La radio y los días. Cuando llovió sangre en la región ixtlera

10 de noviembre de 1975.

¿Qué ata a los campesinos del desierto mexicano a esas tierras secas, avaras, donde ya hasta la lechuguilla se niega a crecer? Sin agua, sin semillas, sin clínicas, sin acceso a las letras, a la cultura, a las oportunidades de la ciudad, ¿porqué estos hombres y mujeres no han seguido el camino de tantos que se cansaron de mirar al cielo sin recibir la caricia de una lluvia sobre sus caras y sus tierras, resecas y desesperanzadas?

Quizás por probar el límite de resistencia de esta gente, policías judiciales de Nuevo León arribaron durante la fiesta anual de San Pablo de Rueda, única celebración dentro de la áspera vida de este pequeño poblado distante a una hora de Dr. Arroyo.
Prepotentes, reclamaron la presencia del Comisariado ejidal Esteban Sustaita, para exigir les mostrara el permiso de baile. Hombre sencillo y de respeto, Sustaita trató de explicar que no solicitaron permiso porque nunca habían tenido altercados, que era un día de convivencia con los pobladores de otros ejidos dispersos en la vasta soledad del altiplano.
Los judiciales no escucharon más. Arremetieron contra el Comisariado y el Juez Auxiliar, esposándolos. Ante el atraco, Francisco González, ejidatario de edad avanzada, pidió al comandante del grupo que soltara a los detenidos. Un judicial golpeó con el cañón del fusil el rostro de don Francisco. Lo demás se precipitó en segundos: Luis González se lanzó a defender a su padre y fue derribado de tremendo culatazo en la nuca; Santos, otro hijo de don Francisco, y José Dimas Puente acudieron presurosos sólo para ser recibidos por disparos mortales de escopeta.
Los policías, esbirros propios de la época del porfiriato, huyeron por el monte tras el cobarde crimen. Los campesinos decidieron entonces viajar a Monterrey para buscar la ayuda de Tierra y Libertad, organización de la que tenían conocimiento porque muchos de sus antiguos compañeros de labranza habían hallado ahí un rincón para vivir.
El movimiento de posesionarios tomó como propia la agresión a los campesinos. Presentó al Gobernador Pedro Zorrilla Martínez un pliego de peticiones que incluía la destitución del alcalde de Dr. Arroyo Virgilio Reyna, el castigo a los policías asesinos y una indemnización a las viudas.
Las acciones de protesta incluyeron fuertes manifestaciones y la instalación de campamentos de denuncia durante varios días, frente al Palacio de Gobierno y en las plazas Zaragoza y de Colegio Civil.
El Gobernador Zorrilla, apoyado por los medios de información, trató de desacreditar la intervención de Tierra y Libertad, pero el crimen fue tan alevoso y brutal, que finalmente tuvo que aceptar las demandas del movimiento, que generó solidaridad en Monterrey y simpatía en la empobrecida región ixtlera.