La conmemoración oficial, es decir, la celebración de la burguesía sobre su ascenso al poder en la lucha de clases en México a través de los festejos del Centenario del inicio de la Revolución de 1910 y el Bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia, están dando lugar a que un buen número de plumíferos al servicio de diferentes fracciones de la burguesía intenten reescribir la Historia, para actualizarla de acuerdo a sus intereses de clase.
Así tenemos actualmente en las librerías una gran publicidad en torno a estas versiones revisadas, para "hacer justicia" a "verdaderos héroes" como Iturbide, Maximiliano y Porfirio Díaz, mientras nos descubren a Hidalgo como carnicero, a Morelos como cobarde y a los episodios del calendarío patriótico escolar como simple culto a las derrotas, por citar unos cuantos ejemplos. Se trata en esencia, de descalificar las luchas históricas de las masas populares, las cuales no pasarían de ser manadas irracionales utilizadas en cada época histórica por caudillos que guiaban a aquéllas en contra de sus propios intereses.
Uno de estos intelectuales burgueses, Sergio Sarmiento, escribe en su Editorial del periódico "El Norte" el 31 de Diciembre:
"Encuentro poco que celebrar en el bicentenario de las guerras de 1810 y 1910, que trajeron un enorme sufrimiento al país y detuvieron el desarrollo durante largos periodos. En cambio las Leyes de Reforma, en su intento pacífico por construir un México de libertades e instituciones, parecen haber sido abandonadas por un régimen panista-priista-perredista que es fundamentalmente conservador."
El período de la Reforma no puede entenderse sin el período previo de la lucha del pueblo mexicano por independizarse de España. La guerra de independencia que desdeña Sarmiento y la guerra civil (¡nada de intento pacífico!) que permitió imponer por la fuerza de las armas las Leyes de Reforma, no son sino dos etapas del desarrollo histórico del capitalismo en México, cuando la débil burguesía nacional era revolucionaria y encabezaba la lucha del pueblo mexicano por sacudirse las pesadas trabas feudales y semifeudales que persistían desde los tiempos de la colonia.
Sarmiento enumera las Leyes de Reforma que "entre 1856 y 1863 establecieron las bases de un Estado liberal": La Ley Juárez suprimía los fueros ante la justicia, en particular el militar y el eclesiástico. La Ley Lerdo promovía la desamortización, la venta obligada, de los bienes de las corporaciones, como la Iglesia y las comunidades indígenas. La Ley Iglesias prohibió el diezmo obligatorio. A éstas se añadieron la Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero, la Ley del Matrimonio Civil, la Ley del Registro Civil, la Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes y la Ley de Libertad de Cultos.
Los liberales promotores de estas leyes, dice Sarmiento, no formaban una simple corriente anticlerical. "Eso es falso. Muchos de los grandes liberales de ese entonces, incluyendo al propio Benito Juárez, vivieron y murieron como católicos. Lo que defendían era la libertad. Peleaban por el derecho a no sufrir una tutela innecesaria del Estado, se oponían a las restricciones a la libertad de comercio y de propiedad, exigían la libertad de culto. Los ideólogos de nuestra actual izquierda conservadora afirman que no hay relación entre los liberales del siglo 19 y lo que ellos llaman los neoliberales del siglo 21. No quieren percatarse de que sus principios son fundamentalmente los mismos."
Por supuesto que Juárez y la mayoría de los hombres de la Reforma no eran simples anticlericales. Eran católicos, pero eran sobre todo liberales, es decir, representantes de un régimen que en aquel entonces era progresista: el capitalismo que enfrentaba al poder de la iglesia católica como principal terrateniente de México y era representante por ende de la reacción semifeudal que limitaba el comercio, la libre circulación de las mercancías, la explotación capitalista de la tierra y sometía además a su control ideológico y político la vida de la población desde el nacimiento hasta la muerte. A despojar de este tremendo poder económico, político e ideológico de la iglesia católica estaban encaminadas las Leyes de Reforma, aunque de paso también resultaron despojadas las comunidades indígenas, que por su situación económica y su indefensión legal quedaron en la misma categoría de "bienes de manos muertas", y sus propiedades junto con las de la iglesia pasaron a poder "de la nación" como decía la ley, ahora representada por los militares y civiles que podían comprarlas, quienes se convirtieron en los nuevos grandes terratenientes y futuros grandes capitalistas, encabezados por Luis Terrazas, defensor de la reforma y protector de Juárez en el Estado de Chihuahua.
Al grito de "¡Religión y fueros!" se alzaron la Iglesia y el Partido conservador en una sangrienta guerra que realmente inició con el Plan de Ayutla (1854) y terminó hasta la derrota de Maximiliano (1867), trece violentos años que Sarmiento no se dio cuenta "que trajeron un enorme sufrimiento al país y detuvieron el desarrollo".
Claro que ahí no se detuvo la historia. Las masas de campesinos pobres que lucharon por sacudirse la opresión semifeudal eran dirigidas por la burguesía que, por progresista que fuera, aprovechó los frutos del movimiento. Los despojos a las comunidades indígenas y rurales y el enriquecimiento de los grandes terratenientes que aquí tuvieron su origen, habrían de ser parte importante del siguiente período de luchas que Sarmiento y otros como él no se pueden explicar.
El liberalismo que añora Sarmiento y cuya traición condena en el régimen priista- panista- perredista pertenece a una época superada totalmente, al capitalismo que buscaba imponerse sobre un régimen más atrasado y en un contexto internacional todavía lejano al imperialismo. En la época del capitalismo maduro fronteras adentro, y del desarrollo del imperialismo a nivel internacional, todo liberalismo (o neoliberalismo), el de Sarmiento y el del pri-pan-prdismo, es reaccionario, caduco, obsoleto, destinado a ser barrido por la fuerza que no apareció en aquellas otras grandes luchas: el proletariado moderno, que al frente de los trabajadores pobres de la ciudad y del campo deberá librar la batalla final contra el régimen de explotación capitalista.
jueves, 31 de diciembre de 2009
lunes, 28 de diciembre de 2009
Gobierno y machos mexicanos dan doble castigo a madres abandonadas
Ofelia Alejandra Alanís tiene, a sus 26 años, cinco hijos que mantener: el mayor de 8 años, el menor de seis meses. No tiene apoyo para esa pesada obligación, por eso trabaja en un bar del centro de la ciudad. Encarga al más pequeño con una vecina; los otros cuatro se quedan al cuidado de la Divina Providencia en un cuarto insalubre de la Colonia Santa Lucía, según atestiguó la prensa.
El sábado 26 salió a su trabajo a las 11 de la noche; a las 12:00 horas del día siguiente la vecina que le cuidaba al bebé consideró que ya era mucho el favor y reportó a la policía la ausencia de la madre. Así que cuando Ofelia llegó al cuartel policiaco de la Zona Norte, fue de inmediato detenida, turnada al Ministerio Público y separada de sus hijos, los que fueron internados en el albergue del DIF estatal.
Las palabras con las que buscó justificarse debían bastar para entender quién o quienes merecen estar en el banquillo de los acusados, en lugar de esta mujer:
"Me detuvieron porque estaban mis hijos sólos en la casa; los dejé ayer a las 11 de la noche porque tengo que trabajar para darles de comer, no tengo quien me los cuide, mas que mis vecinos".
La madre así abandonada quién sabe desde cuándo (nadie le preguntó), es aprehendida y exhibida públicamente por su abandono de horas; el hombre o los hombres que por años se han olvidado de ella y sus cinco hijos ni siquiera son mencionados, menos castigados ni buscados para hacerse responsables de la vida de los pequeños, como lo hace esta mujer a quienes autoridades y medios debían tener consideración y respeto.
Pero el otro gran abandonador nunca es mencionado: ese ente desobligado y despilfarrador, el gobierno mexicano, que nada hace en favor de las madres solteras o abandonadas, pero se atreve a juzgar y castigar a la parte indefensa de este drama.
Drama que se convierte en tragedia, como el caso de otra joven, madre soltera con dos hijos, quien hace unos cuantos días asesinó a su bebé de dos años en esta misma metrópoli, bajo circunstancias de una desesperación homicida cuyas causas ni al gobierno, ni a la prensa, ni a las instituciones burguesas les interesa conocer.
Se trata, después de todo, de la mujer de pueblo, todavía callada ante tantas injusticias.
El sábado 26 salió a su trabajo a las 11 de la noche; a las 12:00 horas del día siguiente la vecina que le cuidaba al bebé consideró que ya era mucho el favor y reportó a la policía la ausencia de la madre. Así que cuando Ofelia llegó al cuartel policiaco de la Zona Norte, fue de inmediato detenida, turnada al Ministerio Público y separada de sus hijos, los que fueron internados en el albergue del DIF estatal.
Las palabras con las que buscó justificarse debían bastar para entender quién o quienes merecen estar en el banquillo de los acusados, en lugar de esta mujer:
"Me detuvieron porque estaban mis hijos sólos en la casa; los dejé ayer a las 11 de la noche porque tengo que trabajar para darles de comer, no tengo quien me los cuide, mas que mis vecinos".
La madre así abandonada quién sabe desde cuándo (nadie le preguntó), es aprehendida y exhibida públicamente por su abandono de horas; el hombre o los hombres que por años se han olvidado de ella y sus cinco hijos ni siquiera son mencionados, menos castigados ni buscados para hacerse responsables de la vida de los pequeños, como lo hace esta mujer a quienes autoridades y medios debían tener consideración y respeto.
Pero el otro gran abandonador nunca es mencionado: ese ente desobligado y despilfarrador, el gobierno mexicano, que nada hace en favor de las madres solteras o abandonadas, pero se atreve a juzgar y castigar a la parte indefensa de este drama.
Drama que se convierte en tragedia, como el caso de otra joven, madre soltera con dos hijos, quien hace unos cuantos días asesinó a su bebé de dos años en esta misma metrópoli, bajo circunstancias de una desesperación homicida cuyas causas ni al gobierno, ni a la prensa, ni a las instituciones burguesas les interesa conocer.
Se trata, después de todo, de la mujer de pueblo, todavía callada ante tantas injusticias.
viernes, 18 de diciembre de 2009
Cero y van dos: otra condena internacional contra Estado mexicano
Dos históricas resoluciones emitidas en sólo un mes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ponen en la picota internacional al Estado mexicano como violador de los Derechos Humanos de sus habitantes. Naturalmente, cuando hablamos de "habitantes cuyos derechos son violados" nos referimos a los millones en condiciones de indefensión por su pobreza, agravada por circunstancias de género, edad y origen étnico.
Después de la resolución dictada en el caso de los tres feminicidios de Cd. Juárez, esta nueva condena emitida en el caso de Rosendo Redilla, desaparecido por el gobierno Mexicano desde la llamada guerra sucia de los años sesenta, demuestra la continuidad de un perverso y criminal sistema de (in)justicia en este país, independientemente de las siglas diferentes de los partidos que los presiden.
He aquí el Boletín enviado por la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos
México, D.F., a 16 de diciembre de 2009
Boletín de prensa
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los derechos para todas y todos”
Sentencia de la Corte Interamericana pone en evidencia el grave incumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado que permanecen en la impunidad
Las organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas abajo firmantes, involucradas todas en la denuncia de los crímenes de estado cometidos en el pasado y en la preservación de la memoria histórica, nos congratulamos de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en razón de la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Ésta es fruto de la incansable demanda de justicia de sus familiares, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Al respecto, ante la opinión pública señalamos:
1. El caso Radilla ocurrió en un contexto caracterizado por la práctica sistemática de crímenes de lesa humanidad en contra de los opositores al régimen priísta de la época y, particularmente, en agravio de quienes optaron por participar en organizaciones armadas ante la ausencia de vías democráticas. En su sentencia la Corte reconoce plenamente la existencia de ese contexto. Se trata de un señalamiento de la mayor trascendencia pues el máximo tribunal de derechos humanos en la región consideró plenamente demostrado que a finales de los sesenta, durante los setenta y a inicios de los ochenta, la comisión de graves violaciones a derechos humanos fue una práctica sistemática, ordenada desde altos niveles del gobierno, que involucró -entre otras corporaciones- a las Fuerzas Armadas mexicanas.
2. La sentencia de la Corte Interamericana evidencia que las acciones hasta ahora emprendidas por el Estado han sido insuficientes para garantizar justicia, verdad y reparaciones. En cuanto a la justicia, el Tribunal señala con claridad que las investigaciones, iniciadas por la hoy extinta FEMOSPP y continuadas en la actualidad por la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, han sido ineficaces y poco serias. Respecto del acceso a la verdad, la Corte retoma el Informe a la Sociedad elaborado por la FEMOSPP -ocultado en su momento y hasta el presente por el Gobierno Federal- para destacar que no se ha respetado el derecho individual y colectivo a la verdad. Finalmente, en lo que concierne a las reparaciones, la Corte Interamericana considera probado que el Estado mexicano no se ha hecho cargo de resarcir en lo posible a las víctimas y a sus familiares.
3. Por lo anterior el caso Radilla es un aliciente esperanzador para quienes continuamos demandando justicia, verdad y reparaciones respecto de los crímenes de Estado cometidos en el pasado. La sentencia de la Corte muestra que no es posible transitar a la democracia sin que el Estado y la sociedad se hagan cargo del legado de violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado; también muestra que la impunidad conduce a que esas violaciones se sigan cometiendo y que deben ser realizadas reformas -como las relativas al fuero militar y a la adecuada tipificación de la desaparición forzada- para que tales crímenes sean completamente erradicados. La sentencia del caso Radilla habla tanto del pasado como del presente; aun más, señala aspectos que deben ser considerados para construir en el futuro un México justo, fincado en la memoria y el respeto a los derechos humanos.
El caso Radilla representa un triunfo histórico del movimiento civil por los derechos humanos. La responsabilidad de acatar el fallo, debe subrayarse, es del Estado en su conjunto. Consecuentemente, exigimos una respuesta de Estado a la altura de las circunstancias y rechazamos cualquier intento de evadir la responsabilidad estatal aduciendo que se trata de una cuestión del pasado que involucra a gobiernos anteriores. Tal respuesta debe construirse sobre el reconocimiento del derecho colectivo a la verdad; por ende, deben ser revisados los mecanismos creados hasta ahora para alcanzar este fin pues al día de hoy han sido infructuosos.
Finalmente, es importante destacar una vez más que el caso Radilla nos confronta con una verdad ineludible: la democracia no se consolida sin justicia, verdad y reparaciones respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado. Una sociedad que no se hace cargo de ese legado propicia -como lo observamos hoy- la repetición de crímenes deleznables.
Familia Guzmán Cruz
Fundación Diego Lucero
Nacidos en la Tempestad
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Comité de Madres de Detenidos Desaparecidos de Chihuahua
Después de la resolución dictada en el caso de los tres feminicidios de Cd. Juárez, esta nueva condena emitida en el caso de Rosendo Redilla, desaparecido por el gobierno Mexicano desde la llamada guerra sucia de los años sesenta, demuestra la continuidad de un perverso y criminal sistema de (in)justicia en este país, independientemente de las siglas diferentes de los partidos que los presiden.
He aquí el Boletín enviado por la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos
México, D.F., a 16 de diciembre de 2009
Boletín de prensa
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los derechos para todas y todos”
Sentencia de la Corte Interamericana pone en evidencia el grave incumplimiento de las obligaciones del Estado respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado que permanecen en la impunidad
Las organizaciones de derechos humanos, familiares y víctimas abajo firmantes, involucradas todas en la denuncia de los crímenes de estado cometidos en el pasado y en la preservación de la memoria histórica, nos congratulamos de la condena emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en razón de la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Ésta es fruto de la incansable demanda de justicia de sus familiares, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Al respecto, ante la opinión pública señalamos:
1. El caso Radilla ocurrió en un contexto caracterizado por la práctica sistemática de crímenes de lesa humanidad en contra de los opositores al régimen priísta de la época y, particularmente, en agravio de quienes optaron por participar en organizaciones armadas ante la ausencia de vías democráticas. En su sentencia la Corte reconoce plenamente la existencia de ese contexto. Se trata de un señalamiento de la mayor trascendencia pues el máximo tribunal de derechos humanos en la región consideró plenamente demostrado que a finales de los sesenta, durante los setenta y a inicios de los ochenta, la comisión de graves violaciones a derechos humanos fue una práctica sistemática, ordenada desde altos niveles del gobierno, que involucró -entre otras corporaciones- a las Fuerzas Armadas mexicanas.
2. La sentencia de la Corte Interamericana evidencia que las acciones hasta ahora emprendidas por el Estado han sido insuficientes para garantizar justicia, verdad y reparaciones. En cuanto a la justicia, el Tribunal señala con claridad que las investigaciones, iniciadas por la hoy extinta FEMOSPP y continuadas en la actualidad por la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, han sido ineficaces y poco serias. Respecto del acceso a la verdad, la Corte retoma el Informe a la Sociedad elaborado por la FEMOSPP -ocultado en su momento y hasta el presente por el Gobierno Federal- para destacar que no se ha respetado el derecho individual y colectivo a la verdad. Finalmente, en lo que concierne a las reparaciones, la Corte Interamericana considera probado que el Estado mexicano no se ha hecho cargo de resarcir en lo posible a las víctimas y a sus familiares.
3. Por lo anterior el caso Radilla es un aliciente esperanzador para quienes continuamos demandando justicia, verdad y reparaciones respecto de los crímenes de Estado cometidos en el pasado. La sentencia de la Corte muestra que no es posible transitar a la democracia sin que el Estado y la sociedad se hagan cargo del legado de violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado; también muestra que la impunidad conduce a que esas violaciones se sigan cometiendo y que deben ser realizadas reformas -como las relativas al fuero militar y a la adecuada tipificación de la desaparición forzada- para que tales crímenes sean completamente erradicados. La sentencia del caso Radilla habla tanto del pasado como del presente; aun más, señala aspectos que deben ser considerados para construir en el futuro un México justo, fincado en la memoria y el respeto a los derechos humanos.
El caso Radilla representa un triunfo histórico del movimiento civil por los derechos humanos. La responsabilidad de acatar el fallo, debe subrayarse, es del Estado en su conjunto. Consecuentemente, exigimos una respuesta de Estado a la altura de las circunstancias y rechazamos cualquier intento de evadir la responsabilidad estatal aduciendo que se trata de una cuestión del pasado que involucra a gobiernos anteriores. Tal respuesta debe construirse sobre el reconocimiento del derecho colectivo a la verdad; por ende, deben ser revisados los mecanismos creados hasta ahora para alcanzar este fin pues al día de hoy han sido infructuosos.
Finalmente, es importante destacar una vez más que el caso Radilla nos confronta con una verdad ineludible: la democracia no se consolida sin justicia, verdad y reparaciones respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado. Una sociedad que no se hace cargo de ese legado propicia -como lo observamos hoy- la repetición de crímenes deleznables.
Familia Guzmán Cruz
Fundación Diego Lucero
Nacidos en la Tempestad
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Comité de Madres de Detenidos Desaparecidos de Chihuahua
miércoles, 16 de diciembre de 2009
¡Hasta nos olvidamos de las goleadas!
Si la vida fuera un juego de futbol, que fea goleada recibiriamos cada año. Goleados por el desempleo, goleados por los bajos salarios, goleados por las jornadas de explotacion laboral, goleados por los feminicidios, goleados por injusticias como el cierre de LyF, Atenco, etc etc...
Por eso el pueblo (de Monterrey, en este caso) enloquece cuando por fin ve una buena, aunque sea en el deporte-negocio; además, ahi están los medios para elevar el triunfo hasta el espacio sideral, y el Gobierno del Estado gastando recursos públicos con tal de ganar un lugarcito en el carro de la victoria.
Durante el desfile de la apoteosis por las calles del centro (desfile que ahora no generó ninguna protesta, al contrario de la carrera de 3 mil esforzados maratonistas), un periodico burgues dijo que desde la visita del Papa no se veia una multitud semejante. Lo cual parece confirmar que el nuevo opio del pueblo es el futbol. Pero no me juzguen mal:
No me opongo al festejo, lo celebro / Me opongo al estúpido y al pillo /
al "Monterrey ladrón de mi cerebro" / y al Gobierno ladrón de mi bolsillo
miércoles, 9 de diciembre de 2009
La Radio y los días. Injusticia circular: la lucha por la tierra en Topo Chico
1926. Se calculaba que hasta los años de la revolución, los grandes capitalistas y terratenientes Domingo Treviño, Santiago Belden, Francisco Armendáiz y Arcadio Cavazos habían despojado a la comunidad de San Bernabé del Topo Chico de un 60 por ciento de terrenos laborables. La desequilibrada composición de la Asamblea de Accionistas de la Comunidad permitía el despojo. La multitud de pequeños accionistas apenas representaba una fracción del poder de decisión de los grandes socios, quienes sostenían como Presidente de la Junta Directiva a Joaquín Armendáiz, hijo de don Francisco, el emigrante español convertido en poderoso capitalista y terrateniente de esta ciudad.
Los pobladores del Topo Chico llegaron al límite de la tolerancia cuando en 1922 la Junta Directiva de la comunidad, presidida por Armendáiz, cedió una franja de tierra a Silvano Delgado, accionista y fuerte introductor de ganado en la región. Delgado mandó cercar sus nuevas propiedades, impidiendo el acceso natural a aquellas partes del cerro por donde los vecinos sacaban cargas de leña y piedra. La situación tomó el carácter de agravio a la comunidad. Por siglos, los comuneros habían subido al cerro a utilizar los escasos recursos que la naturaleza avara ofrecía a los empobrecidos vecinos. Ahora, los hombres del dinero no sólo los despojaban de las mejores tierras, sino incluso del acceso al cerro.
Una noche de diciembre de ese año, los pobladores del Topo Chico llenaron el local de la escuela. Hasta los más pacíficos exigieron acabar con esa situación de muerte lenta, al precio que fuera necesario. Hombres de pocas palabras, esa noche hallaron las suficientes para recordar con ironía que el pueblo mexicano, sus campesinos, principalmente, acababan de irse a morir por todos los rincones del país para terminar por siempre con los odiados terratenientes y los abusos de los poderosos, pero parecía que su sangre más bien estaba sirviendo de abono a esa mala hierba.
En ese momento, algunos de los pequeños accionistas comunicaron a la reunión que desde hacía un año los grandes propietarios habían decidido acelerar la disolución de la comunidad, temerosos de de ser afectados por los repartos agrarios que se efectuaban en otras latitudes del país. Comprendieron todos que estaban no sólo en gran desventaja de fuerzas, sino en una carrera casi perdida contra el tiempo.
El desaliento cortó en seco las discusiones que por momentos habían cobrado un calor inusitado entre aquellos hombres acostumbrados a callar.
Alguien intervino entonces para hacer ver que la unidad de los pequeños accionistas con la mayoría de los vecinos sin tierras, era la salvación. Unidad en torno a un objetivo común: la restitución de tierras para quienes realmente las trabajaban, tal como habían demandado los campesinos del sur. Tenían la razón y la fuerza moral, que al final darían la victoria por encima de leyes injustas y ejércitos que respaldaran a éstas.
Hombres sencillos, rudos, comprendieron cabalmente el mensaje de uno de los suyos: tenían la fuerza de la razón y si además se unían, tendrían la fuerza de la unidad y la decisión de luchar. Oyeron también que muchos campesinos de todo el país exigían el cumplimiento de las promesas de la revolución: eran los agraristas, que pedían tierras para cultivar y armas para defenderlas. Los comuneros del Topo Chico también levantarían la bandera del agrarismo.
Esa noche, las palabras valieron por los silencios pasados y futuros y cuando volvieron a los humildes jacales, no había más dudas ni incertidumbres. Los habitantes del Topo se habían puesto de pie e iniciarían una ardua e intensa lucha por la restitución de tierras.
El 12 de agosto de 1926 se decretó la dotación de 1440 hectáreas para constituir el Ejido de San Bernabé del Topo Chico.
83 años después, los nietos de algunos de los protagonistas de aquellas luchas se hacen millonarios con ventas fraudulentas de las que fueron tierras ejidales.
Los pobladores del Topo Chico llegaron al límite de la tolerancia cuando en 1922 la Junta Directiva de la comunidad, presidida por Armendáiz, cedió una franja de tierra a Silvano Delgado, accionista y fuerte introductor de ganado en la región. Delgado mandó cercar sus nuevas propiedades, impidiendo el acceso natural a aquellas partes del cerro por donde los vecinos sacaban cargas de leña y piedra. La situación tomó el carácter de agravio a la comunidad. Por siglos, los comuneros habían subido al cerro a utilizar los escasos recursos que la naturaleza avara ofrecía a los empobrecidos vecinos. Ahora, los hombres del dinero no sólo los despojaban de las mejores tierras, sino incluso del acceso al cerro.
Una noche de diciembre de ese año, los pobladores del Topo Chico llenaron el local de la escuela. Hasta los más pacíficos exigieron acabar con esa situación de muerte lenta, al precio que fuera necesario. Hombres de pocas palabras, esa noche hallaron las suficientes para recordar con ironía que el pueblo mexicano, sus campesinos, principalmente, acababan de irse a morir por todos los rincones del país para terminar por siempre con los odiados terratenientes y los abusos de los poderosos, pero parecía que su sangre más bien estaba sirviendo de abono a esa mala hierba.
En ese momento, algunos de los pequeños accionistas comunicaron a la reunión que desde hacía un año los grandes propietarios habían decidido acelerar la disolución de la comunidad, temerosos de de ser afectados por los repartos agrarios que se efectuaban en otras latitudes del país. Comprendieron todos que estaban no sólo en gran desventaja de fuerzas, sino en una carrera casi perdida contra el tiempo.
El desaliento cortó en seco las discusiones que por momentos habían cobrado un calor inusitado entre aquellos hombres acostumbrados a callar.
Alguien intervino entonces para hacer ver que la unidad de los pequeños accionistas con la mayoría de los vecinos sin tierras, era la salvación. Unidad en torno a un objetivo común: la restitución de tierras para quienes realmente las trabajaban, tal como habían demandado los campesinos del sur. Tenían la razón y la fuerza moral, que al final darían la victoria por encima de leyes injustas y ejércitos que respaldaran a éstas.
Hombres sencillos, rudos, comprendieron cabalmente el mensaje de uno de los suyos: tenían la fuerza de la razón y si además se unían, tendrían la fuerza de la unidad y la decisión de luchar. Oyeron también que muchos campesinos de todo el país exigían el cumplimiento de las promesas de la revolución: eran los agraristas, que pedían tierras para cultivar y armas para defenderlas. Los comuneros del Topo Chico también levantarían la bandera del agrarismo.
Esa noche, las palabras valieron por los silencios pasados y futuros y cuando volvieron a los humildes jacales, no había más dudas ni incertidumbres. Los habitantes del Topo se habían puesto de pie e iniciarían una ardua e intensa lucha por la restitución de tierras.
El 12 de agosto de 1926 se decretó la dotación de 1440 hectáreas para constituir el Ejido de San Bernabé del Topo Chico.
83 años después, los nietos de algunos de los protagonistas de aquellas luchas se hacen millonarios con ventas fraudulentas de las que fueron tierras ejidales.
¿Para quién trabaja realmente Fomerrey?
-- Me fui a vivir ahí porque me dijeron que era legal, que el ejidatario ya podía vender legalmente los terrenos…
-- Pues sí, pero para fraccionar necesita el permiso municipal, si no lo tiene, la venta es ilegal.
-- El ejidatario contrató a un hombre que nos enseñó un montón de papeles y uno qué va a saber... Además, éste siempre andaba en los pasillos del Palacio Municipal, decía que era amigo de la alcaldesa.
-- Pues ya ve que eso no lo salvó de ir a la cárcel.
-- No, pero mientras se hinchó de billetes, hasta que le llovieron las denuncias por fraude.
-- ¿Y cómo cayeron en que había fraude?
-- Pos nos dijeron que no podíamos meter los servicios porque no estaba autorizada la venta de lotes. Además, que no ha entregado ni una escritura a la gente que le acabó de pagar…
--¿Y así han estado viviendo, sin agua, sin drenaje, sin luz, como posesionarios?
-- ¡Ah, eso sí que no! Nosotros somos compradores, no posesionarios.
-- Pues aunque hayan pagado son posesionarios. No tienen ningún documento legal que demuestre que son propietarios de los terrenos que habitan.
-- Por eso vimos bien cuando Fomerrey entró hace dos años y gestionó los permisos en la Presidencia Municipal. Lo malo es que después de que intervino Fomerrey y firmamos los contratos a $150 el metro, el mismo Fomerrey permite que el apoderado del dueño nos venda al triple!
-- O sea que Fomerrey limpia las porquerías de los defraudadores: el ex ejidatario y su agente de ventas. Obtiene el permiso de fraccionar, le aprueban la urbanización progresiva para poder vender sin contar con los servicios ¡y todavía permiten que el lote contratado por 15 mil pesos pase a costar 45 mil sin haber gastado un centavo en servicios! Se supone que la urbanización progresiva se aplica para combatir el precarismo…
-- ¡Y qué podemos hacer nosotros, si ya hasta nos tiene demandados y con la amenaza de desalojo y cárcel! Dicen que nos van a hacer como en Las Monclovas, que ya están cobrando 600 y hasta 800 pesos metro. Y precisamente es estos tiempos, cuando no hay trabajo… No deben ser tan crueles, que nos dicen: “llévense los bloques y las ventanas, porque el terreno no es de ustedes”.
La pobre mujer se estruja una mano contra otra compulsivamente. ¿Siempre serán las cosas así, un puñado de vivales, aprovechando su relación con las autoridades, para sangrar a los más indefensos? Sobre el infierno vivido estos años, al ver a los hijos sufrir las inclemencias del calor o del frío bajo un techo de lámina con una fosa negra junto a la cocina y los tambos mohosos para almacenar el agua, será posible todavía que las autoridades se coludan con este despojo?
La Asociación Civil Tierra y Libertad va por esta respuesta a Fomerrey el 15 de diciembre.
-- Pues sí, pero para fraccionar necesita el permiso municipal, si no lo tiene, la venta es ilegal.
-- El ejidatario contrató a un hombre que nos enseñó un montón de papeles y uno qué va a saber... Además, éste siempre andaba en los pasillos del Palacio Municipal, decía que era amigo de la alcaldesa.
-- Pues ya ve que eso no lo salvó de ir a la cárcel.
-- No, pero mientras se hinchó de billetes, hasta que le llovieron las denuncias por fraude.
-- ¿Y cómo cayeron en que había fraude?
-- Pos nos dijeron que no podíamos meter los servicios porque no estaba autorizada la venta de lotes. Además, que no ha entregado ni una escritura a la gente que le acabó de pagar…
--¿Y así han estado viviendo, sin agua, sin drenaje, sin luz, como posesionarios?
-- ¡Ah, eso sí que no! Nosotros somos compradores, no posesionarios.
-- Pues aunque hayan pagado son posesionarios. No tienen ningún documento legal que demuestre que son propietarios de los terrenos que habitan.
-- Por eso vimos bien cuando Fomerrey entró hace dos años y gestionó los permisos en la Presidencia Municipal. Lo malo es que después de que intervino Fomerrey y firmamos los contratos a $150 el metro, el mismo Fomerrey permite que el apoderado del dueño nos venda al triple!
-- O sea que Fomerrey limpia las porquerías de los defraudadores: el ex ejidatario y su agente de ventas. Obtiene el permiso de fraccionar, le aprueban la urbanización progresiva para poder vender sin contar con los servicios ¡y todavía permiten que el lote contratado por 15 mil pesos pase a costar 45 mil sin haber gastado un centavo en servicios! Se supone que la urbanización progresiva se aplica para combatir el precarismo…
-- ¡Y qué podemos hacer nosotros, si ya hasta nos tiene demandados y con la amenaza de desalojo y cárcel! Dicen que nos van a hacer como en Las Monclovas, que ya están cobrando 600 y hasta 800 pesos metro. Y precisamente es estos tiempos, cuando no hay trabajo… No deben ser tan crueles, que nos dicen: “llévense los bloques y las ventanas, porque el terreno no es de ustedes”.
La pobre mujer se estruja una mano contra otra compulsivamente. ¿Siempre serán las cosas así, un puñado de vivales, aprovechando su relación con las autoridades, para sangrar a los más indefensos? Sobre el infierno vivido estos años, al ver a los hijos sufrir las inclemencias del calor o del frío bajo un techo de lámina con una fosa negra junto a la cocina y los tambos mohosos para almacenar el agua, será posible todavía que las autoridades se coludan con este despojo?
La Asociación Civil Tierra y Libertad va por esta respuesta a Fomerrey el 15 de diciembre.
lunes, 7 de diciembre de 2009
Arremete la CIRT a dos manos contra las Radios Comuntarias
A unos cuantos días de que uno de sus personeros en el Congreso,el priista Andres Massieu Fernandez, ex Director de la Cámara de la Industria de Radio y TV (CIRT) en 2006-2009, propusiera una reforma a la Ley Federal de Radio y TV para que coincida con la Ley de Bienes Nacionales en cuanto a la criminalización del derecho de libre expresión, la misma Cámara publicó el día de hoy en varios medios de difusión nacional un desplegado en el que arremete contra el proyecto que el Senador del PRD Carlos Sotelo presenta este mismo día en la Comisión de Radio y Tv del Senado, proyecto que propone reconocer a las radios comunitarias y facilitar su existencia.
¡Son las leyes del Chavismo! -clama histéricamente el oligopolio, tratando de confundir a la ciudadanía.
He aquí el repaso con que AMARC-México tunde a la mezquina Cámara.
AMARC-México rechaza afirmaciones de la CIRT
México D.F., a 7 de diciembre de 2009.- AMARC-México rechaza el contenido del desplegado aparecido el día de hoy en diarios de circulación nacional patrocinado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) mediante el cual expresa que “se pretende legislar los designios del chavismo en México” debido a la intención de reconocer a los medios comunitarios.
Tales aseveraciones demuestran un desconocimiento respecto del sector comunitario y del ejercicio de la libertad de expresión por parte de los empresarios de la radio y la televisión lo cual resulta sumamente preocupante.
La radio y televisión comunitaria tienen una trascendencia social debido a que posibilitan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y son actores fundamentales para el desarrollo comunitario. Esto ha sido reconocido por los países más democráticos desde hace más de cincuenta años que no sólo han plasmando este tipo de medios y sus características en sus más altos ordenamientos legales, sino que además han establecido políticas públicas decididas encaminadas al desarrollo de la radio y televisión comunitaria, tal como sucede en Francia, Canadá, Inglaterra, entre otros. Esto como parte de la pluralidad y diversidad mediática necesaria en cualquier democracia. La labor insustituible de estas emisoras ha sido reconocida y apoyada por organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) y el Banco Mundial.
Cabe recordar que en México 13 radios comunitarias llevan operando con permiso en el país con pleno apego a la legalidad y a los intereses comunitarios y sociales, algunas de ellas merecedoras de Premios Nacionales de Periodismo por su trabajo informativo orientado al servicio de la sociedad. Al mismo tiempo recordamos que en sus más recientes visitas académicas de los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU han expresado la necesidad de establecer un marco normativo equitativo que reconozca a los medios comunitarios, así como que el gobierno deje de acosarlas y perseguirlas mediante procedimientos penales.
Lo simplista y burdo de las afirmaciones hechas por parte de la CIRT hacen suponer que este desplegado fue emitido a fin de montar una cortina de humo que dificulte la discusión pública sobre los asuntos de fondo respecto de las reformas necesarias a las leyes que regulan la radio, televisión y telecomunicaciones.
Como Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) no podemos más que lamentar dichas afirmaciones, que rayan en el delirio y que desafortunadamente provienen de un sector que debiera conocer a fondo la importancia de los medios comunitarios. Con estas acciones, la CIRT demuestra que no tiene intenciones de permitir una democratización de los medios y el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.
¡Son las leyes del Chavismo! -clama histéricamente el oligopolio, tratando de confundir a la ciudadanía.
He aquí el repaso con que AMARC-México tunde a la mezquina Cámara.
AMARC-México rechaza afirmaciones de la CIRT
México D.F., a 7 de diciembre de 2009.- AMARC-México rechaza el contenido del desplegado aparecido el día de hoy en diarios de circulación nacional patrocinado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) mediante el cual expresa que “se pretende legislar los designios del chavismo en México” debido a la intención de reconocer a los medios comunitarios.
Tales aseveraciones demuestran un desconocimiento respecto del sector comunitario y del ejercicio de la libertad de expresión por parte de los empresarios de la radio y la televisión lo cual resulta sumamente preocupante.
La radio y televisión comunitaria tienen una trascendencia social debido a que posibilitan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y son actores fundamentales para el desarrollo comunitario. Esto ha sido reconocido por los países más democráticos desde hace más de cincuenta años que no sólo han plasmando este tipo de medios y sus características en sus más altos ordenamientos legales, sino que además han establecido políticas públicas decididas encaminadas al desarrollo de la radio y televisión comunitaria, tal como sucede en Francia, Canadá, Inglaterra, entre otros. Esto como parte de la pluralidad y diversidad mediática necesaria en cualquier democracia. La labor insustituible de estas emisoras ha sido reconocida y apoyada por organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) y el Banco Mundial.
Cabe recordar que en México 13 radios comunitarias llevan operando con permiso en el país con pleno apego a la legalidad y a los intereses comunitarios y sociales, algunas de ellas merecedoras de Premios Nacionales de Periodismo por su trabajo informativo orientado al servicio de la sociedad. Al mismo tiempo recordamos que en sus más recientes visitas académicas de los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU han expresado la necesidad de establecer un marco normativo equitativo que reconozca a los medios comunitarios, así como que el gobierno deje de acosarlas y perseguirlas mediante procedimientos penales.
Lo simplista y burdo de las afirmaciones hechas por parte de la CIRT hacen suponer que este desplegado fue emitido a fin de montar una cortina de humo que dificulte la discusión pública sobre los asuntos de fondo respecto de las reformas necesarias a las leyes que regulan la radio, televisión y telecomunicaciones.
Como Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) no podemos más que lamentar dichas afirmaciones, que rayan en el delirio y que desafortunadamente provienen de un sector que debiera conocer a fondo la importancia de los medios comunitarios. Con estas acciones, la CIRT demuestra que no tiene intenciones de permitir una democratización de los medios y el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.
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