martes, 31 de mayo de 2011

Magistrado de Circuito confirma sentencia contra comunicador de Radio TyL

Poder Judicial continúa política de represión contra radios comunitarias
Solicita Amarc-México a la SCJN que atraiga el caso y sea éste analizado a la luz de los Derechos Humanos

México, D.F., a 28 de mayo de 2011: El pasado 25 de mayo de 2011 el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, a cargo del Magistrado Luis Claudio Pérez Hernández, emitió resolución donde confirma la sentencia dictada por el Juez Quinto de Distrito contra Héctor Camero, director de la Radio Comunitaria Tierra y Libertad, que contempla una pena de dos años de prisión y una multa de $15, 777, aproximadamente 1360 dls americanos, así como inhabilitación de sus derechos civiles y políticos.
El presente proceso penal inicia desde el año 2008 cuando más de 100 elementos de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) irrumpieron en las instalaciones de la emisora comunitaria, mediante uso abusivo de la fuerza y sin mostrar orden de cateo firmada por autoridad judicial, sustrajeron los enseres de la radio y el equipo transmisor. Las autoridades dejaron un citatorio para que el Doctor Camero acudiera en calidad de testigo a la delegación de la PGR correspondiente, sin embargo durante el avance del proceso penal la calidad de testigo fue drásticamente cambiada a la de indiciado sin que mediara razón alguna.
Durante el curso del proceso, el 12 de junio de 2009 el Juez Quinto de Distrito en materia penal en el Estado de Nuevo León emitió orden de aprehensión en contra de Héctor Camero Haro dentro de la causa penal 85/2009 por el delito contenido en el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Y el 3 de noviembre del mismo año, el señalado juzgador, dictó sentencia condenatoria en los términos ya expuestos.
A pesar de que la defensa legal durante todo el proceso penal ha vertido argumentos tendientes a demostrar que el uso del derecho penal es una medida desproporcionada que inhibe el ejercicio de la libertad de expresión y contraría los estándares internacionales de derecho humanos emitidos por diversos organismos y, además, que la justicia debe velar por un valor supremo como lo es el derecho a la libre expresión, estos fueron ignorados por los juzgadores, y concretamente el Magistrado Luis Claudio Pérez Hernández al momento de emitir su resolución.
Es pertinente recordar que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe publicado en el presente mes de mayo, ha señalado la función fundamental de la radiodifusión comunitaria, haciendo un llamado al Estado Mexicano para que reconozca su particular existencia, calificando el inicio de procesos penales en contra de los comunicadores comunitarios como desproporcionados.
Si bien, el señor Camero tiene el beneficio a una condena condicional no es menos verdad que este tipo de procesos penales está enfocado a inhibir el legítimo ejercicio de la libertad de las voces menos favorecidas, el Estado está actuando de manera parcial al responder únicamente a los intereses de los concesionarios[1] y negarse a cumplir con las diversas recomendaciones emitidas por diversos organismo internacionales emitiendo una reglamentación que permita el acceso incluyente a las frecuencias del espectro radioeléctrico, bien de la nación por excelencia.
Así mismo, la radio y la comunidad Tierra y Libertad han tenido en todo momento un ánimo de legalidad, pues desde el año 2002 han solicitado un permiso de transmisión y fue hasta el año 2009 que lo obtuvieron, después de múltiples gestiones.

AMARC-Mx hace un llamado a la SCJN para que atraiga el caso y este sea analizado a la luz de los derechos humanos y el bien común; y en consecuencia quede absuelto el Doctor Camero de todos los cargos.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Ver CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. INFORME ANUAL DE LA RELATORÍA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 2010. OEA/Ser.L/V/II Parr. 766: El ejercicio de la acción penal en contra de este tipo de estaciones, no es competencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, sino que corresponde a la Procuraduría General de la República, quien las lleva a cabo en base a las denuncias que le son presentadas por algunos concesionarios de estaciones de radiodifusión que son afectados por la operación de las mismas.

Gisela Martínez
Jurídico de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México.
AMARC-Mx

sábado, 28 de mayo de 2011

Clasista y degradante el castigo penal a los adolescentes en Chihuahua

Gobierno de Duarte, un adelanto de lo que espera al país si el PRI gana la presidencia.

“La condena de 15 años de cárcel a un adolescente en Chihuahua gracias a la reforma penal que permite que se castigue a los menores de 14 años en adelante involucrados en delitos ‘de alto impacto social’ como secuestro, extorsión y homicidio revela un criterio clasista y degradante, que al cabo de unos años se revertirá como una verdadera catástrofe social, puesto que las cárceles de la sociedad capitalista no permiten la readaptación de los jóvenes, son verdaderas escuelas del crimen” dijo Ignacio Staines, médico y asesor de la AC “Tierra y Libertad” en el programa “Sin pelos en la lengua” de la radio comunitaria Radio Tierra y Libertad.
“Clasista y degradante, dijo Staines porque juzgan lo que el acusado hizo y no porqué lo hizo, y en este porqué están precisamente todas las condiciones que han llevado a estos adolescentes al camino de la delincuencia: la miseria, la familia desintegrada, la pésima educación que en nada influye para abatir los índices de criminalidad, factores de los que el menos culpable es el niño convertido en criminal por el sistema social que primero lo abandona a su suerte y luego lo condena con toda severidad”.
Si las cárceles castigan más a la pobreza que al delito, al juzgar a los adolescentes como si fueran adultos, como si hubieran nacido criminales, el régimen profundiza la injusticia y confirma su incapacidad para solucionar este lacerante problema.
La solución no puede estar en manos de quienes buscan mantener esta sociedad de desigualdad, sólo puede venir del propio pueblo interesado en erradicar las causas últimas de la violencia que se alimenta reclutando a los jóvenes abandonados pos sus padres, por los maestros y por el gobierno; abandonados por un régimen cuya prioridad es la inversión en obras públicas para el desarrollo capitalista (puentes, carreteras, puertos, etc.) y no en la educación de calidad y gratuita que proteja y forme jóvenes sanos de cuerpo y mente desde la niñez más temprana hasta completar su mayoría de edad con alternativas de cultura, deporte y pleno empleo; como estas condiciones no las puede brindar el actual régimen socioeconómico, el pueblo tendrá que levantar la vista y darse cuenta que este es el gran obstáculo que hay que erradicar del camino.
Otra iniciativa del gobernador de Chihuahua César Duarte ha sido la ocurrencia de proponer para los jóvenes a quienes él llama ninis, el cumplimiento de tres años enrolados en el ejército, cambiando el nombre de esta moderna leva por el de “servicio a la comunidad”. Duarte, quien tan duro se porta contra los jóvenes de su Estado, es incapaz en cambio de reclamar a los imperialistas gringos con quienes Chihuahua tiene una larga frontera, la calidad de cómplices de la violencia que desangra al estado y al país, al no poder controlar la entrada de droga hacia su enorme población adicta, ni el contrabando de armas hacia los diferentes grupos de la delincuencia en México.
“En fin, César Duarte Jáquez, represor de la niñez chihuahuense y modelo en este aspecto de gobernadores como Rodrigo Medina que han manifestado su intención de reducir la edad penal, es el lamentable adelanto de lo que le espera al país si vuelve el PRI a la presidencia”, concluyó Staines.

lunes, 23 de mayo de 2011

Sobre la "Semana de seguridad e Higiene Industrial": ¡Basta de farsas!


Sobre la “Semana de Seguridad e Higiene del Trabajo”:
¡Ya basta de farsas: alto a los asesinatos y crímenes laborales!

Ha pasado un año desde que tuvo lugar la Semana de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de entonces para acá lo único que hicieron la delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Lic. Fanny Arellanes, el delegado del IMSS, Ing. Jorge Hinojosa, y el Secretario del Trabajo, Lic.Pedro Pablo Treviño, fue presumir que habían organizado la capacitación de 100 trabajadores para la prevención de “accidentes” en la industria de la construcción.
Pero esto no sirve de nada ya que estos trabajadores SON EMPLEADOS DE CONFIANZA de las empresas capitalistas de la construcción, NO SON INSPECTORES de la Secretaría del Trabajo local o federal y desde luego van a rendir cuentas a sus patrones no al Gobierno que tiene la obligación de supervisar que los capitalistas cumplan sus obligaciones legales con relación a la seguridad e higiene en el trabajo. El número de inspectores de trabajo sigue siendo prácticamente el mismo que el año pasado: poco más de 25 ¡para MAS DE 50 MIL empresas que hay en el Estado! Por eso los crímenes y asesinatos industriales siguen no sólo aquí en Nuevo León, sino en todo el país.

Los obreros de la construcción siguen siendo de los más afectados por la negligencia patronal y de los funcionarios públicos, pues en esta industria no existen ni siquiera las comisiones mixtas de seguridad e higiene; un elevado porcentaje de los esclavos asalariados de la obra no están dados de alta en el IMSS; laboran sin ningún tipo de protección personal; siguen sin ser instruidos y capacitados en la prevención de riesgos (por eso los trabajadores que son asesinados o sufren graves lesiones son los jóvenes de entre 25 y 29 años, con una antigüedad en el puesto de uno a 4 años), etc. etc. Además, los datos de “accidentes” son ocultados por los patrones, por lo que en realidad los datos que da a conocer el IMSS sobre los homicidios laborales son mucho menores que los reales.

Para que esta semana de seguridad no sea una farsa, los funcionarios públicos, encabezados por el primer responsable del Estado, el Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, debían de anunciar medidas como:

1. Aumentar a 200 el número de inspectores del trabajo.
2. Reforma penal para castigar con cárcel a los patrones y funcionarios negligentes, así como la obligación patronal de pagar fuertes indemnizaciones a las víctimas de su negligencia.
3. Constituir las comisiones mixtas de seguridad e higiene en todos los centros de explotación laboral.
4. Cursos obligados de capacitación y formación continua sobre prevención.
5. Anuncios de prevención de riesgos en las horas de más audiencia en la TV.
6. Listado público de los capitalistas y de las empresas más criminales.
7. Que todo trabajador siniestrado en un centro laboral sea trasladado automáticamente a los hospitales del IMSS, aunque no estén dados de alta.
8. Elaboración de una Ley de Prevención de Riesgos, como en Europa.

Invitamos a los trabajadores sindicalizados y personas progresistas que asisten a este evento a que no se dejen engañar con esta farsa anual, que se solidaricen con los trabajadores de la construcción y con todos aquellos que no tienen sindicatos y exijan al Gobierno y a los patrones el cumplimiento de estas medidas que, de aplicarse, evitarían muchos asesinatos y crímenes laborales.
23 de mayo de 2011

Atentamente Por la Asociación Civil “Tierra y Libertad”:
Alicia de León Espinoza, Secretaria General
Por el Partido Obrero Rojo (sin registro legal): Gilfredo Verdugo Corral
Secretario General pordemexico@yahoo.com