jueves, 15 de diciembre de 2011

Cuando expresar es un delito


De Aleida Calleja, en el Blog La Silla Rota
15 Diciembre 2011
Contradictoriamente mientras los avances tecnológicos permiten contar con mejores herramientas para expresarse, gobiernos en diversas partes del mundo limitan cada vez más la libertad de expresión. De acuerdo a la organización Amnistía Internacional la libertad de expresión se castiga en 89 países, según sus recientes declaraciones el pasado 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos.
En México esa limitación se traduce, entre otras cosas, por la falta de políticas efectivas que detengan la espiral de violencia en contra de periodistas, esa es la faceta más dramática y conocida en contra de la libertad de expresión, sin embargo no es la única. Quizá la menos conocida sea la criminalización de la radiodifusión no autorizada, entre la que se encuentra la radio comunitaria. Me explico.
En muchas comunidades es una necesidad imperante contar con medios de comunicación propios para cubrir sus necesidades informativas que los medios tradicionales no atienden, cuando de radio se trata, conseguir el permiso de operación se antoja casi una misión imposible por los requisitos técnicos y administrativos que la ley y la autoridad les imponen, ante la impotencia de poder conseguirlo muchos de los grupos ciudadanos deciden transmitir antes de conseguir la autorización, lo cual es en realidad una falta administrativa, que el actual gobierno de Felipe Calderón, a partir del 2009, la ha convertido en un delito.
Utilizando los artículos 149 y 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación han emprendido demandas penales en contra de radiodifusores comunitarios para llevarlos a la cárcel. En diversas ocasiones organismos internacionales de derechos humanos han pedido al gobierno mexicano no utilizar la vía penal en estos casos, pues resulta ser una medida excesiva que en la práctica convierte la expresión en un delito, especialmente en contra de las comunidades más vulnerables del país.
El primer caso se dio en Monterrey, Nuevo León en contra de Héctor Camero, director de la emisora comunitaria Tierra y Libertad que atiende a la población obrera de aquella entidad, después vino una demanda en contra de Rosa Cruz, indígena purépecha, analfabeta y que difícilmente habla el español, a quien le cerraron una emisora de 4 watts de potencia y el último caso que es el de Radio Diversidad, ubicada en Paso del Macho, Veracruz, que atendía población campesina y trabajaba con las conocidas “patronas”, mujeres que dan alimento a los migrantes centroamericanos en su paso por México hacia Estados Unidos. En todos los casos las emisoras habían hecho los trámites para obtener su permiso sin que obtuvieran ninguna respuesta.
En enero pasado primero fue encarcelado José Maza y a principios de este diciembre Juan José Hernández, director de Radio Diversidad también, con el pago de una fianza lograron su libertad condicional pero el proceso continúa con riesgo de que puedan ser recluidos por varios años, lo mismo sucede con otra colaboradora de la radio que es Paola Ochoa. El proceso en contra de esta emisora la hizo el Presidente municipal en turno, quien molesto por la crítica que se hacía a su actuar decidió acallarla mediante la denuncia penal.
Grave es que el gobierno federal utilice la vía penal para castigar las expresiones comunitarias, que tanta falta hacen, pero más grave aún es que lo haga atendiendo, en la mayor parte de los casos, a las presiones de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, a quien prestó oídos para iniciar esta estrategia desde 2009 y se hace sordo a las recomendaciones internacionales para reconocer a la radiodifusión comunitaria para garantizar la libertad de expresión de grandes mayorías sin acceso a medios para el debate público.

Reconocimiento.
En medio de esta persecución que sufren las radios comunitarias, hay que reconocer la amplia labor que por ellas hizo Jürgen Moritz. Desde que llego a este país puso su trabajo y talento para apoyarlas, también fue el creador del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter y apoyó a diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Su compromiso por la democratización de los medios generó muchas iniciativas en varios países. Hombre discreto como es, no pidió reconocimiento alguno a pesar de que se lo merece ampliamente. Por su trayectoria muchos le respetamos, pero sobre todo apreciamos su inteligencia y generosa humanidad. Un hombre íntegro que ahora retornó a su natal Alemania. Se le extrañará profundamente.


Foto: Aleida Calleja en Radio TyL, poco después del asalto de la PFP.

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