martes, 25 de noviembre de 2014
Comunicado en relación a los asesinatos de estudiantes en Ayotzinapa
¡Proletarios de
todos los países y pueblos oprimidos, uníos!
Mty, N.L.; a 20
de noviembre de 2014.
COMUNICADO DEL PARTIDO OBRERO ROJO EN RELACIÓN A LOS ASESINATOS DE
ESTUDIANTES NORMALISTAS DE AYOTZINAPA
Considerando:
1.- Que el secuestro,
desaparición forzada y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, Guerrero,
fue y es un bárbaro crimen del Estado capitalista mexicano y una continuación
de la política represiva de los Gobiernos municipal, estatal y federal en
contra, no sólo de los estudiantes de Ayotzinapa, sino de todo el pueblo de
Guerrero, uno de los más pobres del país;
2.- Que la inseguridad que sufre
el pueblo de Guerrero a manos de los cuerpos oficiales del Estado (policías
municipales, estatales, federales, el ejército y la marina) y de las bandas
armadas de narcotraficantes, así como del sistema judicial corrupto, ha
obligado a parte de la población a organizar sus propias fuerzas armadas
populares, organizadas en la Coordinadora Regional de Policías Comunitarias
para mantener la seguridad pública en sus territorios;
3.- Que la pobreza que sufre el
pueblo de Guerrero, una de las más crudas del país sólo después de Chiapas y
Oaxaca, es producto del régimen capitalista que predomina en México, en donde
la clase dominante lo constituye la
burguesía nacional en su conjunto, quien ejerce su dominación a través
del Estado, gobernado a nivel federal por uno de sus partidos, el PRI, y a nivel
local y municipal por el PRI y otros como son el PAN, el PRD, la Nueva Alianza,
el Verde, el PT, el Movimiento Ciudadano y próximamente Morena y otras yerbas),
principalmente a través del engaño, la hipocresía y la falsedad, aunque por
supuesto, sostenido en su columna vertebral que es el ejército regular y en la
policía, que es el ejército de las ciudades, los cuales utiliza cuando le es
necesario, es decir, cuando el engaño, la hipocresía y la falsedad no fueron
convincentes, efectivos o suficientes para contener al pueblo trabajador;
4.- Que en el Estado de Guerrero
se concentra una parte importante de los pueblos originarios, los cuales han
padecido por más de quinientos años el exterminio, el saqueo, la explotación,
la opresión, la pobreza, la discriminación, el desprecio, etc. en mucho mayor
proporción que la población blanca o mestiza pobre, y que los estudiantes
normalistas de Ayotzinapa son parte de la población indígena, con quienes la
sociedad mexicana tiene un deuda histórica que debe y puede ser pagada ya;
5.- Que la lucha popular en
Guerrero, incluyendo la lucha estudiantil ligada al pueblo, se ha ido
intensificando y diversificando ante el agravamiento de la situación de las
clases trabajadoras pobres, sobre todo de obreros y campesinos indígenas en
todos los aspectos: económicos, sociales, políticos y militares;
6.- Que parte de la pequeña
burguesía acomodada y de las capas medias de la burguesía guerrerense están
inconformes, descontentas por el clima de inseguridad y de terror que viven en
el estado y exigen, anhelan un cambio dramático en el aspecto de la seguridad,
pero también en el aspecto económico, pues su situación privilegiada se ve
amenazada debido al desarrollo y crecimiento capitalista, que implica una mayor
concentración y centralización de capitales y por lo tanto, la ruina de los
capitalistas pequeños y medianos;
7.- Que lo que sucede en Guerrero
no es exclusivo de esta parte del país, sino que la situación es básicamente la
misma en todo México y por eso, el salvaje crimen en contra de los estudiantes
normalistas indignó profundamente a la enorme mayoría de la población pobre, y
también a la intelectualidad burguesa y pequeñoburguesa que representa la
ideología e intereses políticos y económicos de la parte más débil de la
burguesía nacional (burguesía pequeña y mediana, no monopolista) con relación a
los grandes capitalistas nacionales y extranjeros y que ahora tienen (la
burguesía no monopolista) menos influencia en el Estado y quiere recuperarla
para sus propios fines egoístas;
8.- Que lo sucedido en Guerrero
refrendó y ahondó el gran desprestigio internacional que tiene México en lo que
se refiere al respeto de los derechos humanos y de las libertades democráticas,
aislándolo aún más en este tema en los organismos mundiales, principalmente en
la ONU;
9.- Que la clase obrera
consciente, cuya expresión teórica son
los comunistas, en todo momento debe luchar contra las tendencias burguesas y
pequeñoburguesas dentro del movimiento obrero y popular, que desvían o intentan
desviar dicho movimiento, de su verdadero objetivo: la revolución política y social proletaria, única manera de
resolver los graves problemas económicos, políticos y sociales que sufre la
gran mayoría de la población;
10.- Que los comunistas y las
personas democráticas consecuentes y progresistas debemos aprovechar este
clamor del pueblo mexicano y de los pueblos del mundo de justicia por lo sucedido los días 26 y 27
de septiembre en Iguala de la Independencia, en Guerrero, para impulsar y
profundizar la lucha por la más amplia democracia y por el poder popular en
México;
11.- Que el Estado, cuya
administración principal está en manos
del gobierno federal encabezado por el Presidente Enrique Peña Neto, ha
pasado de mantener la esperanza de que los normalistas secuestrados estaban vivos,
como una manifestación concreta de su política general de engaños, hipocresía y
falsedad hacia la población con el fin de hacerle creer que se preocupaba por
la vida de los estudiantes asesinados, así como de evadir toda responsabilidad
por este asesinato masivo, ahora ha pasado a la política de reconocer que ya
están muertos y empieza a hablar o a difundir el rumor de indemnizar a los
familiares de las víctimas, con el fin de dar por terminado el asunto,
echándole tierra como los gatos y ofrecer migajas
como indemnización;
12.- Que un movimiento
democrático y/o revolucionario, para desarrollarse y triunfar, debe basarse en
la verdad de los hechos, por dolorosos que éstos sean;
13. Que la consigna “vivos se los
llevaron, vivos los queremos” no
refleja la verdad de las cosas, sino que abriga la falsa ilusión de que
los estudiantes están vivos, le quita contundencia, firmeza y dureza a la
acusación de asesinato por parte del Narco-Estado, además de que facilita que
el Estado se lave las manos en cuanto a su responsabilidad.
14.- Que, hasta ahora no se ha
exigido una indemnización al Estado para las y los familiares de las víctimas,
cosa que debiera ser como parte de la justicia que se busca ya que ésta no sólo
debe consistir en castigar con severidad, con cárcel, a todos los culpables
intelectuales y materiales, sino también en una reparación de daños y pago de
perjuicios, que desde luego no le devuelve la vida a las víctimas, pero sí hará
más llevadera la situación de sus familiares, además obliga al Estado-gobierno
a reconocer que fue él quien los mató y para que no vuelva a hacerlo.
15.- Que el asesinato de los
estudiantes normalistas es solamente una de las tantas injusticias,
arbitrariedades, atropellos que cometen los capitalistas y su estado en contra del
pueblo trabajador sencillo;
Resolvemos:
1.- Condenar enérgicamente el
secuestro, desaparición y asesinato masivo de estudiantes luchadores
democráticos y socialistas perpetrado por el Estado capitalista mexicano,
exigiendo:
a) Encontrar sus restos mortales.
b) Castigo severo para los
autores intelectuales y materiales de este atroz secuestro, desaparición y
homicidio;
c) Una indemnización ejemplar
para las y los familiares de las víctimas, como una parte integral de la
justicia exigida, consistente en por lo menos en cinco millones de pesos como
base por cada uno de los estudiantes
asesinados, además de una pensión mensual del equivalente a un ingreso
medio de un maestro de primaria de Nuevo León a los padres, hasta su muerte; a
sus esposas (hasta casarse) y/o a sus hijos (hasta la mayoría de edad o hasta
terminar una carrera universitaria); una casa decente (con servicios, tres
recámaras, dos baños, etc.).
3.- No andarse por las ramas y
difundir la verdad de las cosas, es decir, que los 43 normalistas secuestrados
y desaparecidos, ya están muertos, victimados bárbaramente, asesinados por el Estado capitalista mexicano
y partir de esta dolorosa verdad para combatir a este enemigo mortal del
proletariado y del pueblo trabajador mexicano en general;
4.- Propagar entre el pueblo
trabajador que solamente echando abajo al Estado y gobiernos capitalistas
burgueses, en sus variadas presentaciones, sustituyéndolos por un Estado y
Gobiernos de la clase obrera y de los campesinos pobres, instaurando la democracia para los explotados y la
dictadura sobre los explotadores y sus lacayos, es decir, estableciendo
la dictadura democrática de obreros y campesinos pobres, se podrán tomar todas
las medidas económicas, políticas y
sociales para cambiar radicalmente el país en favor de los desposeídos, de los
desheredados, de los explotados, construyendo así el socialismo proletario.
5.- Que hasta en tanto se
acumulen las fuerzas necesarias y suficientes para realizar esta revolución
política, económica y social, exigir de manera inmediata, que para resolver el
grave problema de la inseguridad pública se creen, por Ley, las milicias populares, basadas en
el servicio social obligatorio de
todos los ciudadanos de 18 a 60 años
de edad por una semana o quince días al año, servicio que deberá ser pagado por
los patrones capitalistas o el estado, cuando se trate de empleados del Estado
o de desocupados o bien por los propios servidores cuando se trate de
trabajadores por su cuenta.
6.- Mientras se consigue la
aprobación de esta Ley, impulsar la creación y desarrollo de milicias populares
en aquellos lugares en las condiciones se presten, como es el ejemplo en los
pueblos de Guerrero;
7.- Hermanar esta lucha por la
justicia para los estudiantes asesinados con la lucha de otras clases y grupos
de la sociedad, explotados y/u oprimidos por el capital, como son los obreros,
los campesinos pobres, y los indígenas, entre otros-
8.- Combatir, dentro del
movimiento popular en demanda de justicia por el salvaje crimen cometido por el
Estado burgués mexicano, las tendencias ESPONTANEÍSTAS
IZQUIERDISTAS (saqueo de bienes públicos y/o privados, sin necesidad) y ESPONTANEÍSTAS DE DERECHA (rezos,
etc.), pues tanto una como otra dañan severamente el movimiento.
Por el Partido Obrero
Rojo
Gilfredo Verdugo Corral
Secretario General
domingo, 12 de octubre de 2014
Dos cruzados de Televisa en guerra santa contra los medios sociales
Javier Orozco Gómez y Javier
Tejado Dondé, ambos funcionarios, voceros, editorialistas y representantes de
Televisa, aplican firmemente en sus tareas al servicio de la empresa, la
enseñanza goebbeliana de que “una mentira repetida mil veces, se hace verdad”,
y aquella otra de “mientras más grande sea la mentira, más fácil es de creer”.
Y usan con dedicación estas primitivas pero efectivas técnicas de periodismo
fascista, para atacar a las radios indígenas y comunitarias.
El mes pasado, Javier Orozco
publicó una columna (“Un Ifetel de
altibajos”, 16/Sept/14) en los muchos diarios a disposición de la empresa de la
cual es alto empleado, con sus ya aburridas acusaciones contra estas radios de “clandestinas”, “chantajistas”, “chavistas”, etc., pero en
realidad su alegato principal fue establecer una clara separación al interior
de los medios sociales: la vieja, pero siempre útil, consigna: “Divide y
vencerás”. Las radios indígenas, avala Orozco,
son buenas y es bueno que la Constitución sea “benevolente” con ellas. ¡Ah,
pero las radios comunitarias –denuncia el mismo- están utilizando a las
indígenas, y si han logrado inmiscuirse en la reforma, no es para cumplir una
función social, sino con perversos fines políticos!
Por su parte, Tejado Dondé
publicó otro editorial (El PRD entrando al “negocio” de la radio”, 7/oct/14) cuya
esencia es colocar a los medios de uso social como meros instrumentos al servicio de los futuros
negocios y de la estrategia electoral del PRD. ¿Pruebas? Su palabra de alto
funcionario de Televisa; eso y la credulidad del público, bastan para él. Y de
ahí desprende la descalificación de cualquier intento por impugnar la ley de
Radiodifusión y telecomunicaciones por sus múltiples violaciones y
discriminación a los medios sociales.
Así de burda es la cruzada del
dueto de Televisa: tratar de meter cizaña entre los medios indígenas y
comunitarios para golpearlos mejor por separado, y tratar de hacerlos
partícipes del desprestigio perredista, en busca de extender hacia ellos la
desconfianza y el repudio de una ciudadanía harta del PRD y de todos los
partidos registrados en general. Muy molesta, (pero también preocupada) debe
estar la oligarquía radiofónica con los modestísimos avances de los medios
sociales, como para encargar esta sucia
tarea a dos de sus cuadros de mayor confianza.
Y es que Javier Gómez Orozco,
abogado general de Televisa, lleva 12 años representando los intereses de la empresa
en el seno del poder legislativo: dos
veces como diputado y actualmente como senador; tuvo el dudoso mérito de ser el
principal impulsor de la Ley Televisa, aprovechando sin pudor alguno su cargo
como Presidente de la Comisión de Radio y Tv en 2006.
Javier Tejado, señalado como autor
intelectual de la Ley televisa, fue por años Consejero propietario ante el
Consejo Nacional de Radio y Tv, ni más ni menos que el órgano asesor del poder
Ejecutivo en materia de radio y tv, supuesto espacio de reflexión sobre asuntos
en materia de radiodifusión, donde la reflexión que predomina es sin duda
alguna la del duopolio televisivo, pues de los diez asientos en dicho Consejo,
cuando menos cinco los controlan Televisa y Tv Azteca. Por cierto, el suplente
de Tejado Dondé y sucesor en este Consejo es Federico González Luna, también representante
de la Cámara de la Industria de la Radio y la Tv, lo que no fue impedimento
para que como diputado, se le asignara la Presidencia de la Comisión de Radio y
Tv a pesar del flagrante conflicto de intereses. Miguel Orozco Gómez, hermano
de Javier, es suplente de éste en la Cámara y no por casualidad es suplente
también en el Consejo Nacional de Radio y Tv.
Jueces y parte, altos empleados
del duopolio, miembros prominentes del poder legislativo y asesores del
Ejecutivo federal, Gómez y Tejado han sido investidos por Televisa como sus
cruzados en una desproporcionada guerra nada santa,
contra los medios indígenas y comunitarios.
Si los cruzados del milenio
anterior, escondían con sus piadosas consignas de rescate de los santos lugares
viles intereses económicos, estos dos
modernos cruzados de ninguna manera pueden esconder los intereses que
representan, y que algunos piensan se limitan al inmenso poder e influencia de
Televisa. Habrá que recordar que en Televisa el Consejo de Administración lo
comparte Azcárraga Jean con los hombres más ricos de México. Salvo Carlos Slim,
ahí están Alberto Bailleres, el Diablo Fernández, Roberto Hernández, Fernando
Senderos, Claudio X. González y hasta
hace poco el homicida industrial Germán Larrea, entre otros multimillonarios.
Estos son los artífices de toda la política económica y social en México, que
lleva por eso un inconfundible sello de clase. Y por increíble que parezca, a
estos gigantes les preocupan y estorban los pequeños medios sociales. Por algo
será.
martes, 29 de abril de 2014
La Pensión Universal y le elevación de pensiones, justa lucha en Monterrey de los obreros en retiro
Hoy por la mañana (29 de abril), cientos de pensionadas y pensionados de diferentes colonias proletarias del noroeste de Monterrey respondieron al llamado de la Asociación Civil "Tierra y Libertad"
para:
1) Denunciar en el Pabellón Ciudadano las pensiones de
miseria que devengan,
2) denunciar que esas miserables pensiones existen porque
los patrones capitalistas registran a sus esclavos asalariados con salarios
mínimos,
3) denunciar que si los patrones capitalistas pueden hacer eso, en abierta violación a la Ley Federal del tabajo y a la Ley del IMSS, es porque
las autoridades del Trabajo y del IMSS se los permiten,
4) denunciar que Enrique Peña Nieto como candidato del PRI a
la presidencia de la República se comprometió en el debate del 2012 a paliar la
miseria de esas pensiones con "una pensión del retiro para todos los
mexicanos", ¡pero dejó fuera a los pensionados!
5) anunciar que este movimiento sigue adelante, invitando a
los presentes a sumarse, porque es de elementalFotos: Maricela Boone Z
miércoles, 23 de abril de 2014
El mamotreto de Javier Lozano, una sentencia para las radios comunitarias e indígenas
El
pesado mamotreto Javier Lozano – Peña – Televisa no tiene ninguna modificación
que muestre que el Poder tomó en cuenta la propuesta de la Coalición
Ciudadana o las demandas expresadas en los foros a favor de una ley secundaria
justa y democrática, reglamentaria de la reforma constitucional en
radiodifusión y telecomunicaciones. Mucho menos en lo concerniente a los medios
sociales.
La
larguísima introducción está por lo visto encaminada solamente a diluir la màs
completa y equitativa iniciativa, la de la Coaliciòn Ciudadana, entre todas las
otras, amontonadas para demostrar que esta última era solo una más,
por lo cual no merecía ser tomada en cuenta.
Todas
las observaciones crìticas obre la iniciativa de Peña Nieto contra los medios
sociales siguen presentes:
Para
comenzar y como muestra, el Art. 77 sigue sosteniendo que se
requiere la opinión previa y favorable de la Comisión Nacional de Inversiones
Extranjeras para los medios de uso público y social, poniendo con ello más
trabas para el acceso a las frecuencias, al aumentar los injustos e inútiles
requisitos administrativos.
En el Artículo 85, se
exigen las mismas condiciones para la asignación de las concesiones para uso
público o social, cuando obviamente no tiene la misma capacidad una
comunidad indígena, rural o urbana pobre que una institución del
gobierno; es decir, impone un trato igual entre desiguales,
contraviniendo el principio jurídico de igualdad ante la ley.
Como en la ley anterior,
se deja un amplio margen de discrecionalidad en caso de no contestar
en el plazo de 120 dìas hábiles; lo mismo se puede dejar permanentemente en el
limbo a las solicitantes, que se podría aplicar la negativa ficta. Sobre esto,
la iniciativa ciudadana planteó un plazo 90 dìas y en caso de no contestar, aplicar
la afirmativa ficta.
En el Artículo 87, se
exige presentar los requisitos establecidos en el artículo 85 "dentro
del plazo fijado en el programa anual de uso y aprovechamiento de bandas de
frecuencias". Este es un plazo arbitrario, no hay ninguna justificación al
respecto.
En dicho artículo se
añadió exclusivamente para las radios indígenas este pàrrafo: El Instituto
podrá establecer mecanismos de colaboración con la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas u otras organizaciones, con el objeto de
facilitar el otorgamiento de concesiones de uso social indígenas, pero
no señala claramente que los medios de uso social para pueblos,
comunidades indígenas o equiparables deben contar con un régimen
simplificado con los mìnimos requisitos para acceder a las frecuencias.
En el Artículo 89, respecto a la
sostenibilidad de los medios de uso social, el Proyecto de Lozano solamente
agrega esta ridícula disposición que autoriza:
III. Venta de productos o servicios, acordes con su
capacidad tanto legal como operativa, sin que se encuentre comprendida la
emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad;
Por lo que continùa
privando en realidad a estos medios de cualquier apoyo con fondos públicos a
pesar de su naturaleza y su función social, limitando arbitrariamente el acceso
legal a otros recursos económicos como la comercialización en tiempo aire.
Mientras que a los
medios públicos, financiados –valga la redundancia- con recursos
públicos se les permite además obtener recursos por “Proyectos de
financiamiento y convenios de coinversión para la producción o difusión de
contenidos afines a los objetivos del servicio”, a los de uso social que no
tienen ningún apoyo no se les permita más que convenios de coinversión ¡con
otro medios sociales! Es una violación indirecta a la libertad de expresión, al
impedirles su desarrollo y crecimiento.
En el Artículo 90,
respecto a nuestra demanda de reserva del 30 % del espacio
radioelèctrico para el otorgamiento de las concesiones de radiodifusión
para uso social, tomando en cuenta las mejores pràcticas internacionales para
el aprovechamiento del espectro por la utilidad que representan estos medios, el
proyecto solo refiere que el Instituto...
En el otorgamiento de
las concesiones el Instituto favorecerá la diversidad y evitará la
concentración nacional y regional de frecuencias.
Ya podemos suponer que
la palabra “concentración” se refiere solo a los medios sociales y no a los
comerciales, los nuestros serán cuidadosamente contabilizados y dispersados
mientras los otros seguirán llenando el cuadrante. Ni una palabra sobre reducir
el espacio a los 400 mHz.
En este artículo, en
contra de lo dispuesto en el artículo 85 para el tiempo de respuesta a las
solicitudes en un plazo de 120 dìas se señalan aquì 90 días hábiles, nuevamente
sin especificar la situación de los solicitantes en caso de no dar respuesta en
ese plazo, dando pie a la arbitrariedad de plazos indefinidos o de
plano a la negativa ficta.
Respecto a nuestra
exigencia para que en la ley se confirme que en ningún caso se entenderá que
los servicios de tipo social implican servicios de cobertura restringida, pues
se definen por su finalidad pública y social y no por el alcance de la
emisión, el cual depende de la disponibilidad y planes de uso del espectro y la
propuesta comunicacional de la emisora, ni una palabra, quedando también en
esto completamente a merced de la discrecionalidad de las autoridades para
seguirnos limitando a las mìnimas potencias.
Lo mismo sobre la
exigencia de Amarc para suspender la criminalización y persecución de las
radios sin permiso.
La nueva ley sentencia,
pues, a nuestras radios indígenas y comunitarias a seguir siendo pocas, pobres,
pequeñas y perseguidas. ¿Cabìa, en las condiciones actuales, esperar otra cosa?
No cabe duda: el Sr.
Lozano, Peña Nieto y los poderosos intereses detrás de los monopolistas, nos
empujan a luchar. Este espíritu de lucha està en la propia naturaleza de
nuestros medios, si la ley no lo incluye en su definición, nosotros no debemos
olvidarlo.
viernes, 28 de marzo de 2014
Hace 29 años, en T y L el primer debate de candidatos en la historia de NL
En 1982, Ignacio Staines Orozco, asesor de la AC Tierra y Libertad fue postulado candidato independiente a la Alcaldía de Monterrey por el Partido Rojo, partido sin registro legal.
Con esta candidatura, el Partido Rojo (luego Partido Obrero Rojo) y la AC Tierra y Libertad se proponían dar a conocer ante el pueblo trabajador del Estado por primera vez un auténtico programa de la clase obrera, aprovechando la campaña electoral para contrastar este programa con el de los demás partidos, representantes todos ellos con simple diferencia de matices, de los intereses de la clase dominante.
Este programa incluía el aumento general de salarios y pensiones, jornada de 40 horas para toda la clase obrera, derecho al seguro del desempleo, alimentos, útiles y uniformes escolares gratuitos, mantenimiento de las escuelas a cargo del Estado y no de los padres, servicio médico gratuito para toda la población, respeto al voto libre y secreto en los sindicatos, etc.
El candidato independiente sostenía que el sueldo de toda persona electa para un cargo público o de representación popular, debía ser equivalente al de un obrero calificado, ¡ni un peso más! Debía además reconocerse el derecho de revocación de mandato, para que las y los electores pudieran retirar del cargo en cualquier momento por mayoría simple a quien no cumpliera con sus funciones.
Las candidaturas independientes que defendieron desde ese momento el Partido Rojo y la AC Tierra y Libertad eran además un reclamo por las vías de hecho contra la violación al derecho de las y los ciudadanos para ser votados, pues a pesar de estar reconocido constitucionalmente, las leyes electorales solo reconocían este derecho a los partidos registrados.
En 1985, nuevamente el Partido Obrero Rojo y la AC"Tierra y Libertad" postularon un candidato independiente con motivo de la elección de Gobernador, ahora el también asesor de la ACTyL Héctor Camero Haro, bajo los mismos principios de sostener un programa diferente por todo a los partidos registrados.
La AC Tierra y Libertad invitó a los candidatos y candidata a la gubernatura a sostener un debate en la Colonia Tierra y Libertad, evento impensable hasta entonces, en el marco de la celebración del 12 Aniversario de la fundación de Tierra y Libertad. La lucha que sostenía el PAN de aquella época para ganar la primera gubernatura de un Estado con el capitalista Fernando Canales Clariond como su candidato con fuertes posibilidades de derrotar al anodino priista Jorge Treviño, lo llevó a aceptar la propuesta.
El 27 de marzo de 1985, se celebró el debate, con la participación de Canales Clariond por el PAN, Lázaro Cavazos Galván del PDM, Daniel Salazar del PRT y Héctor Camero, independiente por el Partido Rojo sin registro. Fue el primer debate entre partidos en la historia de Nuevo León. Es justo reconocer la defensa que hizo el periódico "El Porvenir", dirigido por el periodista Jesús Cantú Escalante, en aquel entonces el único periódico capaz de competir con "El Norte", del derecho de la ciudadanía a postularse con las candidaturas independientes. Sin embargo, los votos en favor de esta nunca fueron contabilizados.
El año 2004, con una amplia experiencia ya en la participación con candidaturas independientes, los asesores de la AC "Tierra y Libertad" junto con personas democráticas de Nuevo León presentaron una iniciativa de ley para la aprobación de dichas candidaturas, iniciativa que fue rechazada por la aplanadora priista, pero que vale la pena confrontar con los proyectos que ahora han venido supuestamente a dar por fin cauce legal a esta demanda ciudadana por una amplia democracia electoral. Marcaremos esta diferencia en un próximo escrito.
Con esta candidatura, el Partido Rojo (luego Partido Obrero Rojo) y la AC Tierra y Libertad se proponían dar a conocer ante el pueblo trabajador del Estado por primera vez un auténtico programa de la clase obrera, aprovechando la campaña electoral para contrastar este programa con el de los demás partidos, representantes todos ellos con simple diferencia de matices, de los intereses de la clase dominante.
Este programa incluía el aumento general de salarios y pensiones, jornada de 40 horas para toda la clase obrera, derecho al seguro del desempleo, alimentos, útiles y uniformes escolares gratuitos, mantenimiento de las escuelas a cargo del Estado y no de los padres, servicio médico gratuito para toda la población, respeto al voto libre y secreto en los sindicatos, etc.
El candidato independiente sostenía que el sueldo de toda persona electa para un cargo público o de representación popular, debía ser equivalente al de un obrero calificado, ¡ni un peso más! Debía además reconocerse el derecho de revocación de mandato, para que las y los electores pudieran retirar del cargo en cualquier momento por mayoría simple a quien no cumpliera con sus funciones.
Las candidaturas independientes que defendieron desde ese momento el Partido Rojo y la AC Tierra y Libertad eran además un reclamo por las vías de hecho contra la violación al derecho de las y los ciudadanos para ser votados, pues a pesar de estar reconocido constitucionalmente, las leyes electorales solo reconocían este derecho a los partidos registrados.
En 1985, nuevamente el Partido Obrero Rojo y la AC"Tierra y Libertad" postularon un candidato independiente con motivo de la elección de Gobernador, ahora el también asesor de la ACTyL Héctor Camero Haro, bajo los mismos principios de sostener un programa diferente por todo a los partidos registrados.
La AC Tierra y Libertad invitó a los candidatos y candidata a la gubernatura a sostener un debate en la Colonia Tierra y Libertad, evento impensable hasta entonces, en el marco de la celebración del 12 Aniversario de la fundación de Tierra y Libertad. La lucha que sostenía el PAN de aquella época para ganar la primera gubernatura de un Estado con el capitalista Fernando Canales Clariond como su candidato con fuertes posibilidades de derrotar al anodino priista Jorge Treviño, lo llevó a aceptar la propuesta.
El 27 de marzo de 1985, se celebró el debate, con la participación de Canales Clariond por el PAN, Lázaro Cavazos Galván del PDM, Daniel Salazar del PRT y Héctor Camero, independiente por el Partido Rojo sin registro. Fue el primer debate entre partidos en la historia de Nuevo León. Es justo reconocer la defensa que hizo el periódico "El Porvenir", dirigido por el periodista Jesús Cantú Escalante, en aquel entonces el único periódico capaz de competir con "El Norte", del derecho de la ciudadanía a postularse con las candidaturas independientes. Sin embargo, los votos en favor de esta nunca fueron contabilizados.
El año 2004, con una amplia experiencia ya en la participación con candidaturas independientes, los asesores de la AC "Tierra y Libertad" junto con personas democráticas de Nuevo León presentaron una iniciativa de ley para la aprobación de dichas candidaturas, iniciativa que fue rechazada por la aplanadora priista, pero que vale la pena confrontar con los proyectos que ahora han venido supuestamente a dar por fin cauce legal a esta demanda ciudadana por una amplia democracia electoral. Marcaremos esta diferencia en un próximo escrito.
viernes, 7 de marzo de 2014
En Veracruz el Estado mexicano no detiene los asesinatos de periodistas, sólo detiene a operadores de radios comunitarias
· * Amarc-Mx exige el cese de los procesos penales que
criminalizan la libre expresión.
· * Preocupante el uso de procesos penales para acallar
a quienes abren sus propios medios de comunicación
México, D.F., a 7 de marzo de 2014.- El pasado martes mediante una
caución de 25,000 pesos (1,900 dls aproximadamente) fue liberada la
comunicadora comunitaria Alma Delia Olivares Castro, sin embargo el proceso
penal en su contra continúa.
Alma fue detenida el pasado viernes 28
de febrero y trasladada desde Veracruz hasta el penal federal femenil de
mediana seguridad El Rincón ubicado en Tepic, Nayarit. Luego de permanecer 5
días encarcelada su familia pagó la fianza y podrá seguir su proceso penal en
libertad.
Los cargos iniciales fueron por
contaminación auditiva, un delito inexistente en la legislación mexicana y
posteriormente reclasificados al delito de uso indebido de un bien de la
nación.
Cabe resaltar que el cierre de la radio
fue resultado de un procedimiento administrativo contemplado en la Ley Federal
de Radio y Televisión y que tiene como sanción la imposición de una multa, que
en este caso fue por 29,000 pesos, mismos que fueron pagados para dar por
concluido el procedimiento.
De desprenderse que el proceso penal por
el cual fue encarcelada recientemente Alma Delia es resultado del cierre de la
radio, significaría que hay una grave violación a sus derechos humanos,
concretamente al debido proceso, pues nadie puede ser juzgado dos veces por el
mismo delito.
La Amarc-Mx rechaza categóricamente el
uso abusivo del derecho penal para sancionar el ejercicio del derecho a la
libertad de expresión pues las radios comunitarias, como lo ha señalado la ONU,
son medios que posibilitan que las comunidades se expresen y contribuyen a la
construcción de la democracia en el país.
Alma se suma a Paola Ochoa, Juan José
Hernández Andrade de Paso del Macho, Veracruz; Héctor Camero de
Monterrey, Nuevo León y una larga lista de comunicadores y comunicadoras
comunitarias con procesos penales en su contra por atreverse a abrir su propio
medio de comunicación.
Casos que demuestran que en México la
libertad de expresión solo puede sobrevivir bajo un acecho constante.
María Eugenia Chávez Fonseca
Coordinadora de la Oficina Ejecutiva en
México
Gisela Martínez. Jurídico
AMARC-México
Tel.: 56 72 49 61
miércoles, 19 de febrero de 2014
Radios Comunitarias: a 4 años de la última entrega de permisos
Hace 4 años, el 19 de
febrero de 2010, el segundo grupo de Radios Comunitarias promovido por
Amarc México para obtener el permiso de transmisión ante la Cofetel,
logró vencer la pesada resistencia combinada de trabas burocráticas e
intereses económicos, para recibir por fin los documentos
que autorizan el acceso al espectro radio eléctrico sin la zozobra de
las amenazas de despojo del equipo, del cierre de las radios y hasta del
castigo penal por hacer uso del derecho de libre expresión, información y comunicación.
Radio Xalli, de Palmar de Bravo, Radio Tepoztlán, de Tepoztlán, Mor., Radio Evolución, de Otumba, EdoMex, Radio Rélax, de Cd. Neza, EdoMex, Zaachila Radio de Zaachila, Oax. y Radio Tierra y Libertad de Monterrey, N.L., fuimos los convocados.
Era la culminación de muchos esfuerzos, de ilusiones que parecían desvanecerse al convertirse los días de espera en años, de la tentación por arriesgar el resto ante la arrogante negligencia de la burocracia. Para materializar esos esfuerzos, la labor de la Oficina, con la paciente asesoría, acompañamiento y gestión del Jurídico y el empeño y compromiso de Aleida Calleja, no pueden ni deben olvidarse.
Sin embargo, en esta segunda autorización, el Estado mexicano impuso una muestra palpable del trato discriminatorio y déspota que le han caracterizado frente a las luchas populares. Si no puede negarse totalmente a reconocer los derechos ganados a pulso por la ciudadanía, sí puede limitarlos al mínimo posible, hasta hacerlos casi desparecer.
Así, de las seis radios permisionadas el 19 de febrero, todas, excepto Xalii con 300 watts, recibimos permisos con bajísimas potencias: R. Tepoztlán 164 y las cuatro restantes sólo 20 watts de potencia total. En el primer grupo, de 10 radios permisionadas, solo dos recibieron potencias
menores a 200 watts: Cultural y Ecos de Manantlán, con 150 watts cada una; en cambio cuatro tuvieron permisos para transmitir con 500 y 1000 watts..
La pertenencia a una red, entre otras ventajas, debe traducirse en una permanente solidaridad para no permitir esas desigualdades, a menos, claro está, que los solicitantes -por el motivo que sea- decidan que aspiran a una potencia reducida. En el evento mismo del 2010, Adán López de Zaachila Radio expresó la inconformidad de los presentes, pero el organismo colectivo no hizo ninguna declaración sobre este trato injusto.
De eso se trata en la actual situación, en vísperas de una discusión y aprobación de una ley secundaria que no llega: de manifestar expresamente nuestra oposición a que se siga discriminando a las radios comunitarias e indígenas con bajas potencias, de defender la demanda de reserva del 30 % del espectro para las concesiones sociales, con requisitos técnicos y económicos accesibles y equitativos, de manera que las solicitudes sean resueltas en plazos razonablemente breves, comenzando con quienes tienen ya sus expedientes completos y sufren, otra vez, la despótica fila de espera.
Se trata también de fortalecer la sustentabilidad de estas radios, exigiendo que al reconocimiento de su función social corresponda el apoyo con fondos públicos y el derecho a la publicidad sin carácter de lucro, sin pretender atentar por ello contra el carácter independiente y la autonomía de los colectivos; se trata, en fin, de erradicar la actual criminalización del derecho de libre expresión mediante la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales contra las y los radialistas que transmiten sin autorización, dirigiendo el proceso hacia la regularización y no a la desaparición y castigo de estas radios si cumplen con el perfil que exige la ley.
En resumen: no solo por lo que han hecho con (contra) nosotros, sino por la visión estratégica que amerita el tardío pero ya declarado reconocimiento del sector social, por todos los medios a nuestro alcance, comenzando con nuestros propios espacios, a través de spots, programas especiales, audios compartidos, etc., y apoyándonos en los defensores sinceros de los derechos de libre expresión, información y comunicación, nuestras demandas por una ley democrática debían enfocarse en este sentido: no más comunitarias e indígenas *pequeñas* por bajas potencias arbitrarias; no más comunitarias e indígenas *pobres* por falta de financiamiento público y privado; no más comunitarias e indígenas *pocas*, por requisitos inalcanzables, sino apertura a cientos de estas radios para conformar un activo sector social de la comunicación en todo el territorio nacional, y no más comunitarias *perseguidas o penalizadas*.
Los enemigos de la libertad de expresión del pueblo nos han limitado al mínimo, pero nuestra razón y el potencial popular son muy grandes, no nos limitemos nosotros mismos.
Radio Xalli, de Palmar de Bravo, Radio Tepoztlán, de Tepoztlán, Mor., Radio Evolución, de Otumba, EdoMex, Radio Rélax, de Cd. Neza, EdoMex, Zaachila Radio de Zaachila, Oax. y Radio Tierra y Libertad de Monterrey, N.L., fuimos los convocados.
Era la culminación de muchos esfuerzos, de ilusiones que parecían desvanecerse al convertirse los días de espera en años, de la tentación por arriesgar el resto ante la arrogante negligencia de la burocracia. Para materializar esos esfuerzos, la labor de la Oficina, con la paciente asesoría, acompañamiento y gestión del Jurídico y el empeño y compromiso de Aleida Calleja, no pueden ni deben olvidarse.
Sin embargo, en esta segunda autorización, el Estado mexicano impuso una muestra palpable del trato discriminatorio y déspota que le han caracterizado frente a las luchas populares. Si no puede negarse totalmente a reconocer los derechos ganados a pulso por la ciudadanía, sí puede limitarlos al mínimo posible, hasta hacerlos casi desparecer.
Así, de las seis radios permisionadas el 19 de febrero, todas, excepto Xalii con 300 watts, recibimos permisos con bajísimas potencias: R. Tepoztlán 164 y las cuatro restantes sólo 20 watts de potencia total. En el primer grupo, de 10 radios permisionadas, solo dos recibieron potencias
menores a 200 watts: Cultural y Ecos de Manantlán, con 150 watts cada una; en cambio cuatro tuvieron permisos para transmitir con 500 y 1000 watts..
La pertenencia a una red, entre otras ventajas, debe traducirse en una permanente solidaridad para no permitir esas desigualdades, a menos, claro está, que los solicitantes -por el motivo que sea- decidan que aspiran a una potencia reducida. En el evento mismo del 2010, Adán López de Zaachila Radio expresó la inconformidad de los presentes, pero el organismo colectivo no hizo ninguna declaración sobre este trato injusto.
De eso se trata en la actual situación, en vísperas de una discusión y aprobación de una ley secundaria que no llega: de manifestar expresamente nuestra oposición a que se siga discriminando a las radios comunitarias e indígenas con bajas potencias, de defender la demanda de reserva del 30 % del espectro para las concesiones sociales, con requisitos técnicos y económicos accesibles y equitativos, de manera que las solicitudes sean resueltas en plazos razonablemente breves, comenzando con quienes tienen ya sus expedientes completos y sufren, otra vez, la despótica fila de espera.
Se trata también de fortalecer la sustentabilidad de estas radios, exigiendo que al reconocimiento de su función social corresponda el apoyo con fondos públicos y el derecho a la publicidad sin carácter de lucro, sin pretender atentar por ello contra el carácter independiente y la autonomía de los colectivos; se trata, en fin, de erradicar la actual criminalización del derecho de libre expresión mediante la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales contra las y los radialistas que transmiten sin autorización, dirigiendo el proceso hacia la regularización y no a la desaparición y castigo de estas radios si cumplen con el perfil que exige la ley.
En resumen: no solo por lo que han hecho con (contra) nosotros, sino por la visión estratégica que amerita el tardío pero ya declarado reconocimiento del sector social, por todos los medios a nuestro alcance, comenzando con nuestros propios espacios, a través de spots, programas especiales, audios compartidos, etc., y apoyándonos en los defensores sinceros de los derechos de libre expresión, información y comunicación, nuestras demandas por una ley democrática debían enfocarse en este sentido: no más comunitarias e indígenas *pequeñas* por bajas potencias arbitrarias; no más comunitarias e indígenas *pobres* por falta de financiamiento público y privado; no más comunitarias e indígenas *pocas*, por requisitos inalcanzables, sino apertura a cientos de estas radios para conformar un activo sector social de la comunicación en todo el territorio nacional, y no más comunitarias *perseguidas o penalizadas*.
Los enemigos de la libertad de expresión del pueblo nos han limitado al mínimo, pero nuestra razón y el potencial popular son muy grandes, no nos limitemos nosotros mismos.
viernes, 14 de febrero de 2014
Efraín Calderón Lara: a 40 años de su asesinato, su ejemplo más vivo que nunca
Hay nombres de personas que deben ser protegidos contra el olvido.
Perderlos de la memoria colectiva significa la pérdida no solo de individuos
ejemplares, sino de épocas completas de esfuerzos ingentes y esperanzas y
logros de las masas, épocas que en perspectivas no son sino destellos, pero precisamente
por ello siempre pueden servir para iluminar oscuros momentos como los
actuales.
A esa categoría pertenece la memoria de Efraín Calderón Lara. Ejemplo
del universitario que entrega sus conocimientos al servicio del pueblo, Calderón
Lara, joven egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán realizó una
infatigable labor de organización, asesoría y acompañamiento a las luchas de
las y los trabajadores de aquel Estado en los agitados años de la insurgencia
sindical mexicana.
En su corta pero intensa vida profesional, fue el organizador de los sindicatos
independientes de conductores de autobuses, de trabajadores de las gasolineras,
de zapateros y panaderos, de los estibadores de las tiendas Conasupo y de los
empleados de la Universidad Autónoma de Yucatán; dedicó sus mayores esfuerzos a
los trabajadores más indefensos y empobrecidos como eran los de la industria de
la construcción, y aún se dio tiempo para asesorar en sus múltiples problemas a
los colonos de los barrios proletarios de la capital y sus alrededores.
Eran los años del mayor poder de las mafias sindicales, representadas en
Yucatán por los líderes vende-obreros de la CTM y la CROC; éstas, junto con los
voraces patrones capitalistas y su representante en el Gobierno estatal, en
aquel entonces Carlos Loret de Mola, veían ya en la actividad de Calderón Lara
un peligro mortal para sus intereses.
Intentaron primero comprarlo, ofreciéndole jugosos bienes materiales,
luego importantes cargos, cañonazos que se estrellaron en la incorruptible
honestidad del joven abogado apodado “El Charras” por sus camaradas.
Calderón Lara pudo advertir que el odio de quienes se sentían afectados
por su labor había llegado a extremos de desesperación. Presintiendo un riesgo
inminente, escribió a su madre:
““El
Gobernador ha intentado convencerme de que abandone mi causa, primero mediante
puestos oficiales y después mediante cohechos. Como he rechazado unos y otros
ha recurrido a las presiones y las amenazas. Creo que ahora el Gobernador se
dispone a atacarme directamente. El es periodista, no político. Sus puestos los
ha logrado mediante su pluma a veces obsequiosa, a veces venenosa, según
sea el caso y su conveniencia personal. Todos saben que cambia sin ningún
escrúpulo de camiseta y que no tiene más convicción que la de sus intereses.
Ahora lo presionan por varios frentes y no sabe qué rumbo tomar. Es temeroso,
es inseguro. Eso me alarma más pues nunca sabes cómo va a reaccionar ese tipo
de gente”.
La madrugada del 13 de febrero de 1974, Efraín Calderón Lara fue secuestrado
por elementos de Seguridad pública del Estado y sometido a brutales torturas,
que incluyeron golpes hasta desfigurarlo, quemaduras de cigarrillos y heridas
con picahielos en todas partes del cuerpo, mutilación de los testículos, hasta
ultimarlo de un disparo en la cabeza.
Su cuerpo fue encontrado varios días después y el día 20 de febrero
sepultado en medio de una multitud indignada de miles de trabajadores,
estudiantes de la UAY y hombres y mujeres del pueblo sencillo que exigían el
castigo a los culpables y la caída del Gobernador. El estudiantado de la
Universidad se lanzó a un paro que se extendió por dos meses, hasta obligar al
gobernador Loret de Mola a enviar a prisión como presuntos responsables a los
directivos y agentes de la Dirección de Seguridad Pública, mientras escurrían
el bulto los verdaderos culpables a los ojos de la población: los dueños de dos
empresas de la construcción, los líderes de la CTM y la CROC y el propio
gobernador.
A 40 años de su muerte, se preparan en Yucatán homenajes en memoria de
este combativo y solidario universitario. Su lucha comprometida hasta la muerte
debe ser conocida y recordada por todo lo que haya de digno en todos los
rincones del territorio mexicano.
Datos consultados en: Echeverría V., Pedro (1999): El gobierno de Loret y el asesinato del "Charras" Revista Latina de Comunicación Social, 14. http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999c/132echeve.htm
Datos consultados en: Echeverría V., Pedro (1999): El gobierno de Loret y el asesinato del "Charras" Revista Latina de Comunicación Social, 14. http://www.ull.es/publicaciones/latina/a1999c/132echeve.htm
jueves, 13 de febrero de 2014
Ni el frío ni la lluvia congelaron la ardiente exigencia de ¡Pensión universal!
400 trabajadoras y trabajadores en retiro convocadas por la AC "Tierra y Libertad" desafiaron el pasado 11 de febrero uno de
los peores días del invierno regiomontano para continuar el movimiento en
demanda de la PENSIÓN UNIVERSAL prometida por el candidato Enrique Peña Nieto durante
el debate del 6 de mayo de 2012, incumplida por el Presidente Peña Nieto ya
apoltronado en la silla presidencial.
Otros tantos, o quizás más, sí tuvieron que abrir el
paréntesis para evitar sufrir los riesgos por la precaria salud de los cuerpos
ya cansados por toda una vida de duro trabajo, pero advierten: ¡pronto tomaremos
nuestro sitio en la batalla!
Por tercera ocasión el elegante vestíbulo del Condominio Acero, donde se ubican las
oficinas de Sedesol federal, se vio colmado por una multitud que contrastaba
por su digna pobreza con el lujoso entorno y el tufo a burocracia y a negocios.
Y por segunda ocasión, el Delegado federal Pablo Elizondo
García eludió hacer frente a la demanda.
En verdad. un funcionario que gana en un solo día el equivalente al doble de la
pensión con la cual un trabajador en retiro debe tratar de resolver sus necesidades
básicas durante todo un mes, nada puede
argumentar que pueda someter en la resignación al pensionado.
No sólo eso. La aceptación por la Sedesol Federal de los
pensionados y pensionadas en los límites inferiores a 1, 092 pesos mensuales dentro del programa 65 y Más, implica
ya de por sí un primer paso todavía muy restringido, pero un paso al fin, hacia
el objetivo de abrir la puerta a todas y todos los pensionados, sin ninguna
condición que no sea la de contar con 65 años cumplidos.
México es un país con las jornadas de trabajo más extensas y
más mal pagadas del mercado capitalista internacional; sus pensiones que apenas
abarcan a un tercio de la población laboriosa son una vergüenza, reflejo a su
vez de las condiciones de estricto control a la que se ve sometida la clase
obrera mexicana por la triada infernal: patrones, líderes vende-obreros y
gobierno.
La compensación a las pensiones miserables con los programas
de apoyo estatal y federal no representa sino la devolución de una ínfima parte de la
riqueza social que millones de trabajadoras y trabajadores rinden diariamente a
lo largo de su vida productiva. La
pensión por edad, a todas y todos los mayores de 65 años deben aplicarse sin
más demora, eliminando el injusto y discriminatorio requisito de no contar con
alguna pensión.
viernes, 31 de enero de 2014
Ni pocas, ni pequeñas, ni pobres, ni penalizadas: la ley secundaria debe acabar con la discriminación de las radios comunitarias e indígenas
El próximo 4 de febrero inicia el
período de sesiones de la Cámara de Diputados, y al parecer, en éste sí tendrá
lugar la discusión y aprobación de la Ley Secundaria de Radiodifusión y
Telecomunicaciones que no vio la luz en su fecha original que tenía por límite
el 9 de diciembre próximo pasado.
Indudablemente, la atención de la
mayoría de los medios, de los analistas y del público guiado por ellos, estará
enfocada a las disposiciones que puedan afectar o favorecer los intereses de
los grandes consorcios capitalistas que han levantado poderosos emporios al
monopolizar los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Multitud
de medianos y pequeños inversionistas exigen un lugar en el reparto, a nombre
de la libre competencia y, por qué no, de la democratización de los medios.
Esa atención concentrada en el destino
del sector económicamente más productivo de las más importantes herramientas de
la comunicación moderna pudiera derivar, por el contrario, en una flojedad o
peor aún, en una interesada parcialidad legislativa que en la reglamentación sofoque
al apenas recién reconocido sector de uso social de la comunicación, que
incluye a los medios comunitarios e indígenas.
Para nadie es un secreto la irreductible
oposición que el oligopolio radiofónico mantuvo a través de su Cámara contra
cualquier rendija legislativa o política que abriera una posibilidad de que se
colaran los medios sociales; a mayor empuje de éstos correspondió una campaña
más enconosa de aquéllos y la persecución obsecuente del Estado. Los capitalistas
privados, que exigen limitar los privilegios de los grandes monopolistas del
ramo, siguen viendo en los medios sociales a competidores que son una amenaza para sus negocios. Y mantienen aún una activa representación
en el Congreso.
De ahí la necesidad de que quienes
comprendan la relevancia del arribo cada vez mayor al uso de la radiodifusión y
las telecomunicaciones por las más amplias capas de la sociedad y en particular
por quienes crónicamente han sido privados de la posibilidad de hacer oír sus
carencias, sus reclamos, su visión de
una sociedad diferente, se mantengan atentos a este capítulo de la lucha por
una auténtica democratización de los medios.
Escribió Aleida Calleja en “Con permiso”,
su historia de las radios comunitarias de México, sobre la prejuiciosa
tendencia a minimizar las radios comunitarias con las características de “las
tres P”: pocas, pobres y pequeñas, a
las que ahora agregamos una cuarta: penalizadas,
pues hasta la primera edición de Con permiso (2005) no utilizaba el Estado
contra ellas la criminalización a través de la aplicación de la Ley de Bienes
Nacionales; de acuerdo a la Ley de Radiodifusión consideraba una infracción y
no un delito el uso del espectro sin permiso.
La iniciativa democrática de Ley Secundaria
presentada por AMEDI y adicionada por AMARC México, justamente se enfoca a echar
abajo esos prejuicios que de mantenerse en la legislación secundaria harían de
las concesiones de uso social una caricatura e invalidarían en los hechos las
libertades de expresión, información y comunicación de las grandes mayorías de
este país.
Las radios comunitarias e indígenas son pocas porque se les han exigido
requisitos técnicos y financieros inaccesibles, además de la absoluta discrecionalidad
de las autoridades en el otorgamiento de las concesiones. La nueva ley debe
establecer un régimen simplificado y
condiciones accesibles, dando preferencia a la calidad del carácter social de
los proyectos; atendiendo al papel que estos medios representan para el
desarrollo material y cultural de las comunidades, para la construcción de
ciudadanía y para la vida democrática del país, deben protegerse y más aún,
fomentarse, disponiendo para estos medios una reserva del 30 por ciento del
espacio radioeléctrico. La ley secundaria debe además saldar la deuda histórica
con los pueblos originarios, creando las condiciones para hacer valer los preceptos
contenidos en el Art. 2 Constitucional.
Las radios comunitarias e indígenas son pobres porque el Estado, cuando no
las ha podido desaparecer, ha procurado dejarlas morir por inanición, pues no
solo se trata de operarlas en calidad de voluntariado, sino de mantener equipo,
instalaciones y servicios y cumplir con los requisitos del permiso, costos que
muchas veces acaban por ahogar las mejores voluntades. La ley secundaria debe
contemplar el financiamiento con fondos públicos, que son generados por el
propio pueblo trabajador y por lo tanto deben aplicarse con pleno respeto a la
línea editorial y a la autonomía de los colectivos, así como permitir la venta
de publicidad y otras fuentes legales de financiamiento sin que ello signifique
búsqueda de lucro, para garantizar la operación, funcionamiento y mantenimiento
de las radios, su capacitación y equipamiento adecuado.
Las radios comunitarias e indígenas han
sido condenadas a ser pequeñas, en
la mayoría de los casos no por elección de sus colectivos, sino por la
arbitraria y discriminatoria decisión delas autoridades. Radio Tierra y
Libertad solicitó el permiso legal con justificación del perito para una radio
de 500 watts de potencia. Sin embargo, la Cofetel nos autorizó 20, lo mismo que
a las radios hermanas de Zaachila. Oax., Otumba. y Relax de Cd. Neza. Por
ningún motivo la ley secundaria debe
admitir ese trato hacia las concesiones sociales, subsanando los fallos
cometidos y evitando asignaciones arbitrarias de bajas potencias en contra de
lo dispuesto por los estándares internacionales aceptados por el Gobierno
mexicano.
Las radios comunitarias e indígenas han
sido penalizadas porque fueron
empujadas a trabajar fuera de los marcos legales por omisión del propio
legislador, lo que no obstó para que la persecución llegara hasta la
penalización, con la aplicación de la Ley de Bienes Nacionales, lo cual,
denuncia Amarc, constituye un castigo desproporcional y equivale a criminalizar
la libertad de expresión, por lo cual demanda la eliminación de la pena de
cárcel y se considere solo como infracción la operación de estaciones de
radiodifusión o telecomunicaciones sin concesión.
La reglamentación de las concesiones sociales
será el mejor termómetro para medir la voluntad de avanzar o no, en la democratización
de los medios. Las razones para el optimismo a este respecto no descansan en ningún
cuerpo legislativo, sino en el despertar del interés y la conciencia de los miembros de las
comunidades indígenas, rurales y urbanas por escuchar a sus semejantes y por
hacer oír su palabra.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)