viernes, 31 de enero de 2014

Ni pocas, ni pequeñas, ni pobres, ni penalizadas: la ley secundaria debe acabar con la discriminación de las radios comunitarias e indígenas

El próximo 4 de febrero inicia el período de sesiones de la Cámara de Diputados, y al parecer, en éste sí tendrá lugar la discusión y aprobación de la Ley Secundaria de Radiodifusión y Telecomunicaciones que no vio la luz en su fecha original que tenía por límite el 9 de diciembre próximo pasado.
Indudablemente, la atención de la mayoría de los medios, de los analistas y del público guiado por ellos, estará enfocada a las disposiciones que puedan afectar o favorecer los intereses de los grandes consorcios capitalistas que han levantado poderosos emporios al monopolizar los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Multitud de medianos y pequeños inversionistas exigen un lugar en el reparto, a nombre de la libre competencia y, por qué no, de la democratización de los medios.
Esa atención concentrada en el destino del sector económicamente más productivo de las más importantes herramientas de la comunicación moderna pudiera derivar, por el contrario, en una flojedad o peor aún, en una interesada parcialidad legislativa que en la reglamentación sofoque al apenas recién reconocido sector de uso social de la comunicación, que incluye a los medios comunitarios e indígenas.
Para nadie es un secreto la irreductible oposición que el oligopolio radiofónico mantuvo a través de su Cámara contra cualquier rendija legislativa o política que abriera una posibilidad de que se colaran los medios sociales; a mayor empuje de éstos correspondió una campaña más enconosa de aquéllos y la persecución obsecuente del Estado. Los capitalistas privados, que exigen limitar los privilegios de los grandes monopolistas del ramo, siguen viendo en los medios sociales a competidores que son una amenaza  para sus negocios. Y mantienen aún una activa representación en el Congreso.
De ahí la necesidad de que quienes comprendan la relevancia del arribo cada vez mayor al uso de la radiodifusión y las telecomunicaciones por las más amplias capas de la sociedad y en particular por quienes crónicamente han sido privados de la posibilidad de hacer oír sus carencias, sus  reclamos, su visión de una sociedad diferente, se mantengan atentos a este capítulo de la lucha por una auténtica democratización de los medios.

Escribió Aleida Calleja en “Con permiso”, su historia de las radios comunitarias de México, sobre la prejuiciosa tendencia a minimizar las radios comunitarias con las características de “las tres P”: pocas, pobres y pequeñas, a las que ahora agregamos una cuarta: penalizadas, pues hasta la primera edición de Con permiso (2005) no utilizaba el Estado contra ellas la criminalización a través de la aplicación de la Ley de Bienes Nacionales; de acuerdo a la Ley de Radiodifusión consideraba una infracción y no un delito el uso del espectro sin permiso.
La iniciativa democrática de Ley Secundaria presentada por AMEDI y adicionada por AMARC México, justamente se enfoca a echar abajo esos prejuicios que de mantenerse en la legislación secundaria harían de las concesiones de uso social una caricatura e invalidarían en los hechos las libertades de expresión, información y comunicación de las grandes mayorías de este país.
Las radios comunitarias e indígenas son pocas porque se les han exigido requisitos técnicos y financieros inaccesibles, además de la absoluta discrecionalidad de las autoridades en el otorgamiento de las concesiones. La nueva ley debe establecer un  régimen simplificado y condiciones accesibles, dando preferencia a la calidad del carácter social de los proyectos; atendiendo al papel que estos medios representan para el desarrollo material y cultural de las comunidades, para la construcción de ciudadanía y para la vida democrática del país, deben protegerse y más aún, fomentarse, disponiendo para estos medios una reserva del 30 por ciento del espacio radioeléctrico. La ley secundaria debe además saldar la deuda histórica con los pueblos originarios, creando las condiciones para hacer valer los preceptos contenidos en el Art. 2 Constitucional.

Las radios comunitarias e indígenas son pobres porque el Estado, cuando no las ha podido desaparecer, ha procurado dejarlas morir por inanición, pues no solo se trata de operarlas en calidad de voluntariado, sino de mantener equipo, instalaciones y servicios y cumplir con los requisitos del permiso, costos que muchas veces acaban por ahogar las mejores voluntades. La ley secundaria debe contemplar el financiamiento con fondos públicos, que son generados por el propio pueblo trabajador y por lo tanto deben aplicarse con pleno respeto a la línea editorial y a la autonomía de los colectivos, así como permitir la venta de publicidad y otras fuentes legales de financiamiento sin que ello signifique búsqueda de lucro, para garantizar la operación, funcionamiento y mantenimiento de las radios, su capacitación y equipamiento  adecuado.
Las radios comunitarias e indígenas han sido condenadas a ser pequeñas, en la mayoría de los casos no por elección de sus colectivos, sino por la arbitraria y discriminatoria decisión delas autoridades. Radio Tierra y Libertad solicitó el permiso legal con justificación del perito para una radio de 500 watts de potencia. Sin embargo, la Cofetel nos autorizó 20, lo mismo que a las radios hermanas de Zaachila. Oax., Otumba. y Relax de Cd. Neza. Por ningún  motivo la ley secundaria debe admitir ese trato hacia las concesiones sociales, subsanando los fallos cometidos y evitando asignaciones arbitrarias de bajas potencias en contra de lo dispuesto por los estándares internacionales aceptados por el Gobierno mexicano.
Las radios comunitarias e indígenas han sido penalizadas porque fueron empujadas a trabajar fuera de los marcos legales por omisión del propio legislador, lo que no obstó para que la persecución llegara hasta la penalización, con la aplicación de la Ley de Bienes Nacionales, lo cual, denuncia Amarc, constituye un castigo desproporcional y equivale a criminalizar la libertad de expresión, por lo cual demanda la eliminación de la pena de cárcel y se considere solo como infracción la operación de estaciones de radiodifusión o telecomunicaciones sin concesión.

 La reglamentación de las concesiones sociales será el mejor termómetro para medir la voluntad de avanzar o no, en la democratización de los medios. Las razones para el optimismo a este respecto no descansan en ningún cuerpo legislativo, sino en el despertar del interés  y la conciencia de los miembros de las comunidades indígenas, rurales y urbanas por escuchar a sus semejantes y por hacer oír su palabra.

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