Quien quiera aproximarse a una explicación sobre la tragedia que envuelve a la juventud que en las colonias proletarias se desangra como víctima o victimaria de los bárbaros episodios de la guerra del narco, tómese la molestia de leer el artículo publicado en El Norte, el Lunes 7 de enero, Sección Vida!, con la firma de Daniel Santiago
“Escuelas sin cuotas ¿y sin apoyo oficial?”.
El artículo contiene un alarga exposición sobre las necesidades de mantenimiento de la infraestructura y gastos administrativos diarios en las escuelas que, reconocen sin pudor los entrevistados (Directivos de las escuelas, maestros y hasta la presidenta de la Asociación de Padres de Familia del Estado), se cubren con las aportaciones “voluntarias” de los padres de familia, al menos hasta Diciembre del 2012, porque el 23 de ese mes, “el Congreso local aprobó reformar la Ley de Educación del Estado, para prohibir a las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria cobrar aportaciones por concepto de trámites y servicios”, según consigna el mencionado artículo.
Al respecto, al Artículo 5 de la Ley de Educación en Nuevo León, en cuyo texto original se leía: “TODA LA EDUCACION QUE IMPARTA EL ESTADO SERA:
I. GRATUITA. LAS DONACIONES DESTINADAS A DICHA EDUCACION, EN NINGUN CASO SE ENTENDERAN COMO CONTRAPRESTACIONES POR EL SERVICIO EDUCATIVO”, se añadió el siguiente párrafo:
“Queda prohibido al personal directivo y administrativo de las escuelas públicas del sistema educativo estatal donde se imparta la educación preescolar, primaria y secundaria, imponer el cobro de cuotas escolares a los padres o tutores de los educandos”.
Lo primero que salta a la vista es la inoperancia del Artículo 3º. Constitucional, base legal para este también inoperante 5º de la Constitución estatal, porque nunca se ha respetado el mandato de educación gratuita, que tan importante debía ser para este país donde la población analfabeta suma 6 millones de personas mayores de 15 años y 27 millones más son considerados analfabetas funcionales por no haber terminado la educación básica y por la pésima calidad educativa que en sus años truncados recibieron.
Cabe por lo tanto preguntar: Si el artículo 3º nunca fue respetado, ¿qué garantía hay de que ésta simple modificación a la Constitución estatal sí lo sea?
La modificación a la Ley deja además no una rendija, sino un enorme boquete para su interpretación en perjuicio de las y los escolares: claramente señala que
la prohibición es solamente para el personal directivo y administrativo, y no extiende la prohibición a las Asociaciones de Padres, que en los hechos son las que desde hace muchos años en lugar de representar los intereses de los padres y sus hijos, hacen la tarea sucia a las y los Directores de las Escuelas, al convertirse en las cobradoras inflexibles de inscripciones y cuotas, mientras las y los Directores se niegan a atender las súplicas de padres y madres, alegando que “Ustedes mismos tomaron el acuerdo de asignar esas cuotas”, en asambleas que perfectamente saben los padres y las madres, sólo sirven para sacarles dinero y nunca para ventilar los problemas educativos que interesan a éstos.
Lo segundo es que efectivamente, por ningún lado aparece la forma en que el Estado va a cumplir con su obligación de hacerse cargo del mantenimiento diario de las escuelas, con lo cual por un lado justifica las violaciones a la Ley que seguirán haciendo Directivos, maestros y las Asociaciones “de Padres” –en realidad Asociaciones de Padres al Servicio de la Dirección- y por otro, obliga a padres y madres, una vez más, a sacrificar el gasto doméstico, por más que la ley reformada dice que no lo haga, para comprar vidrios, reparar bancos, pagar trapeadores, gises, escobas, etc., etc., por no soportar ver a sus hijas e hijos estudiar en las condiciones deprimentes en que suelen trabajar las escuelas “del gobierno”.
Resulta patético leer en el artículo de marras los gimoteos de los Directivos de las Escuelas, por no saber qué hacer ahora que la Ley les prohibe cobrar cuotas, como si esta ciudad no hubiera atestiguado los paros y movilizaciones que hace casi 20 años realizaron los 20 mil maestros de la Sección 50 al grito de “¡Ni un año más, ni un peso más!”, cuando Sócrates Rizzo quiso imponerles la elevación de la jubilación hasta los 40 años de servicio y la elevación de las cuotas de ISSSTELEÓN.
Ahí si hicieron ver el poder de las movilizaciones del magisterio, y por cierto, contaron con el apoyo total de padres y madres al parar las escuelas, en algunos casos hasta por dos meses. ¿Quién pararía un movimiento de decenas de miles de madres y padres de familias apoyados por los maestros y maestras en reclamo no sólo del mantenimiento diario de las escuelas, sino de una verdadera educación gratuita que contemple las escuelas de turno completo en lugar de los miserables turnos de menos de 5 horas, con alimentos escolares calientes y gratuitos y sus libros, útiles escolares y uniformes entregados gratuitamente o a precio simbólico desde el primer día de clases, como se hace en los países realmente preocupados por la educación de su niñez y su juventud?
La “reforma educativa” del Presidente Enrique Peña Nieto, destinada a la promoción mediática y a satisfacer las críticas de grupos como Mexicanos Primero respecto al aparente deslinde con Elba Esther Gordillo no toca ninguno de aquellos puntos, como tampoco se refiere a la necesidad de que los grupos en ningún caso rebasen el número de 25 alumnos por salón, mucho menos se refieren a la educación politécnica e integral ni a los métodos activos de enseñanza, ni al crucial aspecto de dar a madres y padres un lugar preponderante en la vigilancia de la labor educativa, como si no fueran ellos el elemento más interesado en velar por el aprovechamiento escolar.
Con todas estas terribles deficiencias repetidas a lo largo de décadas y a lo ancho de todo el país, ¿a quién puede extrañar que ese sector de la juventud humillada desde su niñez, empujada a desertar de escuelas donde no se les quiere, apaleada en la casa, en la escuela y en la calle valore en menos que nada su vida y la de sus semejantes y un día acepte matar y morir a cambio de un poco del dinero que –le enseñaron- es lo único que da respeto a las personas?
¿A quién puede extrañar? A quien no conoce la vida del pueblo, a diputados, gobernantes y jueces, por ejemplo, que aceptan que se otorguen sin pestañear miles de millones de pesos a inútiles campañas electorales, a parasitarios partidos políticos, a sus fabulosas dietas como funcionarios o representantes “populares”, a puentes y caminos para su majestad el automóvil, pero han negado el derecho de una vida sana a miles de niños y niñas ahora convertidos (o en vías de hacerlo) en criminales.
