El próximo 4 de febrero inicia el
período de sesiones de la Cámara de Diputados, y al parecer, en éste sí tendrá
lugar la discusión y aprobación de la Ley Secundaria de Radiodifusión y
Telecomunicaciones que no vio la luz en su fecha original que tenía por límite
el 9 de diciembre próximo pasado.
Indudablemente, la atención de la
mayoría de los medios, de los analistas y del público guiado por ellos, estará
enfocada a las disposiciones que puedan afectar o favorecer los intereses de
los grandes consorcios capitalistas que han levantado poderosos emporios al
monopolizar los mercados de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Multitud
de medianos y pequeños inversionistas exigen un lugar en el reparto, a nombre
de la libre competencia y, por qué no, de la democratización de los medios.
Esa atención concentrada en el destino
del sector económicamente más productivo de las más importantes herramientas de
la comunicación moderna pudiera derivar, por el contrario, en una flojedad o
peor aún, en una interesada parcialidad legislativa que en la reglamentación sofoque
al apenas recién reconocido sector de uso social de la comunicación, que
incluye a los medios comunitarios e indígenas.
Para nadie es un secreto la irreductible
oposición que el oligopolio radiofónico mantuvo a través de su Cámara contra
cualquier rendija legislativa o política que abriera una posibilidad de que se
colaran los medios sociales; a mayor empuje de éstos correspondió una campaña
más enconosa de aquéllos y la persecución obsecuente del Estado. Los capitalistas
privados, que exigen limitar los privilegios de los grandes monopolistas del
ramo, siguen viendo en los medios sociales a competidores que son una amenaza para sus negocios. Y mantienen aún una activa representación
en el Congreso.
De ahí la necesidad de que quienes
comprendan la relevancia del arribo cada vez mayor al uso de la radiodifusión y
las telecomunicaciones por las más amplias capas de la sociedad y en particular
por quienes crónicamente han sido privados de la posibilidad de hacer oír sus
carencias, sus reclamos, su visión de
una sociedad diferente, se mantengan atentos a este capítulo de la lucha por
una auténtica democratización de los medios.
Escribió Aleida Calleja en “Con permiso”,
su historia de las radios comunitarias de México, sobre la prejuiciosa
tendencia a minimizar las radios comunitarias con las características de “las
tres P”: pocas, pobres y pequeñas, a
las que ahora agregamos una cuarta: penalizadas,
pues hasta la primera edición de Con permiso (2005) no utilizaba el Estado
contra ellas la criminalización a través de la aplicación de la Ley de Bienes
Nacionales; de acuerdo a la Ley de Radiodifusión consideraba una infracción y
no un delito el uso del espectro sin permiso.
La iniciativa democrática de Ley Secundaria
presentada por AMEDI y adicionada por AMARC México, justamente se enfoca a echar
abajo esos prejuicios que de mantenerse en la legislación secundaria harían de
las concesiones de uso social una caricatura e invalidarían en los hechos las
libertades de expresión, información y comunicación de las grandes mayorías de
este país.
Las radios comunitarias e indígenas son pocas porque se les han exigido
requisitos técnicos y financieros inaccesibles, además de la absoluta discrecionalidad
de las autoridades en el otorgamiento de las concesiones. La nueva ley debe
establecer un régimen simplificado y
condiciones accesibles, dando preferencia a la calidad del carácter social de
los proyectos; atendiendo al papel que estos medios representan para el
desarrollo material y cultural de las comunidades, para la construcción de
ciudadanía y para la vida democrática del país, deben protegerse y más aún,
fomentarse, disponiendo para estos medios una reserva del 30 por ciento del
espacio radioeléctrico. La ley secundaria debe además saldar la deuda histórica
con los pueblos originarios, creando las condiciones para hacer valer los preceptos
contenidos en el Art. 2 Constitucional.
Las radios comunitarias e indígenas son pobres porque el Estado, cuando no
las ha podido desaparecer, ha procurado dejarlas morir por inanición, pues no
solo se trata de operarlas en calidad de voluntariado, sino de mantener equipo,
instalaciones y servicios y cumplir con los requisitos del permiso, costos que
muchas veces acaban por ahogar las mejores voluntades. La ley secundaria debe
contemplar el financiamiento con fondos públicos, que son generados por el
propio pueblo trabajador y por lo tanto deben aplicarse con pleno respeto a la
línea editorial y a la autonomía de los colectivos, así como permitir la venta
de publicidad y otras fuentes legales de financiamiento sin que ello signifique
búsqueda de lucro, para garantizar la operación, funcionamiento y mantenimiento
de las radios, su capacitación y equipamiento adecuado.
Las radios comunitarias e indígenas han
sido condenadas a ser pequeñas, en
la mayoría de los casos no por elección de sus colectivos, sino por la
arbitraria y discriminatoria decisión delas autoridades. Radio Tierra y
Libertad solicitó el permiso legal con justificación del perito para una radio
de 500 watts de potencia. Sin embargo, la Cofetel nos autorizó 20, lo mismo que
a las radios hermanas de Zaachila. Oax., Otumba. y Relax de Cd. Neza. Por
ningún motivo la ley secundaria debe
admitir ese trato hacia las concesiones sociales, subsanando los fallos
cometidos y evitando asignaciones arbitrarias de bajas potencias en contra de
lo dispuesto por los estándares internacionales aceptados por el Gobierno
mexicano.
Las radios comunitarias e indígenas han
sido penalizadas porque fueron
empujadas a trabajar fuera de los marcos legales por omisión del propio
legislador, lo que no obstó para que la persecución llegara hasta la
penalización, con la aplicación de la Ley de Bienes Nacionales, lo cual,
denuncia Amarc, constituye un castigo desproporcional y equivale a criminalizar
la libertad de expresión, por lo cual demanda la eliminación de la pena de
cárcel y se considere solo como infracción la operación de estaciones de
radiodifusión o telecomunicaciones sin concesión.
La reglamentación de las concesiones sociales
será el mejor termómetro para medir la voluntad de avanzar o no, en la democratización
de los medios. Las razones para el optimismo a este respecto no descansan en ningún
cuerpo legislativo, sino en el despertar del interés y la conciencia de los miembros de las
comunidades indígenas, rurales y urbanas por escuchar a sus semejantes y por
hacer oír su palabra.
Casos que demuestran que en México la
libertad de expresión solo puede sobrevivir bajo un acecho constante.
