Bombardeo de spots electorales: castigo para el público y para las radios comunitarias

Un atroz bombardeo de spots (¡96 diarios, de 6 de la mañana a 12 de la noche!) se abatirá inmisericorde sobre la población de México a partir del 18 de diciembre y hasta el 1 de julio de 2012, a través de la radio y la televisión públicas.
Las radios comunitarias permisionadas, desafortunadamente, no podemos sustraernos a las imposiciones de la ley (COFIPE y Reglamento de radio y TV en materia electoral) porque las sanciones que éstas imponen en caso de negativa de transmisión, omisión o manipulación de los citados spots pueden ser tan severas que pongan en riesgo la permanencia de la ya de por sí precaria existencia de estas radios.
Sin embargo, el derecho de libre expresión que es una de las razones esenciales de ser de las radios comunitarias, nos permite declarar que esta imposición de la ley es contraria a la naturaleza y a los objetivos de las radios comunitarias.
Las radios comunitarias pertenecen a la comunidad, sirven a la comunidad, invitan y fomentan la participación de la comunidad para el desarrollo y progreso de la misma. ¿Qué tiene ésto de común con las prácticas de los partidos políticos y con los procesos electorales en México?
La Constitución Mexicana garantiza el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, pero la ley electoral, una ley inferior a la norma constitucional, niega este derecho fundamental de la ciudadanía. Según la Constitución, "el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno" (Art. 39), pero en los hechos, la ley niega el simple derecho ciudadano de revocar el mandato de cualquier alcalde, diputado, gobernador, etc., por comprobado que sea su carácter de ladrón, defraudador, asesino, pederasta, cómplice del narco y todo el largo etcétera criminal que describe a las supuestas autoridades o representantes populares. Hay que transmitir 96 spots que hablan de democracia en México, pero aquí tenemos de entrada dos derechos ciudadanos básicos, negados por el Estado mexicano, incluyendo a sus principales beneficiarios, los partidos registrados.
Las radios comunitarias no tienen fines de lucro, se organizan a partir de la comunidad con personal voluntario, es decir, sin sueldo Su satisfacción es trabajar para lograr una comunidad informada, consciente, crítica y participativa para transformar su injusta realidad actual. Los partidos políticos registrados en México, por el contrario, se caracterizan por privilegiar sus mezquinos intereses de grupo, por impulsar el enriquecimiento de sus integrantes, por sangrar el erario público a través de colosales partidas presupuestales que debían provocarles vergüenza, si alguna tuvieran, frente a la miseria y el hambre del pueblo.
Las radios comerciales sufren también por esta carga, pero por muy diferente razón. Ellas pierden espacios que representan publicidad, es decir: dinero; “el tiempo es oro”, su divisa principal, queda frustrada por la ley electoral. Para las radios comunitarias, publicar las falaces promesas de los candidatos de los partidos registrados (sin excepción), promover los procesos electorales que los partidos políticos son los priimeros en corromper y difundir los llamados de las autoridades electorales que desconocen los derechos más básicos de la ciudadanía es, por decir lo menos, un contrasentido; es también una lamentable pérdida de espacios que podían ser cubiertos por programas de asesoría, de análisis, de información, o simplemente por canciones del gusto popular, más provechosas que el más elaborado spot de los 96 que diariamente impulsan al (la) radioescucha a apagar su aparato receptor.
Dicho lo anterior, pedimos disculpas por esta carga que lastra la programación de nuestra radio y que impone al voluntariado de la misma una tarea que ya de por sí es muy complicada y laboriosa para los profesionales, con más razón para quienes carecemos de recursos económicos para disponer de personal técnico asalariado, profesional y experimentado e3n estos manejos.
La viabilidad de las radios comunitarias, como se ve, lejos de adquirir sustento en una ley que les dé plena vigencia, encuentra cada vez mayores y más deleznables obstáculos. Trabajemos para que esta injusta y vergonzosa condición pronto se revierta.