ORGANIZACIONES DENUNCIAN AL ESTADO MEXICANO POR CASO DE LA RADIO COMUNITARIA RADIO TIERRA Y LIBERTAD

México, 5 de diciembre de 2013

La Red de Radios Comunitarias, A.C./AMARC México y el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos A.C. (OMDHAC) denunciaron al Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos humanos en contra de la radiodifusora comunitaria “Radio Tierra y Libertad” de Monterrey, Nuevo León.

Los hechos se remontan al 6 de junio de 2008, cuando al término de la transmisión del programa de “Los pequeños locutores”, donde niños de la comunidad conversaban acerca de sus derechos, más de 250 policías federales con armas largas irrumpieron en la radio para desmantelarla y clausurarla a consecuencia de una denuncia de la Secretaría de Gobernación que originó la averiguación previa 83/UEIDAPLE/2/2008.

Es importante recordar que desde el 8 de noviembre de 2002, los integrantes de la radio comunitaria habían presentado una solicitud para que se les concediera el permiso de transmitir. Pero ante la ausencia de una respuesta efectiva por parte de las autoridades, decidieron seguir con las transmisiones en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Para casos de radios que operan sin permiso, la autoridad aplica de manera arbitraria y discriminatoria ya sean sanciones administrativas o penales sin que hasta la fecha sean claros los criterios de decisión.

El 29 de octubre de 2010 el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León condenó a Héctor Camero Haro a dos años de prisión (con beneficios de condena condicional). El caso llegó hasta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pero sin que se pudieran obtener beneficios para la radio comunitaria.

Para la comunidad de Tierra y Libertad la importancia de la radio comunitaria es tal que insistieron en obtener un permiso de transmisión y a pesar de las falencias de la Ley Federal de Radio y Televisión finalmente pudieron salir al aire en la frecuencia de 98.5 de FM, pero con potencia reducida.

Para los abogados que llevan el caso, Gisela Martínez de AMARC MÉXICO y Carlos Treviño Vives de OMDHAC, existieron diversas violaciones a los derechos humanos: libertad de expresión (por el cierre y el permiso en baja potencia), debido proceso (por la aplicación desproporcionada y abusiva del derecho penal), derecho de igualdad (por el trato discriminatorio que ha sufrido la radio), entre otros.

De acuerdo al reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión tendrá que hacer una revisión inicial para decidir la admisibilidad del caso. De ser así, el caso pasará al procedimiento sobre el fondo donde los peticionarios y el Estado presentarán las observaciones que consideren pertinentes y de ser necesario apelaran a la máxima instancia que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Para mayor información escribir a:

Carlos Treviño - OMDHAC

coordinacion@derechoshumanosmexico.org 

Gisela Martínez – AMARC-Mx

juridico.gisela@amarcmexico.org

María Eugenia Chávez Fonseca

coordinación.oficina@amarcmexico.org

Tel: 55 56724961

AMARC-México: Pronunciamiento sobre la Ley Secundaria de Radiodifusión y telecomunicaciones

México, D.F. 29 de noviembre de 2013

PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA DE AMARC MÉXICO SOBRE LEY SECUNDARIA DE TELECOMUNICACIONES

AL CONGRESO DE LA UNIÓN

AL EJECUTIVO FEDERAL 

A LAS Y LOS COMUNICADORAS/ES COMUNITARIAS/OS E INDIGENAS

AL PUEBLO DE MEXICO

Las radios comunitarias y centros de producción comunitarios integrantes de la Red de Radios Comunitarias de México A.C./Amarc-México, exponemos ante la opinión del pueblo mexicano y ante las y los legisladores que van a tomar decisiones sobre estos temas trascendentales las siguientes consideraciones:

Aunque tardío, el reconocimiento a la lucha en México por la libertad de expresión, de comunicación y de información de la ciudadanía (desde las comunidades indígenas hasta las zonas rurales y los barrios obreros a través un medio como la radiodifusión, aprovechado y explotado durante más de ocho décadas exclusivamente por un pequeño y privilegiado sector de la población) ocurrió por fin durante el pasado período de sesiones, cuando el Congreso de la Unión reconoció constitucionalmente la existencia del sector social de la comunicación, integrado por los medios indígenas y comunitarios.

Para alcanzar este reconocimiento, las y los comunicadores que buscaban servir desinteresadamente a sus comunidades a través de este medio, tuvieron que soportar largos años de gestiones sin respuesta,  discriminación y despojo de sus modestos equipos, persecución y cárcel para quienes trataban de hacer uso de un derecho legítimo: el derecho de toda persona a “expresarse libremente y a buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio de su elección”, signado en los convenios internacionales por el gobierno mexicano, pero no reconocido legalmente en la Ley superior de este país.

El día de hoy, sin embargo, no tenemos seguridad de que la Ley Secundaria vaya a respaldar en su texto el pleno sentido de la incorporación del sector social de la comunicación, al pretender algunas iniciativas restringir el derecho de libre expresión, comunicación e información, a través de medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales de la potencia o frecuencias radioeléctricas o por otros medios encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones, cuando dichas restricciones están ya formalmente prohibidas por el Artículo 7 Constitucional.

Esas restricciones son tanto más inaceptables, cuando la propia iniciativa del Presidente de la República en su exposición de motivos para la reforma constitucional, se apoyó en la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial sobre la sociedad de la información, ( Ginebra 2003), la cual plantea “como un desafío para las naciones aprovechar el potencial de las tecnologías de la información para promover los objetivos de desarrollo, en particular, erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, promover la equidad entre géneros y el empoderamiento de las mujeres, reducir la mortandad infantil, mejorar la salud materna, combatir el VIH y otras enfermedades, asegurar un medio ambiente sustentable y en general… mejor calidad de vida para todos”,  objetivos que, entre otros, son el puntal de las radios indígenas y comunitarias en su quehacer diario.

Es en función de cumplir con esos objetivos, que la Ley Secundaria debe hacer realidad lo expresado en la  propia iniciativa presidencial cuando expuso “Las condiciones de las nuevas tecnologías han obligado a una reformulación del contenido tradicional de las libertades de expresión y de difusión. Hoy se considera que la garantía de estas libertades no sólo implica el deber de abstención del Estado de interferir en su acceso o contenidos, sino que se extiende a su obligación de evitar que estos derechos sean limitados por terceros y promover las condiciones necesarias para el goce efectivo de los mismos”.

En conclusión, la Asamblea Nacional de la AMARC México demanda al Poder Legislativo que en lo que concierne al Sector Social de la Comunicación en México, la Ley Secundaria incluya los siguientes puntos:

1)    La adjudicación de frecuencias de uso social en ningún caso serán afectadas por limitaciones arbitrarias tales como bajas potencias, restricciones de uso de banda o cobertura geográfica.

2)    Que dejen de perseguirse y castigarse penalmente a quienes por las omisiones y deficiencias de una legislación caduca hicieron uso sin permiso del espectro radioeléctrico, sin fines de lucro y con probado objetivo de dar servicio a la comunidad, de manera que la sanción sea administrativa buscando la corrección de la falta y la regulación del servicio.

3)    Que como ha definido la SCJN “la función social de los servicios de telecomunicaciones y de la radiodifusión reside en su reconocimiento como instrumentos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales”, considerando que esta labor la desempeñan cabalmente las radios comunitarias e indígenas, que además debidamente fortalecidas pueden desempeñarse a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, se reserve un 30 por ciento del espectro radioeléctrico para el sector social de la comunicación.

4)    Que para crear las condiciones necesarias para el goce efectivo de los derechos de libre expresión, comunicación e in formación a través de las radios indígenas y comunitarias, se brinden todas las facilidades de acceso a las concesiones sociales cubriendo los requisitos elementales, se facilite e instruya en  el acceso a las tecnologías incluyendo la tecnología digital,y se apoye con un fondo público la operación y mantenimiento de las radios indígenas con pleno respeto a su autonomía, por la relevancia de estos medios para preservar y desarrollar la cultura de los pueblos originarios pero sobre todo como una contribución al pago de la enorme deuda histórica que la Nación mexicana tiene hacia estos pueblos; así como para apoyo de la operación y mantenimiento de las radios comunitarias, dedicadas a promover y defender los derechos humanos fundamentales de las comunidades pobres de la ciudad y del campo.

La AMARC llama a las y los legisladores a cumplir con las expectativas de la ciudadanía por una Ley Secundaria que garantice cabalmente el ejercicio de los derechos de libre expresión, comunicación e información, y convocamos a las organizaciones democráticas y a la ciudadanía general a estar vigilantes para que la letra de la Ley corresponda a las luchas históricas del pueblo mexicano por una sociedad justa y democrática.

 Datos de contacto:

María Eugenia Chávez Fonseca

Coordinación.oficina@amarcmexico.org

56724961

Gisela Martínez

Jurídico
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México.
AMARC-Mx
Foto: Una comunidad defiende a su Radio. 6 de junio de 2008

Inunda el Condominio Acero la 2a Comisión General por Pensión Universal

Enrique Peña Nieto prometió formalmente "una pensión del retiro para toda la población en México" el 6 de mayo de 2012, durante el debate entre los candidatos a la Presidencia de la República.
Ya como Presidente, redujo la cobertura a las personas de 65 años y mayores, pero hubo todavía otra restricción: las pensionadas y pensionados no quedaron incluidos, lo que no obsta para que Peña Nieto la llame "Pensión Universal".
El apoyo económico que esta "pensión" aporta es una miseria: 1,050 pesos bimestrales, con posibilidades de incremento en un plazo muy largo, considerando la avanzada edad de los beneficiarios. Sin embargo, aún así representaría un aumento significativo a las pensiones de hambre del IMSS: alrededor del 25 por ciento de incremento.
En la presentación del 27 de agosto, el Delegado de Sedesol Federal, Pablo Elizondo García, refirió que prácticamente era imposible una modificación a la iniciativa del Presidente: habría que pasar por la Cámara de Diputados, luego la de Senadores, etc. Recogió un merecido repudio ante lo que todo México sabe son decisiones políticas del Ejecutivo. Tan es así, que a los pocos días se dio a conocer que en Nuevo León, sí habría una excepción, al incluir a las y los pensionados de la Sección 50 del SNTE dentro de dicho programa, aún cuando sus pensiones son muy superiores a las del promedio de las pensiones del IMSS.
Este fue el cuestionamiento principal para Pablo Elizondo el pasado 29 de octubre, en la segunda Comisión General que congregó a alrededor de 450 personas quienes invadieron la planta baja del Condominio Acero donde se encuentran las oficinas de Sedesol Federal, decididas a continuar con la campaña por una Pensión Universal que incluya a las y los pensionados, hasta ahora injustamente discriminados por Peña Nieto.
La movilización de las y los pensionados parte de este convencimiento, de que se les debe devolver una pequeña parte de la riqueza que produjeron con su trabajo, y que es intolerable seguir tolerando esas pensiones miserables que no les permiten vivir sus últimos años en condiciones dignas.
La prensa en general cumplió con su papel: ignoró esta movilización de la clase obrera en el retiro. Ellos, igual que el Gobierno, piensan que la respuesta del silencio acabará por llevar a la muerte natural a esta protesta. Los involucrados por lo pronto están conociendo la mezquindad y demagogia del régimen priista y están convenidos de que vale la pena no solo sostener, sino ampliar esta lucha.
Si usted quiere conocer más sobre este movimiento y le interesa apoyar esta lucha, diríjase a la AC "Tierra y Libertad", en Almazán 2675, Col. Tierra y Libertad en Monterrey N. L. Tel 8183 7399 65, correo e: radiotyl.lamera@yahoo.com

La disputa por la reforma energética es un pleito entre las dos fracciones de capitalistas explotadores

Hace 75 años de esta foto, altamente simbólica del engaño cometido a un pueblo al que se le hizo creer que los recursos destinados a servir al desarrollo de la clase en el poder servirían en general a la nación. Tan falso esto, como el interés en ocultar que “la nación” está formada por dos clases antagónicas, donde una explota a la otra y lo que beneficia a una forzosamente perjudica a la otra.

Como si estos 75 años hubieran pasado en vano, como si la realidad no mostrara con las crueles lacras de la miseria de las grandes mayorías que el petróleo expropiado por Cárdenas solo benefició a la burguesía nacional que tuvo en este recurso la gran palanca para su desarrollo pero absolutamente en nada sirvió al pueblo mexicano, otra vez se llama a éste a  defender “nuestra única riqueza”, a salvaguardar “la soberanía nacional” y hasta se le acusa de “traidor a la Patria” si no marcha detrás de Cuauhtémoc Cárdenas, de AMLO, de Bartlett, Muñoz Ledo y hasta del PT contra los planes privatizadores de Enrique Peña Nieto.

75 años son muchos para que despierte la conciencia de clase, por más mecanismos de engaño con los que se pretenda seguir embaucando a al pueblo mexicano con la propaganda en favor de la reforma de Peña Nieto o con los patrioteros llamados a mantener el petróleo en manos del Estado burgués mexicano. En uno y otro caso, la riqueza “nacional” está en manos de la burguesía nacional, al pueblo mexicano solo le arrojan las migajas.

Los reformistas privatizadores con Peña Nieto a la cabeza pretenden ganar a la opinión pública con argumentos que ya la TV repite hasta el cansancio; los nacionalistas por su parte advierten que habrá un saqueo de la renta nacional (como si no lo hubiera ya mismo), un incremento del IVA para compensar el desvío de los recursos anteriormente obtenidos del petróleo para el gasto social (como si no hubieran aumentado antes el IVA sin el pretexto de la privatización y sobre todo como si no existieran las ganancias y la herencia de los grandes capitalistas para gravarlas como se merecen), una “más brutal” reducción de salarios, un encarecimiento de los energéticos y un freno en general del crecimiento económico.

Lo que está oculto en esta disputa son los intereses que realmente representan cada posición, y ninguno de ellos obedece a los intereses del proletariado mexicano ni de las masas oprimidas del campo y de la ciudad. Peña Nieto y sus secuaces representan los intereses de la gran burguesía nacional, la burguesía monopolista que posee menos del 1 % de las  empresas en México pero produce la mitad del PIB nacional (1). Una fracción de clase con un poder concentrado tal que elige al presidente y traza los planes del gobierno en su beneficio.

Pero al lado de ésta y enfrentada con ella para mantener su tajada en la explotación de la mano de obra y de los recursos naturales del país, existe la fracción no monopólica de la burguesía nacional, formada por los pequeños y medianos capitalistas, cuyo poder no se compara con el de los monopolistas, pero cuentan con el poder de su número, ya que constituyen nada menos que el 99.7 % de las 4 millones de empresas en México y explotan el 75 por ciento de la fuerza de trabajo que genera la otra mitad del PIB nacional, obligando al gobierno a preservar su existencia que de otra manera derivaría en un más grave desequilibrio por el desempleo.(2).

Mientras que los monopolistas tienen suficiente capital acumulado para asociarse con empresas extranjeras sin poner en peligro el dominio político de la burguesía nacional, los no monopolistas están fuera de esa posibilidad y requieren del apoyo estatal para regular la competencia, obtener créditos y otros apoyos estatales. Alguna vez tuvieron mano para imponer presidente, pero desde Salinas de Gortari cada vez su peso es menor en la economía y por lo tanto en la política nacional. 

En su desventaja ante un ejecutivo cada vez más proclive a favorecer los negocios de la gran burguesía, no les queda más camino que convocar al pueblo mexicano en su apoyo, urgiéndole a defender "nuestra única riqueza", "nuestra soberanía nacional", etc, contra los vende-patrias, es decir, tratando de embaucarle una vez más para que le ayude a defender sus mezquinos intereses de clase.

En resumen, nada bueno le espera al pueblo mexicano con las reformas de Peña Nieto, como nada bien le ha ido con Pemex y la CFE estatizadas.  El único camino es el que puede y debe abrirse como clase independiente. Ni Cuauhtémoc  Cárdenas, ni AMLO, ni Bartlet, ni los partidos burgueses registrados (todos sin excepción), ni cualquiera que le convoque a defender “la riqueza” y “la soberanía” nacional merecen su confianza. Mientras tengan el Estado, es decir, el poder en sus manos, la riqueza y la soberanía serán de los capitalistas; a las masas explotadas y oprimidas solo les queda luchar por sus intereses de clase, por alza general de salarios y pensiones, por la jornada semanal de 40 horas con pago de 56, por el seguro del desempleo y la seguridad social universal, por la democracia sindical, etc., tomando en cuenta que solo la destrucción del régimen capitalista y el establecimiento del gobierno revolucionario de la clase obrera en alianza con los campesinos pobres podrá llevar a cabo ahora sí no solo la socialización del petróleo que claman los nacionalistas burgueses y pequeño burgueses, sino LA SOCIALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD  de los grandes medios de producción

(1) Manual de la micro, pequeña y mediana empresa en México. Cepal 2009.

(2) Ibid.

Inicia en Monterrey movimiento por Pensión Universal por Vejez

Yo soy el pensionado / yo soy el olvidado

Aquí estoy presente, pa’ que cumpla el Presidente

A esta voz, 400 pensionados y pensionadas con 65 y más años de edad desafiaron el lluvioso clima del martes 27 de agosto, para invadir el vestíbulo del Condominio Acero en el centro de Monterrey, donde se ubican las oficinas del Delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social Federal, Pablo Elizondo García.

El motivo: la exigencia de ser incluidos en el 

Programa 65 y Más, prometido públicamente por el ahora Presidente Enrique Peña Nieto cuando era candidato a ese cargo, en el debate del día 6 de mayo de 2012 como “Pensión del retiro para todos los mexicanos”.

Ya como presidente, Peña Nieto olvidó su promesa, confiado en el peso del conformismo que acostumbra al pueblo a aceptar el incumplimiento de las promesas electorales de sus cínicos políticos. Limitó el programa 65 y Más exclusivamente para quienes no tienen pensión alguna, como si la pensión lograda por el resto de las y los trabajadores retirados fuera una concesión de su gobierno que les impidiera recibir la raquítica pensión por edad prometida por él mismo.

Pero el hambre y las deudas espantan modorras. Las pensiones en México tienen la ingrata fama de estar consideradas entre las más bajas del mundo, mientras que su mano de obra  alcanza las jornadas más largas y más explotadas  entre los países con los que se codea en la OCDE. Para la inmensa mayoría de las y los pensionados de México, las míseras pensiones no alcanzan a cubrir las necesidades más elementales de la vida humana.

Por eso están reclamando la pensión por edad negada por Peña Nieto, porque a pesar de su insignificancia (525 pesos mensuales) representa la cuarta parte de una pensión promedio actual. Mientras que las personas mayores pensionadas por los pares europeos de la burguesía mexicana disfrutan su vejez paseando por el mundo, en México se les ve trabajar después de los 70 años como paqueteros o como pepenadores para poder completar el gasto diario.

El Delegado de Sedesol, tras un vano intento de desorientar la protesta, aceptó presentar a la Secretaria de Sedesol Rosario Robles la demanda de las y los pensionados dela Asociación Civil “Tierra y Libertad” y de las colonias proletarias del noroeste de Monterrey, ofreciendo informar la respuesta en las próximas semanas; éstos por su parte, le prometieron ser “una garrapata en el oído” mientras no cumpla su palabra el Presidente, pues están plenamente conscientes de que no se trata sino de que se les devuelva un poco de la riqueza social que contribuyeron a producir durante su larga vida productiva, iniciada por la mayoría desde la más temprana juventud y que hasta ahora solo ha beneficiado a una minoría enriquecida con el sudor ajeno.

El Gral, Francisco Villa (izq., en la foto) arengó a los presentes, conminándolos a evitar los errores que en su época llevaron a su poderoso ejército al fracaso.

Inician candidaturas independientes con fracaso; el premio para la partidocracia: mayor abstencionismo

Sólo dos de los 14 Estados donde hubo elecciones el Domingo 7 de julio alcanzaron a aprobar la legislación que permitió competir a candidatos independientes en dichos comicios. Ese solo dato ya es un indicador del nulo interés que tienen los partidos registrados por admitir a través de sus legisladores la competencia de los ciudadanos a través de dichas candidaturas.

Aunque sólo Zacatecas y Quintana Roo admitieron las candidaturas independientes, la posibilidad de contar con candidatos ajenos a las mafias que controlan los nombramientos dentro de los partidos registrados creó grandes expectativas. Se habló de una bocanada de aire fresco que sanearía los pútridos olores de los establos de Augías electorales.

Pero los propios partidos, a través de sus legisladores, con el apoyo de los Institutos Electorales y con el remate de la Suprema Corte y el TRIFE, se encargaron de convertir a las independientes en meros espantapájaros. El resultado: sólo UNA de un total de doce postulaciones independientes entre las dos Entidades se alzó con el triunfo; ni uno solo de los candidatos independientes a diputados pudo ganar.

¿A que se debió este rotundo fracaso de las candidaturas independientes? A las múltiples limitaciones y trabas que les impusieron los legisladores y que aprobaron los Institutos Electorales, la SCJN y el TRIFE. En Zacatecas, por ejemplo, exigieron para las alcaldías un respaldo del 15 por ciento del total del electorado para poblaciones de hasta 15 mil habitantes y 5 por ciento para las mayores de 50 mil. Baste comparar con el 2.5 por ciento que se pide a los partidos registrados para no perder el registro y sus privilegios, favorecidos además por los millonarios presupuestos, la infraestructura y equipamiento costeados por el erario público.

 En cuanto a las candidaturas independientes para diputado en Zacatecas, la ley reformada exigió que fueran respaldadas por el 15 por ciento del total del electorado, independientemente de su población. Un independiente por Fresnillo debía acompañarse, por ejemplo, ¡por 18 mil simpatizantes!

En Quintana Roo fueron menos toscos. Ahí la ley reformada “sólo” exigió un respaldo del 2 por ciento de los electores. Los cuatro candidatos independientes a Alcaldes en ese Estado y los diez candidatos a diputados independientes que lograron reunir esta cantidad de apoyadores no fueron capaces de entusiasmar a la ciudadanía.

Sí, en Zacatecas y Quintana Roo ciudadanos sencillos y valiosos no tienen acceso al registro, por eso fracasaron las candidaturas independientes, pero al mismo tiempo fracasó todo el proceso electoral, que a pesar de los miles de millones de pesos que cuesta a los contribuyentes, alcanzó ahora un 43 % de abstención en el primero y un 67 % en el segundo. Los mezquinos partidos registrados se están saliendo con la suya, pero en su insaciable ambición no se dan cuenta que le están cerrando todos los caminos legales y pacíficos a una población cada vez más exasperada por los bajos salarios y pensiones, la inseguridad en todos los órdenes de la vida diaria,  la corrupción rampante y la insultante riqueza de unos cuantos. 

¡30 INSPECTORES PARA 50 000 EMPRESAS!

UNA FARSA, LA SEMANA DE SEGURIDAD  Mensaje dirigido a los obreros y obreras asistentes a la inauguración de la Semana de Seguridad e Higiene Industrial que cada año realizan el Gobierno del Estado, las autoridades estatales y federales del Trabajo y de Salud: 27 de mayo de 2013                                                                                                              Electrocutados, caídos, aplastados por materiales y equipo, sepultados en derrumbes de tierras o de losas, son sólo algunas de las maneras en que más de cien trabajadores al año mueren en la industria de la construcción en Nuevo León, dejando desprotegidas a sus familias. Además, están los cientos de heridos, mutilados, etc.  Esta situación se repite día con día y año tras año, a pesar de que el primer responsable del Estado, el Gobernador Lic. Rodrigo Medina de la Cruz y su Secretario de Trabajo, el Lic. Héctor Julián Morales Rivera, están perfectamente informados de ella, al igual que los delegados federales del IMSS,  el Ing. Jorge Luis Hinojosa Moreno y el de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Lic. Mayela Ma de Lourdes Quiroga Tamez.  La razón de que las cosas sigan igual o peor para los trabajadores de la obra es que a estos altos funcionarios públicos NO les interesa la suerte que corran estos esclavos asalariados, al fin que hay muchos, salen baratos los entierros y las indemnizaciones, pero sobre todo, se les pueden sustituir fácilmente para que continúen las edificaciones ya que son muchos los que están afuera sin empleo.  A estos altos funcionarios les interesa fundamentalmente cumplir con la clase social que los puso ahí: los señores patrones capitalistas, de tal manera que se desviven por no quedarles mal. Pero tienen que cuidarse de no hacer esta sucia tarea de manera descarada, cínica, sino que la disfrazan, haciéndose pasar como defensores de los trabajadores y organizando farsas como es ésta, de la Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si lo hicieran de manera abierta, se enfrentarían a la justa indignación y furia de los trabajadores y de sus familias, así que recurren al engaño aprovechándose macabramente de la confianza, la necesidad y la ignorancia de los trabajadores pobres.  Lo real es que el Gobierno no cumple con su obligación formal de hacer que los patrones respeten la Ley Federal del Trabajo, las normas oficiales mexicanas sobre seguridad así como los convenios internacionales que ha firmado el Gobierno mexicano y por eso: a)      el número de inspectores de trabajo es ridículo (alrededor de 30 para supervisar a más de 50 mil empresas en el Estado) y cuando llegan a hacer inspecciones, las realizan de manera superficial, con la estricta instrucción de que no castiguen al capitalista infractor, sino que lo traten de convencer con suaves palabras de que hace mal al no obedecer la Ley; b)      Alrededor de 150 mil obreros de la construcción desafían diariamente a la muerte, al verse obligados a trabajar en las trampas mortales que son las obras, sin más protección que las bendiciones de sus esposas. c)       En las obras públicas no condicionan los contratos a que los patrones observen las medidas de prevención de riesgos, que todos los trabajadores estén dados de alta en el IMSS, entre otras muchas cosas. d)       en prácticamente NINGUNA  empresa constructora existe ni siquiera una sola Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, ni se les obliga a capacitar regular y permanentemente a sus trabajadores en medidas de prevención de riesgos. e)          Las autoridades no dan a las “Cruces” roja y verde  la rigurosa indicación de que todo siniestrado en cualquier centro de trabajo, debe ser trasladado a las clínicas del Seguro Social, independientemente de que esté o no registrado en el Seguro  (en la industria de la construcción decenas de miles de trabajadores NO tienen  seguro social). f)       No hay castigo penal ni fuertes sanciones económicas para los patrones y funcionarios públicos negligentes. g)      No hay una exhibición pública de las empresas o patrones capitalistas más criminales. h)      No se utiliza la televisión para hacer campaña permanente sobre prevención de riesgos de trabajo en horarios de mayor audiencia y por los canales más vistos. i)        No existe ni se promueve a nivel local ni federal una Ley de Prevención de Riesgos, que refleje el genuino interés de proteger y garantizar la vida, la salud y la seguridad de los trabajadores en los centros de trabajo, como lo manda la Ley. Ustedes, estimados obreros fabriles asistentes a esta farsa anual, están relativamente bien en lo que se refiere a la seguridad industrial, comparados con los obreros de la construcción y con cientos de miles de obreras y obreros que laboran en otras fábricas, talleres y comercios, por lo que les hacemos un llamado a fijarse, a interesarse y preocuparse por estos obreros menos organizados y menos concientes que Ustedes, que apoyen su lucha, que es nuestra, por exigir y obligar al hipócrita Gobierno a que no se haga de la vista gorda ante los crímenes y homicidios laborales cometidos por los capitalistas negligentes que lastiman, dañan, angustian y hacen sufrir a estos trabajadores y sus familias. Y todo este espanto sin fin, derivado del afán egoísta, ambicioso de los empresarios capitalistas de obtener lo máximo de ganancias, sacrificando a las y los obreros a su único y verdadero Dios: el dinero.  Nuestra Asociación Civil “Tierra y Libertad” (NO CONFUNDIR CON EL PARTIDO DEL TRABAJO) tiene 40 años  de servir a los trabajadores pobres porque, aunque sus líderes somos profesionistas universitarios (trabajadores intelectuales),  estamos convencidos que la clase obrera y el campesinado pobre (trabajadores manuales) son la base, la fuerza motriz que desarrolla a un país. Tierra y Libertad A.C.:                         Radio Tierra y Libertad:         Partido Obrero Rojo Alicia de León Espinoza       Sria. General         Héctor Camero Haro       Gilfredo VerdugoC. Modesta López Segovia     Sria. Tesorera                      Director                  Secretario General  Ignacio Staines Orozco       Asesor