicar y criticó el castigo penal a radiodifusores. A su juicio, el Estado tiene que regular las comunicaciones de manera equitativa que otorgue garantías a todos los actores.

Por el contrario, "el uso no autorizado de frecuencias se debe a que el Estado no reguló con principios de equidad y justicia", afirmó La Rue. El relator de Naciones Unidas expresó que se busca la "descriminalización de las comunicaciones" a diferencia de lo que pasa en Brasil, Chile o la reciente penalización aprobada en Paraguay.

La Rue criticó que "una frecuencia no autorizada constituya delito". Y agregó que "es una falta administrativa, no un delito, pues se está haciendo un uso público de las frecuencias que son patrimonio de todos".

En este marco, consideró inaceptable que un comunicador en México haya sido sentenciado a dos años de prisión. Las declaraciones se referían a la sentencia contra el director de la radio comunitaria Tierra y Libertad de México, Héctor Camero.

Al respecto, indicó que “es inaceptable que alguien por ejercer la libertad de expresión sea sentenciado penalmente”. Y sentenció que "eso es el regreso a la inquisición de la Edad Media".

Tomado de Púlsar, Agencia Informativa de Amarc-ALC.

domingo, 14 de noviembre de 2010

Una jornada de lucha contra el despotismo burocrático



Con 87 años a cuestas, todo el peso del mundo sintió sobre su cansada espalda doña María Cruz Zúñiga viuda de Sánchez, cuando al solicitar el pago de la pensión por la muerte de su marido en mayo pasado, el empleado del archivo de la Unidad Médica Familiar 28 del IMSS le cerró todos los caminos al anunciarle:
-- Usted no aparece en el archivo, no tiene derecho a pensión alguna.
Doña Crucita no podía creer lo que oía, no podía creer que la hubieran citado sólo para darle esa cruel e inhumana respuesta.
-- Debe haber un error, yo estoy registrada en el Seguro desde 1969, mi esposo nunca dejó de estar asegurado…
-- El muerto tenía asegurada a María Cruz Zúñiga, pero el acta que usted trajo es de Ma. Cruz Zúñiga, son dos personas distintas, ¿me entiende? ¡MARÍA CRUZ tiene derechos, MA. CRUZ no existe aquí, no tiene ningún derecho!
-- Pero señor, aquí me conocen que he consultado por diabetes y por la alta presión durante muchos años, con ese nombre ¿porqué me desconocen ahora?
-- Ya le dije, demuéstrenos que usted es María Cruz para poder atenderla. Vaya al lugar donde nación y no regrese hasta que tenga corregida su acta.
-- Oiga –dijo por fin el hijo que acompañaba a Crucita- ella tiene 87 años, apenas puede moverse… ¿cómo la voy a llevar hasta San Luis? Aparte, nos dicen que este trámite tarda mucho ¡ella no tiene dinero ni la edad para andarse moviendo por un error del que ella no tuvo ninguna culpa!
El empleado se encogió de hombros: --Pues así debe ser según el Reglamento. ¡Que pase el que sigue!
Cuando la AC “Tierra y Libertad” conoció el problema, quiso arreglarlo acudiendo al Delegado Estatal, Ing. Jorge Luis Hinojosa. Hinojosa lo turnó al Jefe de Archivos, quien a su vez lo remitió al archivo de la UMF 28, para quedar donde mismo después de varios meses de vueltas inútiles.
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Manuela Lara es una mujer sola, de la Tercera Edad, quien solicitó la Cancelación de la cláusula de Patrimonio Familiar ante el Registro Público de la propiedad. Pagó los derechos por ese trámite, $168.00. Le dijeron que en 10 días hábiles le entregaban su documento. Cuatro meses después, aún no puede recibir la Cancelación. Es evidente que la discriminación obedece a que ella no puede pagar el aceite de corrupción que acelera los trámites en esa dependencia. La señora Manuela Lara es cardiópata, diabética e hipertensa; tuvo que ser atendida el día de la protesta en la UMF 28 por un severo shock insulínico.
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El miércoles 10 de noviembre unas 60 personas integrantes del Comité de Voluntarios(as) de la AC "Tierra y Libertad" se apersonaron frente al archivo de la UMF 28 del IMSS. En el lugar realizaron una encendida protesta, por el trato inhumano contra Crucita Zúñiga. Ante los ojos incrédulos de decenas de asegurados y derechohabientes, muchos de los cuales manifestaron de diferentes maneras su apoyo a la protesta, directivos y médicos de esa Unidad tuvieron que escuchar los reclamos por la conducta burocrática y soberbia con la que suelen tratar a los pacientes.
El Dr. Arturo De Ävila, Director de esa Unidad, tuvo que hacerse presente cuando arreciaban los gritos de inconformidad. Al convocar al personal del Archivo para explicar el problema, éstos tuvieron que reconocer que “dada su avanzada edad”, podrían aceptar el Acta de nacimiento tal y como está. Y por supuesto, que la anciana puede seguir consultando sin ningún problema. El Dr. De Avila se comprometió a dar seguimiento cercano a los problemas de salud de la comunidad mientras retumbaba la consigna “Doctor Arturo/ déle a Crucita el Seguro”!
Posteriormente, la comisión se trasladó hasta el recién inaugurado Pabellón Ciudadano, donde el grito plebeyo nuevamente se dejó escuchar para denunciar el burocratismo despótico que deja en condiciones de indefensión a las personas de escasos recursos económicos. Con pancartas y coros que voceaban consignas como “La maldita burocracia/ pa’l pobre es otra desgracia!” y “Esperando a De León (el Director del registro) /primero voy al panteón”, los directivos del Registro se comprometieron a entregar los documentos para el martes 16 de este mes.
Los grandes medios de información, como es costumbre, ignoraron estas cotidianas luchas del pueblo, sin importarles que esa despótica burocracia se convierta en hambre y vida miserable para los trabajadores(as) sencillos, aplastados por la explotación y esta otra lacra: la burocracia que como burla se hace llamar “servicio público”.

jueves, 11 de noviembre de 2010

Crece la represión, pero aumentan la solidaridad y el coraje

Cuatro valiosas muestras de la solidaridad local, nacional e internacional en la defensa de las radios comunitarias de México:

RAÚL TREJO DELABRE
Presidente de la Asociación Mexicana del derecho a la Información (AMEDI)
Todos somos Camero
5 de Noviembre
La decisión del gobierno federal para enderezar procesos penales contra promotores de la comunicación comunitaria como el doctor Camero es sumamente grave. No sólo se entorpece el proceso de regularización de esas emisoras, sino además se refuerza una actitud de intolerancia y dureza contra la libertad de expresión.
Este es un episodio dentro de un trayecto que dista de haber concluido, el doctor Camero y su causa podrían ser el detonador de una regularización a fondo en la situación legal de las radios comunitarias. La sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias presentará una apelación a la sentencia penal y por lo pronto gestionará una fianza para garantizar la libertad de Camero. Luego, el asunto podría escalar la pirámide del entramado judicial.
La misma AMARC recordaba hace casi un año que en 2007, cuando declaró inconstitucional la llamada Ley Televisa, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las Leyes Federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones vulneran el ejercicio y acceso al derecho a la libertad de expresión, al no garantizar el acceso equitativo a la diversidad de medios, en especial por lo establecido en el artículo 2 de la carta magna en torno a el acceso de las comunidades indígenas y equiparables, a operar sus propios medios de comunicación”.
Mientras tanto, la solidaridad con el director de la emisora Tierra y Libertad podrá auspiciar no solamente la defensa jurídica de ese dirigente social sino, además, el retorno de esa estación al cuadrante de la radio en Nuevo León. El lema Todos somos Camero se extiende por distintos espacios y redes de comunicación.


ORGANIZACIONES Y ACTIVISTAS DE NUEVO LEÓN:
7 de Noviembre
Las organizaciones que suscriben este boletín consideramos que la condena al señor Héctor Camero es un serio ataque a la libertad de expresión. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó en su informe de 2006 legislar en materia de radiodifusión comunitaria y reservar parte del espectro a las radios comunitarias.
Las trabas administrativas y legales que existen en México representan un serio obstáculo para el acceso libre y ordenado al espectro radioeléctrico, son desproporcionales y tienen el efecto de inhibir el libre ejercicio de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión y a la información.
Las radios comunitarias son generalmente golpeadas por un sistema que no es tolerante a opiniones disidentes ni a la organización y masificación de movimientos democráticos.
Estas organizaciones afirman que el poder punitivo del Estado debe usarse para contener las manifestaciones más violentas que ocurren en la sociedad, no para criminalizar la libertad de expresión, para cerrar radios comunitarias y encarcelar a sus participantes.
Las organizaciones exigimos que esta condena sea revisada por los órganos jurisdiccionales competentes y que la política pública en relación con las concesiones de espectros de radio sea extensa y profundamente revisada con el objeto de evitar que el ejercicio de derechos fundamentales se vea obstaculizado por el Estado y que los ciudadanos sean afectados por condenas desproporcionales como la que hoy nos ocupa.


REPORTEROS SIN FRONTERAS
8 de noviembre de 2010
Representante de Radio Tierra y Libertad en Monterrey, estado de Nuevo León, Héctor Camero fue notificado el 3 de noviembre de 2010 de su sentencia a una pena de dos años de prisión y a una multa de 15 mil pesos (unos 900 euros) por el delito “de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa”. Esta condena constituye otro duro golpe a las radios comunitarias mexicanas después del dersmantelamiento de Radio Proletaria en el estado de Chiapas, el 12 de octubre pasado. Desde todos los ángulos esta decisión es absurda y peligrosa. ¿Por qué condenar a Héctor Camero por ese motivo si tras siete años de espera, se otorgó legalmente una licencia de difusión a Radio Tierra y Libertad?
La condena de Héctor Camero, así como el desmantelamiento de Radio Proletaria y la criminalización de otras radios comunitarias, contradicen completamente la intención de garantizar la seguridad profesional a los periodistas en general. No podemos a la vez obstaculizar la libertad de expresión y querer proteger a los profesionales de los medios de comunicación.


CUMBRE CONTINENTAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA
9 de Noviembre de 2010
Franco Gabriel Hernández / AIPIN
Popayán, Colombia. A las nueve de la mañana la plazuela del Puente del Humilladero de la ciudad colombiana de Popayán se llenó de colores con los diversos trajes de los periodistas indígenas de más de 24 países, de 79 nacionalidades y más de 200 organizaciones indígenas, reunidos aquí para realizar la ceremonia de inauguración de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del ABYA YALA.
Un momento importante fue el saludo que dirigentes de organizaciones indígenas de comunicación hicieron al pueblo colombiano, especialmente a los indígenas de este país, a sus organizaciones indígenas, principalmente a los miembros de Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que son los anfitriones de esta Cumbre.
El representante de México pidió a los asistentes de la Cumbre que se pronunciaran enérgicamente contra los asesinatos y encarcelamientos que han sufrido comunicadores indígenas y citó los casos de Héctor Camero de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey que ha sido notificado de la sentencia en su contra por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa, motivo por el cual se le otorga una pena de dos años de prisión y una multa mayor a 15 mil pesos (mil trescientos dólares), aún cuando desde el 2002 tramitó su solicitud de permiso y no obtuvo respuesta hasta el 2009, año en que le fue otorgado la autorización.
Igualmente fue señalado el caso de las comunicadoras indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez de la radio de San Juan Copala, Oaxaca, “La Voz que Rompe el Silencio” y de Bety Cariño, cuyos asesinatos no han sido castigados porque no ha habido justicia contra este tipo de crímenes en la entidad donde sucedieron los hechos.
También pidió que se paren los actos gubernamentales de cierre de radios indígenas y comunitarias en México. Puso de ejemplos los casos de Radio Ñomnda La Palabra de Agua de Xochixtlahuaca, Guerrero y La Rabiosa en Huajuapan de León, Oaxaca.

lunes, 8 de noviembre de 2010

Ministeriales levantan y encadenan a 24 trabajadores por robo de celular


Tomado de "Luchar y Vencer", del Comité de Resistencia Clasista.

Detienen a 24 trabajadores por robo de 1800 pesos
Una historia de tantas en Monterrey:
1.- Se pierde un celular en el Carwash Xtrem en Gan Nicolás de los Garza, Nuevo León. Valorado en 1800 pesos, la presunta dueña reclama y pone una denuncia por robo.
2. Aplicando la ley, es decir, la injusticia del mas poderoso sobre el mas débil, la mujer con muchas influencias logra que agentes ministeriales detengan a TODOS los empleados del lugar, sin mayor prueba que su dicho (con todo y que era domingo).
3. La burguesía no entiende de solidaridad, sino de fuerza. Esto lo demostró la policía ministerial, al exigirle al dueño del carwash y los familiares 75 mil pesos a cambio de nada mas y nada menos: LA LIBERTAD DE LOS 24 TRABAJADORES (6 de ellos menores de edad, por cierto…)
4. Tras hacerse publico el escándalo, se negocia la libertad en 6 mil pesos por todos, y la vida vuelve a la normalidad.
Un día más en la vida de los trabajadores de N.L. y del país: Ministeriales secuestradores, de los mismos que de noche andan de zetas o con la contra, levantando, extorsionando, torturando y ejecutando. Trafico de influencias, la ley es siempre del mas poderoso. Y para los trabajadores: robo, secuestro “legalizado”, y “seguridad” laboral. Vaya mierda…
En Monterrey es muy claro, peor que zeta, sicario y demás, lo peor, lo mas pinche, lo fuera de la ley, lo que el gobierno persigue y castiga… es ser trabajador.

Esta nota de "Luchar y Vencer" es una buena muestra de cómo una noticia puede convertirse en una denuncia, un manifiesto de protesta sobre los abusos cometidos contra humildes trabajadores.
La prensa burguesa finalizó este episodio de brutal humillación con una burla: estos trabajadores, que merecían una indemnización y una disculpa pública por parte de las autoridades, fueron liberados "gracias a que la acusadora los perdonó" a cambio de recibir el triple de indemnización.
El otro atropello que viven diariamente estos trabajadores y que nunca va a aparecer en los medios del Capital, lo sufren en el propio centro de trabajo. Usted los puede ver ahí, en Barragán al norte de F. Velázquez, trabajando jornadas semanales de 72 HORAS: 12 horas diarias por un míserable salario.

viernes, 5 de noviembre de 2010

Palabras de agradecimiento de la AC "Tierra y Libertad" y su Radio Comunitaria


Estimadas amigas y amigos, reciban nuestro más profundo agradecimiento por las múltiples expresiones de solidaridad con que nos han cobijado. Estamos coordinando los pasos a seguir con AMARC, pero en este momento les pedimos que no se alarmen. La sentencia de 2 años de prisión para Héctor Camero permite la libertad con fianza, sólo que la comunidad rechaza que en la defensa del derecho a la libertad de expresión, uno de sus miembros quede fichado como delincuente, inhabilitado en sus derechos civiles y políticos, así sea considerado "de baja peligrosidad".
Por otra parte, se sienta un nefasto precedente, al dejar de aplicarse la de por sí injusta Ley Federal de Radio y TV, por un garrote mayor: la Ley General de Bienes Nacionales, que a la requisa del equipo y la multa agrega pena de cárcel. En adelante, las luchas no serían por el permiso o por el rescate de los modestos equipos, sino por sufrir no 12, sino "sólo" 2 años de cárcel. El Estado mexicano burla sus compromisos internacionales sobre el respeto a la Libertad de Expresión. Primero, niega el derecho de las Radios comunitarias a existir, luego nos castiga por buscar existir sin su permiso.
Las iniciativas de Ximena y Cadhac y de Cactus y Frontera Cero son, en este contexto, no sólo una inapreciable muestra de solidaridad hacia nuestro caso, sino un apoyo indispensable para el movimiento de las radios comunitarias del país. Lo triste no serían las condenas, previsibles, sino el silencio y la desmoralización. ¡Gracias por no permitirlo!
Los pasos que se prevén son: apelación al Tribunal Unitario de Circuito y si éste confirma la sentencia del Juez, demanda de amparo ante la Suprema Corte. Y aún si ésta fallara en contra, el caso se llevaría hasta la Corte Interamericana, cuyos criterios sobre el tema de la Libertad de Expresión son precisamente el fundamento de la defensa por parte de AMARC.
En este proceso, hemos obtenido un importante avance con la obtención del Título de permiso para la Radio comunitaria, pero el gobierno no admite triunfos completos para una lucha popular. Costará un poco más, pero es necesario demostrar que quienes defendemos la Libertad de Expresión del pueblo sencillo, no somos delincuentes. Es la mejor manera de honrar a quienes hace 100 años murieron exigiendo este derecho.

miércoles, 3 de noviembre de 2010

SENTENCIAN A DOS AÑOS DE PRISIÓN A INTEGRANTE DE LA RADIO COMUNITARIA TIERRA Y LIBERTAD.

México, D.F., a 3 de noviembre de 2010.- El día de hoy Héctor Camero, integrante de la Radio Comunitaria Tierra y Libertad, fue notificado de la sentencia en su contra por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa.
En su resolución, el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, haciendo uso del artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, establece una pena de dos años de prisión, multa mayor a 15 mil pesos e inhabilitación de los derechos civiles y políticos de Héctor Camero.
Este proceso penal contra Camero se inició en 2008 a raíz del operativo para desmantelar y asegurar el equipo de transmisión de Radio Tierra y Libertad, dicho cierre fue realizado por más de 120 elementos de la Policía Federal Preventiva, con uso excesivo de la fuerza pública y violentando las garantías del debido proceso legal.
En su momento, diversas organizaciones solicitaron el cese del proceso penal al considerarlo plagado de irregularidades, recordemos que en un inicio el Héctor Camero fungía como testigo del caso y drásticamente el Ministerio Público, sin aportar nuevos elementos, cambió su calidad a la de indiciado.
A pesar de todos los insumos probatorios y argumentativos que la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC-Mx) proporcionó para que Héctor Camero fuese absuelto, por no haber delito que perseguir, el juez penal federal optó por dictar una sentencia que se aparta de las recomendaciones formuladas por diversos organismos internacionales.
La AMARC-Mx condena está decisión y apelará la sentencia del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, en defensa del ejercicio de la libertad de expresión consagrado por el artículo 6° de la Constitución Mexicana.
La asociación le recuerda al Estado Mexicano lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que es fundamental que los Estados no hagan un uso desproporcionado del derecho sancionador en asuntos relacionados con el derecho a la libertad de expresión y, en este sentido, resulta urgente que los marcos jurídicos se adecuen a los estándares interamericanos en materia de igualdad y no discriminación.
Con esta sentencia se demuestra, una vez más, la urgente necesidad de un marco normativo que reconozca las características propias de las radios comunitarias y que sea apegado a los estándares internacionales de la materia, estableciendo un proceso claro que les brinde certeza jurídica.
Es importante resaltar que Radio Tierra y Libertad desde el año 2002 tramitó su solicitud de permiso y no obtuvo respuesta sino hasta el año 2009 en que le fue otorgado, mostrando así su ánimo de legalidad y cumplimiento con el marco normativo existente.
El proyecto Radio Tierra y Libertad inició para dar voz a los habitantes de la colonia Tierra y Libertad, constituida principalmente por trabajadores/as de las fábricas de Monterrey. Esta radio es la única en la región que toca temas vinculados con la problemática cotidiana de los pobladores. Aborda, desde diversos aspectos, los derechos humanos laborales y la seguridad en el trabajo, educación, salud, cultura, género e igualdad, desde el punto de vista de las comunidades obrero- marginales de Monterrey.
Nota:
Para mayor información sobre el caso de Héctor Cámero y la Radio Comunitaria Tierra y Libertad pueden consulta el documento base en: http://www.amarcmexico.org/radiosagredidas/3007.html

Datos de Contacto:
Maria Eugenia Chávez
Coordinadora de la Oficina de AMARC Mx
Tel. 5672-4961
Correo: coordinacion.oficina@amarcmexico.org