Hace 4 años, el 19 de
febrero de 2010, el segundo grupo de Radios Comunitarias promovido por
Amarc México para obtener el permiso de transmisión ante la Cofetel,
logró vencer la pesada resistencia combinada de trabas burocráticas e
intereses económicos, para recibir por fin los documentos
que autorizan el acceso al espectro radio eléctrico sin la zozobra de
las amenazas de despojo del equipo, del cierre de las radios y hasta del
castigo penal por hacer uso del derecho de libre expresión, información y comunicación.
Radio Xalli, de Palmar de Bravo, Radio Tepoztlán, de Tepoztlán, Mor., Radio Evolución, de Otumba, EdoMex, Radio Rélax, de Cd. Neza, EdoMex, Zaachila Radio de Zaachila, Oax. y Radio Tierra y Libertad de Monterrey, N.L., fuimos los convocados.
Era la culminación de muchos esfuerzos, de ilusiones que parecían desvanecerse al convertirse los días de espera en años, de la tentación por arriesgar el resto ante la arrogante negligencia de la burocracia. Para materializar esos esfuerzos, la labor de la Oficina, con la paciente asesoría, acompañamiento y gestión del Jurídico y el empeño y compromiso de Aleida Calleja, no pueden ni deben olvidarse.
Sin embargo, en esta segunda autorización, el Estado mexicano impuso una muestra palpable del trato discriminatorio y déspota que le han caracterizado frente a las luchas populares. Si no puede negarse totalmente a reconocer los derechos ganados a pulso por la ciudadanía, sí puede limitarlos al mínimo posible, hasta hacerlos casi desparecer.
Así, de las seis radios permisionadas el 19 de febrero, todas, excepto Xalii con 300 watts, recibimos permisos con bajísimas potencias: R. Tepoztlán 164 y las cuatro restantes sólo 20 watts de potencia total. En el primer grupo, de 10 radios permisionadas, solo dos recibieron potencias
menores a 200 watts: Cultural y Ecos de Manantlán, con 150 watts cada una; en cambio cuatro tuvieron permisos para transmitir con 500 y 1000 watts..
La pertenencia a una red, entre otras ventajas, debe traducirse en una permanente solidaridad para no permitir esas desigualdades, a menos, claro está, que los solicitantes -por el motivo que sea- decidan que aspiran a una potencia reducida. En el evento mismo del 2010, Adán López de Zaachila Radio expresó la inconformidad de los presentes, pero el organismo colectivo no hizo ninguna declaración sobre este trato injusto.
De eso se trata en la actual situación, en vísperas de una discusión y aprobación de una ley secundaria que no llega: de manifestar expresamente nuestra oposición a que se siga discriminando a las radios comunitarias e indígenas con bajas potencias, de defender la demanda de reserva del 30 % del espectro para las concesiones sociales, con requisitos técnicos y económicos accesibles y equitativos, de manera que las solicitudes sean resueltas en plazos razonablemente breves, comenzando con quienes tienen ya sus expedientes completos y sufren, otra vez, la despótica fila de espera.
Se trata también de fortalecer la sustentabilidad de estas radios, exigiendo que al reconocimiento de su función social corresponda el apoyo con fondos públicos y el derecho a la publicidad sin carácter de lucro, sin pretender atentar por ello contra el carácter independiente y la autonomía de los colectivos; se trata, en fin, de erradicar la actual criminalización del derecho de libre expresión mediante la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales contra las y los radialistas que transmiten sin autorización, dirigiendo el proceso hacia la regularización y no a la desaparición y castigo de estas radios si cumplen con el perfil que exige la ley.
En resumen: no solo por lo que han hecho con (contra) nosotros, sino por la visión estratégica que amerita el tardío pero ya declarado reconocimiento del sector social, por todos los medios a nuestro alcance, comenzando con nuestros propios espacios, a través de spots, programas especiales, audios compartidos, etc., y apoyándonos en los defensores sinceros de los derechos de libre expresión, información y comunicación, nuestras demandas por una ley democrática debían enfocarse en este sentido: no más comunitarias e indígenas *pequeñas* por bajas potencias arbitrarias; no más comunitarias e indígenas *pobres* por falta de financiamiento público y privado; no más comunitarias e indígenas *pocas*, por requisitos inalcanzables, sino apertura a cientos de estas radios para conformar un activo sector social de la comunicación en todo el territorio nacional, y no más comunitarias *perseguidas o penalizadas*.
Los enemigos de la libertad de expresión del pueblo nos han limitado al mínimo, pero nuestra razón y el potencial popular son muy grandes, no nos limitemos nosotros mismos.
Radio Xalli, de Palmar de Bravo, Radio Tepoztlán, de Tepoztlán, Mor., Radio Evolución, de Otumba, EdoMex, Radio Rélax, de Cd. Neza, EdoMex, Zaachila Radio de Zaachila, Oax. y Radio Tierra y Libertad de Monterrey, N.L., fuimos los convocados.
Era la culminación de muchos esfuerzos, de ilusiones que parecían desvanecerse al convertirse los días de espera en años, de la tentación por arriesgar el resto ante la arrogante negligencia de la burocracia. Para materializar esos esfuerzos, la labor de la Oficina, con la paciente asesoría, acompañamiento y gestión del Jurídico y el empeño y compromiso de Aleida Calleja, no pueden ni deben olvidarse.
Sin embargo, en esta segunda autorización, el Estado mexicano impuso una muestra palpable del trato discriminatorio y déspota que le han caracterizado frente a las luchas populares. Si no puede negarse totalmente a reconocer los derechos ganados a pulso por la ciudadanía, sí puede limitarlos al mínimo posible, hasta hacerlos casi desparecer.
Así, de las seis radios permisionadas el 19 de febrero, todas, excepto Xalii con 300 watts, recibimos permisos con bajísimas potencias: R. Tepoztlán 164 y las cuatro restantes sólo 20 watts de potencia total. En el primer grupo, de 10 radios permisionadas, solo dos recibieron potencias
menores a 200 watts: Cultural y Ecos de Manantlán, con 150 watts cada una; en cambio cuatro tuvieron permisos para transmitir con 500 y 1000 watts..
La pertenencia a una red, entre otras ventajas, debe traducirse en una permanente solidaridad para no permitir esas desigualdades, a menos, claro está, que los solicitantes -por el motivo que sea- decidan que aspiran a una potencia reducida. En el evento mismo del 2010, Adán López de Zaachila Radio expresó la inconformidad de los presentes, pero el organismo colectivo no hizo ninguna declaración sobre este trato injusto.
De eso se trata en la actual situación, en vísperas de una discusión y aprobación de una ley secundaria que no llega: de manifestar expresamente nuestra oposición a que se siga discriminando a las radios comunitarias e indígenas con bajas potencias, de defender la demanda de reserva del 30 % del espectro para las concesiones sociales, con requisitos técnicos y económicos accesibles y equitativos, de manera que las solicitudes sean resueltas en plazos razonablemente breves, comenzando con quienes tienen ya sus expedientes completos y sufren, otra vez, la despótica fila de espera.
Se trata también de fortalecer la sustentabilidad de estas radios, exigiendo que al reconocimiento de su función social corresponda el apoyo con fondos públicos y el derecho a la publicidad sin carácter de lucro, sin pretender atentar por ello contra el carácter independiente y la autonomía de los colectivos; se trata, en fin, de erradicar la actual criminalización del derecho de libre expresión mediante la aplicación de la Ley General de Bienes Nacionales contra las y los radialistas que transmiten sin autorización, dirigiendo el proceso hacia la regularización y no a la desaparición y castigo de estas radios si cumplen con el perfil que exige la ley.
En resumen: no solo por lo que han hecho con (contra) nosotros, sino por la visión estratégica que amerita el tardío pero ya declarado reconocimiento del sector social, por todos los medios a nuestro alcance, comenzando con nuestros propios espacios, a través de spots, programas especiales, audios compartidos, etc., y apoyándonos en los defensores sinceros de los derechos de libre expresión, información y comunicación, nuestras demandas por una ley democrática debían enfocarse en este sentido: no más comunitarias e indígenas *pequeñas* por bajas potencias arbitrarias; no más comunitarias e indígenas *pobres* por falta de financiamiento público y privado; no más comunitarias e indígenas *pocas*, por requisitos inalcanzables, sino apertura a cientos de estas radios para conformar un activo sector social de la comunicación en todo el territorio nacional, y no más comunitarias *perseguidas o penalizadas*.
Los enemigos de la libertad de expresión del pueblo nos han limitado al mínimo, pero nuestra razón y el potencial popular son muy grandes, no nos limitemos nosotros mismos.
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