-- Me fui a vivir ahí porque me dijeron que era legal, que el ejidatario ya podía vender legalmente los terrenos…
-- Pues sí, pero para fraccionar necesita el permiso municipal, si no lo tiene, la venta es ilegal.
-- El ejidatario contrató a un hombre que nos enseñó un montón de papeles y uno qué va a saber... Además, éste siempre andaba en los pasillos del Palacio Municipal, decía que era amigo de la alcaldesa.
-- Pues ya ve que eso no lo salvó de ir a la cárcel.
-- No, pero mientras se hinchó de billetes, hasta que le llovieron las denuncias por fraude.
-- ¿Y cómo cayeron en que había fraude?
-- Pos nos dijeron que no podíamos meter los servicios porque no estaba autorizada la venta de lotes. Además, que no ha entregado ni una escritura a la gente que le acabó de pagar…
--¿Y así han estado viviendo, sin agua, sin drenaje, sin luz, como posesionarios?
-- ¡Ah, eso sí que no! Nosotros somos compradores, no posesionarios.
-- Pues aunque hayan pagado son posesionarios. No tienen ningún documento legal que demuestre que son propietarios de los terrenos que habitan.
-- Por eso vimos bien cuando Fomerrey entró hace dos años y gestionó los permisos en la Presidencia Municipal. Lo malo es que después de que intervino Fomerrey y firmamos los contratos a $150 el metro, el mismo Fomerrey permite que el apoderado del dueño nos venda al triple!
-- O sea que Fomerrey limpia las porquerías de los defraudadores: el ex ejidatario y su agente de ventas. Obtiene el permiso de fraccionar, le aprueban la urbanización progresiva para poder vender sin contar con los servicios ¡y todavía permiten que el lote contratado por 15 mil pesos pase a costar 45 mil sin haber gastado un centavo en servicios! Se supone que la urbanización progresiva se aplica para combatir el precarismo…
-- ¡Y qué podemos hacer nosotros, si ya hasta nos tiene demandados y con la amenaza de desalojo y cárcel! Dicen que nos van a hacer como en Las Monclovas, que ya están cobrando 600 y hasta 800 pesos metro. Y precisamente es estos tiempos, cuando no hay trabajo… No deben ser tan crueles, que nos dicen: “llévense los bloques y las ventanas, porque el terreno no es de ustedes”.
La pobre mujer se estruja una mano contra otra compulsivamente. ¿Siempre serán las cosas así, un puñado de vivales, aprovechando su relación con las autoridades, para sangrar a los más indefensos? Sobre el infierno vivido estos años, al ver a los hijos sufrir las inclemencias del calor o del frío bajo un techo de lámina con una fosa negra junto a la cocina y los tambos mohosos para almacenar el agua, será posible todavía que las autoridades se coludan con este despojo?
La Asociación Civil Tierra y Libertad va por esta respuesta a Fomerrey el 15 de diciembre.
miércoles, 9 de diciembre de 2009
lunes, 7 de diciembre de 2009
Arremete la CIRT a dos manos contra las Radios Comuntarias
A unos cuantos días de que uno de sus personeros en el Congreso,el priista Andres Massieu Fernandez, ex Director de la Cámara de la Industria de Radio y TV (CIRT) en 2006-2009, propusiera una reforma a la Ley Federal de Radio y TV para que coincida con la Ley de Bienes Nacionales en cuanto a la criminalización del derecho de libre expresión, la misma Cámara publicó el día de hoy en varios medios de difusión nacional un desplegado en el que arremete contra el proyecto que el Senador del PRD Carlos Sotelo presenta este mismo día en la Comisión de Radio y Tv del Senado, proyecto que propone reconocer a las radios comunitarias y facilitar su existencia.
¡Son las leyes del Chavismo! -clama histéricamente el oligopolio, tratando de confundir a la ciudadanía.
He aquí el repaso con que AMARC-México tunde a la mezquina Cámara.
AMARC-México rechaza afirmaciones de la CIRT
México D.F., a 7 de diciembre de 2009.- AMARC-México rechaza el contenido del desplegado aparecido el día de hoy en diarios de circulación nacional patrocinado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) mediante el cual expresa que “se pretende legislar los designios del chavismo en México” debido a la intención de reconocer a los medios comunitarios.
Tales aseveraciones demuestran un desconocimiento respecto del sector comunitario y del ejercicio de la libertad de expresión por parte de los empresarios de la radio y la televisión lo cual resulta sumamente preocupante.
La radio y televisión comunitaria tienen una trascendencia social debido a que posibilitan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y son actores fundamentales para el desarrollo comunitario. Esto ha sido reconocido por los países más democráticos desde hace más de cincuenta años que no sólo han plasmando este tipo de medios y sus características en sus más altos ordenamientos legales, sino que además han establecido políticas públicas decididas encaminadas al desarrollo de la radio y televisión comunitaria, tal como sucede en Francia, Canadá, Inglaterra, entre otros. Esto como parte de la pluralidad y diversidad mediática necesaria en cualquier democracia. La labor insustituible de estas emisoras ha sido reconocida y apoyada por organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) y el Banco Mundial.
Cabe recordar que en México 13 radios comunitarias llevan operando con permiso en el país con pleno apego a la legalidad y a los intereses comunitarios y sociales, algunas de ellas merecedoras de Premios Nacionales de Periodismo por su trabajo informativo orientado al servicio de la sociedad. Al mismo tiempo recordamos que en sus más recientes visitas académicas de los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU han expresado la necesidad de establecer un marco normativo equitativo que reconozca a los medios comunitarios, así como que el gobierno deje de acosarlas y perseguirlas mediante procedimientos penales.
Lo simplista y burdo de las afirmaciones hechas por parte de la CIRT hacen suponer que este desplegado fue emitido a fin de montar una cortina de humo que dificulte la discusión pública sobre los asuntos de fondo respecto de las reformas necesarias a las leyes que regulan la radio, televisión y telecomunicaciones.
Como Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) no podemos más que lamentar dichas afirmaciones, que rayan en el delirio y que desafortunadamente provienen de un sector que debiera conocer a fondo la importancia de los medios comunitarios. Con estas acciones, la CIRT demuestra que no tiene intenciones de permitir una democratización de los medios y el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.
¡Son las leyes del Chavismo! -clama histéricamente el oligopolio, tratando de confundir a la ciudadanía.
He aquí el repaso con que AMARC-México tunde a la mezquina Cámara.
AMARC-México rechaza afirmaciones de la CIRT
México D.F., a 7 de diciembre de 2009.- AMARC-México rechaza el contenido del desplegado aparecido el día de hoy en diarios de circulación nacional patrocinado por la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) mediante el cual expresa que “se pretende legislar los designios del chavismo en México” debido a la intención de reconocer a los medios comunitarios.
Tales aseveraciones demuestran un desconocimiento respecto del sector comunitario y del ejercicio de la libertad de expresión por parte de los empresarios de la radio y la televisión lo cual resulta sumamente preocupante.
La radio y televisión comunitaria tienen una trascendencia social debido a que posibilitan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y son actores fundamentales para el desarrollo comunitario. Esto ha sido reconocido por los países más democráticos desde hace más de cincuenta años que no sólo han plasmando este tipo de medios y sus características en sus más altos ordenamientos legales, sino que además han establecido políticas públicas decididas encaminadas al desarrollo de la radio y televisión comunitaria, tal como sucede en Francia, Canadá, Inglaterra, entre otros. Esto como parte de la pluralidad y diversidad mediática necesaria en cualquier democracia. La labor insustituible de estas emisoras ha sido reconocida y apoyada por organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (PNUD) y el Banco Mundial.
Cabe recordar que en México 13 radios comunitarias llevan operando con permiso en el país con pleno apego a la legalidad y a los intereses comunitarios y sociales, algunas de ellas merecedoras de Premios Nacionales de Periodismo por su trabajo informativo orientado al servicio de la sociedad. Al mismo tiempo recordamos que en sus más recientes visitas académicas de los Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU han expresado la necesidad de establecer un marco normativo equitativo que reconozca a los medios comunitarios, así como que el gobierno deje de acosarlas y perseguirlas mediante procedimientos penales.
Lo simplista y burdo de las afirmaciones hechas por parte de la CIRT hacen suponer que este desplegado fue emitido a fin de montar una cortina de humo que dificulte la discusión pública sobre los asuntos de fondo respecto de las reformas necesarias a las leyes que regulan la radio, televisión y telecomunicaciones.
Como Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) no podemos más que lamentar dichas afirmaciones, que rayan en el delirio y que desafortunadamente provienen de un sector que debiera conocer a fondo la importancia de los medios comunitarios. Con estas acciones, la CIRT demuestra que no tiene intenciones de permitir una democratización de los medios y el pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión en el país.
viernes, 4 de diciembre de 2009
Vamos con Víctor por ancho camino
Durante dos días, 4 y 5 de diciembre, el pueblo chileno vela los restos de Víctor Jara, artista del canto comprometido con las luchas de su país y de los pueblos latinoamericanos.
Víctor fue despadazado literalmente por los esbirros de Augusto Pinochet el 16 de septiembre de 1973, en ese espantoso final de la ilusión de llegar al socialismo por la vía pacífica. Torturado atrozmente, murió acribillado con 44 impactos de bala en su cuerpo. Hoy está más vivo que nunca en la memoria del Chile digno y conciente.
Su voz tuvo un espacio privilegiado en la radio comunitaria.
Puedes bajar esa joya que es su creación "Vamos por ancho camino", si no nos falla este clicK:
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PRI criminaliza ejercicio de libertad de expresión con propuesta de ley
• Propone hasta 12 años de prisión a quien instale, opere, hable, colabore o venda equipos a radios o televisoras sin autorización.
México, D. F. 4 de diciembre de 2009. De acuerdo a lo publicado por la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del 3 de diciembre de 2009, el Diputado Andrés Massieu Fernández, del grupo parlamentario del PRI, propone una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRyT) para hacer uso de la legislación penal a fin de encarcelar a quienes operen sin permiso estaciones de radio o televisión, situación que se da en nuestro país especialmente en comunidades indígenas y campesinas de alta marginalidad, ya que la ley actual da un margen de discrecionalidad tan alto a la autoridad competente para otorgar permisos que para muchas de ellas es casi imposible cumplir con los requisitos establecidos.
Muchas de estas comunidades han solicitado autorización para transmitir, sustentando la necesidad social de un medio comunitario y no han recibido respuesta por parte de la autoridad. Esta omisión de las instancias competentes se debe a la falta de voluntad política, así como a “la ausencia de criterios definidos y fundamentados en el marco regulatorio relativo a la operación de estaciones de medios de comunicación comunitarios, que acoten el marco de discrecionalidad, especialmente en cuanto a plazos de respuesta, requisitos e instancias de decisión”, tal y como lo estableció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el comunicado emitido el 11 de noviembre de este año referente AL exhorto emitido por esta dependencia al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas.
En lugar de focalizar las acciones legislativas a fin de establecer una normatividad que “otorgue certeza jurídica a las radios que buscan obtener permiso para operar legalmente”, tal como lo señala la CNDH, el PRI propone medidas represivas en contra de comunidades que buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión, pues el uso de la vía penal es desproporcional y abusiva. Además de aprobarse esta iniciativa, muchos presidentes municipales también irían a la cárcel, pues como las mismas autoridades lo han documentado, existen múltiples emisoras sin concesión o permiso que son instaladas por las autoridades locales, por lo que el PRI llevaría a prisión a miembros de su propio partido.
Asimismo es importante resaltar que la Relatoría para Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en múltiples informes, ha señalado que una de las formas indirectas de coartar el ejercicio de la libertad de expresión es a través del abuso de controles oficiales o particulares de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
Concretamente, en su informe 2008, la Relatoría recuerda al Estado Mexicano que las “asignaciones de frecuencia de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”.
Es menester hacer hincapié en que las restricciones a la libertad de expresión, como lo son limitar el acceso de las comunidades al uso y operación de una frecuencia radioeléctrica, sólo pueden estar justificadas por una necesidad imperante y proporcionada al fin legítimo que persigue, tan es así que la CNDH solicitó a la SCT que, en los casos de los medios comunitarios que no cuentan con permiso para operar, se procure agotar el procedimiento administrativo previsto en la LFRyT, con el fin de garantizar la mínima afectación de los derechos fundamentales.
En su exposición de motivos el Diputado Andrés Massieu Fernández asegura que las infracciones previstas en la LFRyT son “insuficientes por los avances tecnológicos y las nuevas formas de criminalidad”, pero recordemos que en diversos casos en que se iniciaron acciones penales contra radios comunitarias que operaban sin permiso la misma autoridad reguladora ha reconocido que no se inició un proceso administrativo en contra de los infractores; es decir, en estos casos se buscaba abiertamente criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión y no la defensa del bien jurídicamente tutelado, que es el espacio radioeléctrico, tales son los casos de Héctor Camero de Monterrey y Rosa Cruz, indígena purépecha de Michoacán, quienes actualmente por demandas de Gobernación enfrentan un proceso penal con riesgo de cárcel.
La iniciativa propone además llevar a prisión a quien instale, opere, hable, colabore y venda equipo a emisoras sin autorización, una desproporcionalidad que llevaría a cientos de indígenas, campesinos y pobres a privarlos de su libertad por ejercer su libertad de expresión. Esta criminalización es discriminatoria y es sumamente preocupante que el PRI impulse la represión y la violación de los derechos humanos.
El enfoque que debe permear iniciativas como la que presenta el PRI no debería ser en aras de restringir la libertad de expresión o por razones económicas sino que la legislación de la materia debe buscar proteger la pluralidad de la información y sobre todo velar por un efectivo ejercicio de la libertad de expresión, derecho considerado como piedra angular de la democracia.
Con estas acciones el PRI no solamente incumple con lo establecido en el exhorto emitido por la CNDH sino además resulta violatorio de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos que el estado mexicano se ha comprometido a respetar y sobre todo la propia Constitución Mexicana, pues, para el caso de las comunidades indígenas y equiparables en su artículo 2 inciso B fracción VI mandata a la Federación, Estados y Municipios a “establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación”.
Las y los legisladores debieran velar por el bien común, la democracia y la justicia y no establecer marcos normativos que limitan y criminalizan a los más excluidos en nuestro país; el Diputado Andrés Massieu Fernández, ex empleado de medios electrónicos comerciales, demuestra con esta iniciativa su gran desconocimiento de los derechos humanos y posturas represivas contrarias a cualquier régimen democrático.
Organizaciones Firmantes:
• Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)
• Artículo 19
• Asociación para el desarrollo integral de personas violadas, A. C. (Adivac)
• Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P.
• Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos)
• Fundar, Centro de Análisis e Investigación
• Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos para todos y todas”
FOTO: Andrés Massieu Fernández, diputado priista plurinominal y Director Gneral de la Cámara Nacional de Radio y Tlevisión de 2006 a 2009.
miércoles, 2 de diciembre de 2009
Lo que el prejuicio sexista y clasista se niegan a ver
Recibimos esta nota enviada por Rodolfo Gumaro Trujillo. Por limitación de espacio publicamos sólo una parte, de gran interés por confirmar lo que en otras previas aparecieron en los últimos días. Agregamos un comentario al final de la nota de Sanjuana.
Crónica de una infancia robada
Por Sanjuana Martínez
México DF, 25 nov 09 (CIMAC).- “Tengo 10 años y soy adicta a la piedra. Nací en una comunidad muy pobre de Veracruz, y un día un señor me jaló y me llevó a un burdel, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí éramos como 40 niñas, de entre ocho y 12 años. Llegaban señores algunos de traje, otros con overol o camisas beige y un escudito, y nos obligaban a sentarnos en sus piernas y hacer “otras cosas”. Como no queríamos y nos dolía, nos obligaban a inhalar piedra.
El testimonio de ésta niña forma parte del largo informe “La trata de mujeres y niñas para la explotación sexual”, realizado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), que considera este delito como parte de la violencia contra las mujeres; este crimen es el segundo más redituable después del narcotráfico, el cual genera más de 32 mil millones de dólares de ganancias cada año. El crimen organizado recluta alrededor de cuatro millones de mujeres y niñas anualmente.
Esta menor de edad fue rescatada por la CATWLAC junto con otras niñas y pudo contar su historia: “La dueña nos arreglaba y cada vez que llegaba uno o varios clientes nos despertaban, nos hacían inhalar y nos sacaban a la sala para que los señores escogieran. Le cobraban 500 pesos a cada uno. Teníamos que atender como a diez señores cada una. Y cuando ya no pensábamos y se nos escurría la baba, nos echaban a la calle, como basura, y traían nuevas niñas.
“La dueña, tenía un jefe que nunca supe cómo se llamaba, pero que también le pegaba muy fuerte. Cuando iba le pedía el dinero y le gritaba que era una pendeja. Un día llegó la policía y nos rescató. Nos llevaron a un hotel y ahí nos estaba esperando personal de la coalición, nos ayudaron mucho. Buscaron a nuestras familias y a muchas se las llevaron a un hospital”.
Añade: “Me acuerdo que una de mis compañeras, una que le decían la Chiquis, se metió a bañar, y pasaban y pasaban las horas, y se seguía restregando con el zacate. Y por más que le decían que ya estaba limpia, que ya no se tallara, que se iba a sacar sangre, seguía tallándose con mucha fuerza, y gritaba que se quería borrar todo lo que esos viejos cochinos le habían hecho. Nos dieron de comer, y ya luego llegaron y nos llevaron a todas a un albergue especial para que pudiéramos aguantarnos cuando necesitábamos la piedra. Muchas de mis compañeras ya no se pudieron recuperar, ni regresar con sus familias.
“Otras aquí seguimos, tratando de recuperar nuestra infancia, nuestros sueños. Dice la psicóloga que debemos tener un proyecto de vida. Pero es bien difícil olvidar lo que nos hicieron. Ya voy a la escuela, pero me cuesta mucho que me toquen. Voy a seguir tratando de recuperar mi vida. Hoy ya tengo 16 años y muy pocas esperanzas y sueños.
LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI
En entrevista, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, afirma que la trata es una forma grave de violencia contra las mujeres, algo que con el avance del crimen organizado en México ha ido agravando los niveles de violencia que sufren las mujeres y niñas: “desgraciadamente, hasta el momento el gobierno mexicano no ha dado una respuesta efectiva y lo que existe es la impunidad”.
La trata es un delito transnacional unido a la feminización de la pobreza, a la inmigración o la delincuencia organizada. Las víctimas padecen falta de libertad, amenazas, extorsión, violencia e incluso la muerte.
La mejor ley para combatir la trata, según la especialista, es la colombiana, pero aun así es difícil perseguirla: "Es muy complejo recabar pruebas; además, por el miedo que tienen las víctimas de enfrentar a sus victimarios es difícil detener a los responsables. Tras de haber sido torturadas, maltratadas, explotadas, todavía son reevictimizadas por el propio sistema de justicia mexicano que no es capaz de tutelarlas ni protegerlas".
Explico que en México no hay una verdadera ley de víctimas y testigos, de cambio de identidad, de ubicación, para combatir la trata y que, lamentablemente, el gobierno ha demostrado que este delito no es su prioridad, ya que la Fevimtra ha resultado ser un fracaso y no existe condena alguna por este crimen: "Quisiera pensar que es por ignorancia, pero sé bien que por las ganancias que produce esta industria ilícita se tejen grandes redes de complicidad al más alto nivel del poder político y del poder económico".
REVICTIMIZACIÓN DE LAS MUJERES
A pesar de que México firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belem do Para", que data de 1994, el Estado no cumple con su responsabilidad en la prevención y persecución de este delito.
Teresa Ulloa Ziáurriz, dedicada hace años a combatir la trata de mujeres, niñas y niños, explica que todos los testimonios son estremecedores, pero que son sólo una muestra de los cientos de historias que conocen de mujeres rescatadas: "Es la primera vez que sacamos a la luz los testimonios que nos dan las mujeres y niñas. Nosotros las tratamos de proteger para no sobrevictimizarlas, pero creímos importante ofrecer una muestra de sus historias".
Comentario
Los reportajes de Sanjuana Martínez sobre la pederastia y la explotación sexual de menores son como un filoso escalpelo que penetra en lo más profundo hasta llegar al tumor. Muestra la repugnante lesión que carcome al cuerpo social, en toda su evidencia para ser extirpada. Pero resulta que los encargados de erradicar este cáncer no quieren destruirlo, al contrario. Su existencia les deja utilidades y vuelven a taparlo, mientras ignoran, amenazan o castigan a quien denuncia su existencia y avance, como ha pasado a Sanjuana. O a Lydia Cacho, por mencionar los casos más conocidos.
Compárese el valor de estas mujeres con las perlas expresadas hace unos días con motivo de los reportajes publicados en dos periódicos de la localidad sobre menores de edad prostituidas:
“Menores de edad, pero picudas no deja de ser” (una menor acusó a un taxista de haberla manoseado y de robarle dinero)
“Muy explotada, pero en una noche sacó 24 veces el salario mínimo” (la misma menor)
“Mentira que México sea un paraíso sexual, sólo es un país que tiene problemas con la prostitución”
”¿Qué dirían si supieran que entre las chicas ‘explotadas’ hay estudiantes del Tec y de la Uni?”
Una muestra del prejuicio clasista y sexista en esta ciudad.
Crónica de una infancia robada
Por Sanjuana Martínez
México DF, 25 nov 09 (CIMAC).- “Tengo 10 años y soy adicta a la piedra. Nací en una comunidad muy pobre de Veracruz, y un día un señor me jaló y me llevó a un burdel, en Coatzacoalcos, Veracruz. Ahí éramos como 40 niñas, de entre ocho y 12 años. Llegaban señores algunos de traje, otros con overol o camisas beige y un escudito, y nos obligaban a sentarnos en sus piernas y hacer “otras cosas”. Como no queríamos y nos dolía, nos obligaban a inhalar piedra.
El testimonio de ésta niña forma parte del largo informe “La trata de mujeres y niñas para la explotación sexual”, realizado por la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), que considera este delito como parte de la violencia contra las mujeres; este crimen es el segundo más redituable después del narcotráfico, el cual genera más de 32 mil millones de dólares de ganancias cada año. El crimen organizado recluta alrededor de cuatro millones de mujeres y niñas anualmente.
Esta menor de edad fue rescatada por la CATWLAC junto con otras niñas y pudo contar su historia: “La dueña nos arreglaba y cada vez que llegaba uno o varios clientes nos despertaban, nos hacían inhalar y nos sacaban a la sala para que los señores escogieran. Le cobraban 500 pesos a cada uno. Teníamos que atender como a diez señores cada una. Y cuando ya no pensábamos y se nos escurría la baba, nos echaban a la calle, como basura, y traían nuevas niñas.
“La dueña, tenía un jefe que nunca supe cómo se llamaba, pero que también le pegaba muy fuerte. Cuando iba le pedía el dinero y le gritaba que era una pendeja. Un día llegó la policía y nos rescató. Nos llevaron a un hotel y ahí nos estaba esperando personal de la coalición, nos ayudaron mucho. Buscaron a nuestras familias y a muchas se las llevaron a un hospital”.
Añade: “Me acuerdo que una de mis compañeras, una que le decían la Chiquis, se metió a bañar, y pasaban y pasaban las horas, y se seguía restregando con el zacate. Y por más que le decían que ya estaba limpia, que ya no se tallara, que se iba a sacar sangre, seguía tallándose con mucha fuerza, y gritaba que se quería borrar todo lo que esos viejos cochinos le habían hecho. Nos dieron de comer, y ya luego llegaron y nos llevaron a todas a un albergue especial para que pudiéramos aguantarnos cuando necesitábamos la piedra. Muchas de mis compañeras ya no se pudieron recuperar, ni regresar con sus familias.
“Otras aquí seguimos, tratando de recuperar nuestra infancia, nuestros sueños. Dice la psicóloga que debemos tener un proyecto de vida. Pero es bien difícil olvidar lo que nos hicieron. Ya voy a la escuela, pero me cuesta mucho que me toquen. Voy a seguir tratando de recuperar mi vida. Hoy ya tengo 16 años y muy pocas esperanzas y sueños.
LA ESCLAVITUD DEL SIGLO XXI
En entrevista, Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, afirma que la trata es una forma grave de violencia contra las mujeres, algo que con el avance del crimen organizado en México ha ido agravando los niveles de violencia que sufren las mujeres y niñas: “desgraciadamente, hasta el momento el gobierno mexicano no ha dado una respuesta efectiva y lo que existe es la impunidad”.
La trata es un delito transnacional unido a la feminización de la pobreza, a la inmigración o la delincuencia organizada. Las víctimas padecen falta de libertad, amenazas, extorsión, violencia e incluso la muerte.
La mejor ley para combatir la trata, según la especialista, es la colombiana, pero aun así es difícil perseguirla: "Es muy complejo recabar pruebas; además, por el miedo que tienen las víctimas de enfrentar a sus victimarios es difícil detener a los responsables. Tras de haber sido torturadas, maltratadas, explotadas, todavía son reevictimizadas por el propio sistema de justicia mexicano que no es capaz de tutelarlas ni protegerlas".
Explico que en México no hay una verdadera ley de víctimas y testigos, de cambio de identidad, de ubicación, para combatir la trata y que, lamentablemente, el gobierno ha demostrado que este delito no es su prioridad, ya que la Fevimtra ha resultado ser un fracaso y no existe condena alguna por este crimen: "Quisiera pensar que es por ignorancia, pero sé bien que por las ganancias que produce esta industria ilícita se tejen grandes redes de complicidad al más alto nivel del poder político y del poder económico".
REVICTIMIZACIÓN DE LAS MUJERES
A pesar de que México firmó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como "Convención de Belem do Para", que data de 1994, el Estado no cumple con su responsabilidad en la prevención y persecución de este delito.
Teresa Ulloa Ziáurriz, dedicada hace años a combatir la trata de mujeres, niñas y niños, explica que todos los testimonios son estremecedores, pero que son sólo una muestra de los cientos de historias que conocen de mujeres rescatadas: "Es la primera vez que sacamos a la luz los testimonios que nos dan las mujeres y niñas. Nosotros las tratamos de proteger para no sobrevictimizarlas, pero creímos importante ofrecer una muestra de sus historias".
Comentario
Los reportajes de Sanjuana Martínez sobre la pederastia y la explotación sexual de menores son como un filoso escalpelo que penetra en lo más profundo hasta llegar al tumor. Muestra la repugnante lesión que carcome al cuerpo social, en toda su evidencia para ser extirpada. Pero resulta que los encargados de erradicar este cáncer no quieren destruirlo, al contrario. Su existencia les deja utilidades y vuelven a taparlo, mientras ignoran, amenazan o castigan a quien denuncia su existencia y avance, como ha pasado a Sanjuana. O a Lydia Cacho, por mencionar los casos más conocidos.
Compárese el valor de estas mujeres con las perlas expresadas hace unos días con motivo de los reportajes publicados en dos periódicos de la localidad sobre menores de edad prostituidas:
“Menores de edad, pero picudas no deja de ser” (una menor acusó a un taxista de haberla manoseado y de robarle dinero)
“Muy explotada, pero en una noche sacó 24 veces el salario mínimo” (la misma menor)
“Mentira que México sea un paraíso sexual, sólo es un país que tiene problemas con la prostitución”
”¿Qué dirían si supieran que entre las chicas ‘explotadas’ hay estudiantes del Tec y de la Uni?”
Una muestra del prejuicio clasista y sexista en esta ciudad.
¿Será posible?
Tomamos prestada esta información que publican nuestros amigos de REALIDAD EXPUESTA.
La consideramos de relevante interés, porque los observadores más agudos estaban lanzando apenas el alerta sobre el silencioso avance del franquismo mexicano para aprobar una ley federal que penalice el aborto provocado, partiendo de que ya se ha obtenido la aprobación de leyes estatales que castigan el aborto en 17 entidades del país, cuando se nos informa que el PAN y el PRI han ido mucho más allá en su afán de "proteger la vida a partir de la concepción", y ahora penalizarán a quienes impiden la vida antes de la concepción.
Este en un caso inédito en que una legislatura mexicana, gracias a la alianza de estos partidos y contando con la bendición de la Iglesia, adelanta a la ultraderecha internacional. En todo caso, es también la primera ocasión en que semejantes reformas legales no sólo afectan a las mujeres, sino también a los varones, sobre todo solitarios.
Se advierte que esta información contiene temas no aptos para menores. Adolescentes, sólo acompañados de sus padres. He aquí la nota.
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