Crece la represión, pero aumentan la solidaridad y el coraje

Cuatro valiosas muestras de la solidaridad local, nacional e internacional en la defensa de las radios comunitarias de México:

RAÚL TREJO DELABRE
Presidente de la Asociación Mexicana del derecho a la Información (AMEDI)
Todos somos Camero
5 de Noviembre
La decisión del gobierno federal para enderezar procesos penales contra promotores de la comunicación comunitaria como el doctor Camero es sumamente grave. No sólo se entorpece el proceso de regularización de esas emisoras, sino además se refuerza una actitud de intolerancia y dureza contra la libertad de expresión.
Este es un episodio dentro de un trayecto que dista de haber concluido, el doctor Camero y su causa podrían ser el detonador de una regularización a fondo en la situación legal de las radios comunitarias. La sección mexicana de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias presentará una apelación a la sentencia penal y por lo pronto gestionará una fianza para garantizar la libertad de Camero. Luego, el asunto podría escalar la pirámide del entramado judicial.
La misma AMARC recordaba hace casi un año que en 2007, cuando declaró inconstitucional la llamada Ley Televisa, “La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que las Leyes Federales de Radio y Televisión y Telecomunicaciones vulneran el ejercicio y acceso al derecho a la libertad de expresión, al no garantizar el acceso equitativo a la diversidad de medios, en especial por lo establecido en el artículo 2 de la carta magna en torno a el acceso de las comunidades indígenas y equiparables, a operar sus propios medios de comunicación”.
Mientras tanto, la solidaridad con el director de la emisora Tierra y Libertad podrá auspiciar no solamente la defensa jurídica de ese dirigente social sino, además, el retorno de esa estación al cuadrante de la radio en Nuevo León. El lema Todos somos Camero se extiende por distintos espacios y redes de comunicación.


ORGANIZACIONES Y ACTIVISTAS DE NUEVO LEÓN:
7 de Noviembre
Las organizaciones que suscriben este boletín consideramos que la condena al señor Héctor Camero es un serio ataque a la libertad de expresión. Recordamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó en su informe de 2006 legislar en materia de radiodifusión comunitaria y reservar parte del espectro a las radios comunitarias.
Las trabas administrativas y legales que existen en México representan un serio obstáculo para el acceso libre y ordenado al espectro radioeléctrico, son desproporcionales y tienen el efecto de inhibir el libre ejercicio de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la libertad de expresión y a la información.
Las radios comunitarias son generalmente golpeadas por un sistema que no es tolerante a opiniones disidentes ni a la organización y masificación de movimientos democráticos.
Estas organizaciones afirman que el poder punitivo del Estado debe usarse para contener las manifestaciones más violentas que ocurren en la sociedad, no para criminalizar la libertad de expresión, para cerrar radios comunitarias y encarcelar a sus participantes.
Las organizaciones exigimos que esta condena sea revisada por los órganos jurisdiccionales competentes y que la política pública en relación con las concesiones de espectros de radio sea extensa y profundamente revisada con el objeto de evitar que el ejercicio de derechos fundamentales se vea obstaculizado por el Estado y que los ciudadanos sean afectados por condenas desproporcionales como la que hoy nos ocupa.


REPORTEROS SIN FRONTERAS
8 de noviembre de 2010
Representante de Radio Tierra y Libertad en Monterrey, estado de Nuevo León, Héctor Camero fue notificado el 3 de noviembre de 2010 de su sentencia a una pena de dos años de prisión y a una multa de 15 mil pesos (unos 900 euros) por el delito “de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa”. Esta condena constituye otro duro golpe a las radios comunitarias mexicanas después del dersmantelamiento de Radio Proletaria en el estado de Chiapas, el 12 de octubre pasado. Desde todos los ángulos esta decisión es absurda y peligrosa. ¿Por qué condenar a Héctor Camero por ese motivo si tras siete años de espera, se otorgó legalmente una licencia de difusión a Radio Tierra y Libertad?
La condena de Héctor Camero, así como el desmantelamiento de Radio Proletaria y la criminalización de otras radios comunitarias, contradicen completamente la intención de garantizar la seguridad profesional a los periodistas en general. No podemos a la vez obstaculizar la libertad de expresión y querer proteger a los profesionales de los medios de comunicación.


CUMBRE CONTINENTAL DE COMUNICACIÓN INDÍGENA
9 de Noviembre de 2010
Franco Gabriel Hernández / AIPIN
Popayán, Colombia. A las nueve de la mañana la plazuela del Puente del Humilladero de la ciudad colombiana de Popayán se llenó de colores con los diversos trajes de los periodistas indígenas de más de 24 países, de 79 nacionalidades y más de 200 organizaciones indígenas, reunidos aquí para realizar la ceremonia de inauguración de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del ABYA YALA.
Un momento importante fue el saludo que dirigentes de organizaciones indígenas de comunicación hicieron al pueblo colombiano, especialmente a los indígenas de este país, a sus organizaciones indígenas, principalmente a los miembros de Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) que son los anfitriones de esta Cumbre.
El representante de México pidió a los asistentes de la Cumbre que se pronunciaran enérgicamente contra los asesinatos y encarcelamientos que han sufrido comunicadores indígenas y citó los casos de Héctor Camero de la radio comunitaria Tierra y Libertad de Monterrey que ha sido notificado de la sentencia en su contra por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa, motivo por el cual se le otorga una pena de dos años de prisión y una multa mayor a 15 mil pesos (mil trescientos dólares), aún cuando desde el 2002 tramitó su solicitud de permiso y no obtuvo respuesta hasta el 2009, año en que le fue otorgado la autorización.
Igualmente fue señalado el caso de las comunicadoras indígenas triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas Martínez Sánchez de la radio de San Juan Copala, Oaxaca, “La Voz que Rompe el Silencio” y de Bety Cariño, cuyos asesinatos no han sido castigados porque no ha habido justicia contra este tipo de crímenes en la entidad donde sucedieron los hechos.
También pidió que se paren los actos gubernamentales de cierre de radios indígenas y comunitarias en México. Puso de ejemplos los casos de Radio Ñomnda La Palabra de Agua de Xochixtlahuaca, Guerrero y La Rabiosa en Huajuapan de León, Oaxaca.